Ya van 311 defensores de derechos humanos asesinados en Colombia desde el 1 enero de 2016 hasta el 30 de junio de este año, y Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la ola de violencia que azota a esta población.

La lista la encabeza el departamento del Cauca con 78 homicidios, seguido del antioqueño que suma 43 líderes asesinados, mientras en el Norte de Santander son 21, en Nariño 18 y en Valle del Cauca y Chocó son 16 defensores asesinados, por departamento. 

Para algunos analistas y expertos en temas de política, seguridad y conflicto, la autoría de estos asesinatos aún no es precisa, y mientras se debate entre si los asesinatos son o no selectivos, el común denominador que los atraviesa son el narcotráfico, la minería ilegal y la reclamación de tierras. 

Para el defensor de Pueblo, Carlos Alfonso Negret, hay que dejar que la Fiscalía determine qué es lo que está pasando a nivel nacional con los líderes sociales para esclarecer quién y por qué los están matando.

“Yo no sé si hay sistematicidad, eso lo debe determinar la Fiscalía, pero sí hay un patrón que se deriva del conflicto social. Tenemos en terreno a más de 200 personas verificando la situación de derechos humanos del pueblo, y de acuerdo con nuestro Sistema de Alertas Tempranas esto está pasando porque se convierten en una molestia para los intereses del narcotráfico, por evitar que haya minería ilegal y  defender la reclamación de tierras”, afirma Negret.

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Según la Fiscalía General de la Nación, en los territorios y corredores del narcotráfico la situación es dramática y preocupante. En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el homicidio creció 164% en lo que va corrido del año,  y en todo el departamento creció 47%. 

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que la nueva dinámica delictiva en los territorios, luego del abandono de las armas por parte de la antigua guerrilla de las Farc, está marcada por el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones delincuenciales, que son verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico. “Esto ha generado nuevos conflictos en las zonas donde hacen presencia estas bandas, las cuales luchan por su posicionamiento a través del control de los cultivos ilícitos, además de buscar mantener el dominio de los corredores del narcotráfico”.

El doctor en Ciencias Políticas y experto en temas de narcotráfico, criminalidad y conflicto armado, Gustavo Duncan, coincide con el fiscal en que el territorio abandonado por las Farc no fue intervenido por el Gobierno oportunamente, y afirma que seguirá teniendo muchos problemas para recuperar su control.

“A los líderes los están matando porque son incómodos para los grupos que se instalaron en estas zonas. Lo que va a marcar la diferencia para solucionar esto es que la fuerza pública llegue a los territorios y brinde la protección necesaria”, dice Duncan.

Por su parte, León Valencia Agudelo, director de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que sí existe una sistematicidad en los homicidios  por la labor de liderazgo y protección que realizan las víctimas en sus comunidades, que ahora se están viendo atacadas, en mayor medida, por organizaciones sicariales que solo son los autores materiales de los asesinatos, mientras la autoría intelectual de estas muertes no es investigada a fondo.

“Es cierto que hay asesinatos cometidos por el Eln (Ejército de Liberación Nacional)  y el Clan del Golfo, pero estos son minoría; la mayoría son de origen desconocido, en los que están detrás personas con unos fuertes intereses económicos y empresariales como los propietarios de tierras, además de personas con gran poder político en las regiones  que les interesa matar a esos líderes, y que no están siendo investigados por la Fiscalía”, asegura Valencia.

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Para el investigador, la impunidad sigue siendo el principal problema de las muertes en Colombia y se necesita una labor de decisión y medidas especiales para develar la verdad de estos crímenes que tienen complicidad con el Estado, la fuerza pública e intereses políticos. 

La Gobernación de Antioquia también le pidió a la Fiscalía celeridad en las investigaciones sobre los homicidios y amenazas de líderes a través de su secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, quien indicó que se está trabajando con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para prevenir nuevos atentados.

En cuanto a las investigaciones, la Fiscalía asegura que le está cumpliendo al país, y que de los líderes sociales asesinados entre 2016 y 2018, (178 según datos de Naciones Unidas), se ha establecido la autoría de 50% de los casos, han sido capturadas 184 personas imputadas de esos crímenes, y se han vinculado 211 personas a las investigaciones. 

La entidad, además, asegura que los perpetradores de estos crímenes son, en su mayoría, miembros del Clan del Golfo y de grupos de delincuencia organizada.

El director de Paz y Reconciliación agrega que frente al miedo que ha surgido sobre el renacimiento de estructuras paramilitares, AUC como se conocieron antiguamente, no se puede asegurar algo concreto.

“Hay unos rasgos del paramilitarismo que nunca se han ido y que están presentes en organizaciones criminales que tienen alianzas con sectores políticos y empresariales, pero el paramilitarismo como lo conocimos, de organizaciones estructuradas nacionalmente y que descaradamente reconocían sus crímenes ya no existe, eso mutó a las nuevas organizaciones que cumplen tareas de ese tipo”, asegura Valencia, y agrega: “el Estado no está brindando protección y no está buscando a los verdaderos responsables, vale más identificar un autor intelectual que coger 100 sicarios. Esto no son casos aislados, si en este momento hay un  gran número de asesinatos con estas características es porque alguien tiene interés en matarlos”.