Después de que el predio entró en extinción de dominio, los más de 130 inversionistas temen perder su dinero.
A corto plazo no hay respuesta para los más de 130 inversionistas del complejo Meritage, un condominio de lujo que comenzó construcción en 2014 en el Alto de Las Palmas, pero que desde hace más de diez meses está paralizado porque la Fiscalía encontró irregularidades en el predio.
El terreno está siendo investigado porque la Fiscalía halló pruebas que indican que en la cadena de tradición del predio hubo dineros que sirvieron para su adquisición, que provenían de actividades ilícitas. Además, este organismo de control señaló que en los documentos de tradición de ese predio figuran allegados y miembros de "la oficina".
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Ante la solitud hecha por la Fiscalía el pasado mes de abril para extinguir el derecho de dominio sobre el predio de Meritage -un terreno de 56 hectáreas con uso residencial, comercial y hotelero-, los inversionistas quedaron en el limbo, ya que entre la constructora, la fiduciaria y el Estado se “chutan” la responsabilidad para darle respuesta a quienes invirtieron su patrimonio en el proyecto.
En la obra inconclusa hay más de $64.000 millones invertidos entre los compradores y el promotor del proyecto, que es la agencia inmobiliaria Royal Property Group. Los 130 comprados invirtieron entre $165 y $800 millones cada uno por las propiedades que comenzarían a ser entregadas en marzo de este año.
Víctor Pérez, abogado que representa a cerca de doce inversionistas, aseguró que el panorama es angustiante, ya que el fiscal encargado determinó que los inversionistas “no ostentan la calidad de afectados dentro de trámite extintivo”. Es decir, no están incluidos en el proceso y no han sido llamados a contar su versión de los hechos.
Aunque la extinción de dominio del predio todavía no está en firme, avanza el trámite en la Fiscalía y en los juzgados.
“Si al final se extingue el derecho al dominio habría que recurrir a acciones jurídicas contra la fiduciaria, contra el desarrollador del proyecto y contra el Estado, porque el Estado dio certificaciones que señalaban que esos bienes no tenían problemas jurídicos y que la cadena de titulación no tenía problemas con la justicia, entonces la gente compró confiada en esa información”, apuntó el abogado.
Asimismo, Pérez señaló que “las personas invirtieron un patrimonio muy alto que está en limbo porque cada quien se 'chuta la pelota'. La fiduciaria dice que ya entregó la plata y que está invertida en cemento, la constructora también dice que invirtió todo y que no tiene con qué responder y el Estado no reconoce a los inversionistas como parte del proceso”.
El valor de los apartasuits, casas y los locales comerciales que ofrecía el proyecto inmobiliario varíaban entre $500 y 2.500 millones.
Además, estaba respaldado por la fiduciara Corficolombiana y contaba con estudios de títulos y tradición con la firma de abogados Otero y Palacio.
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El proyecto también contaba con una doble certificación expedida por la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, expedidas en 2007 y 2013, en las que constaban que tanto las personas naturales como las jurídicas que aparecían en la cadena de tradición del inmueble no tenían investigaciones pendiente o en curso.
Mientas tanto los inversionistas, entre los cuales hay varios extranjeros, piden ser reconocidos como compradores de buena fe y exentos de culpa y que les respondan por el dinero invertido en el proyecto inmobiliario.