Altos dignatarios del gobierno Santos han entrado a la campaña presidencial sin dejar sus cargos. Esto crea perversos desequilibrios electorales.
A un año, un mes y 15 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el país ha entrado en el movedizo campo de la campaña para elegir nuevo gobierno, ratificando o virando el modelo realizado por el doctor Santos.
El molesto adelanto del reloj electoral se hace indiscutiblemente problemático por las inocultables aspiraciones de funcionarios próximos al doctor Santos por saltar a la lisa electoral. El primero que mostró sus cartas, y por mandato legal tuvo que renunciar a su dignidad, fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Se anuncia que a él podrían unirse los ministros de Interior, Juan F. Cristo, y Trabajo, Clara López Obregón, lo mismo que el embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Según las disposiciones legales, estos funcionarios tienen plazo hasta el 25 de mayo para renunciar a sus cargos.
La presencia de candidatos fungiendo como funcionarios puede ser legal. Tal condición, sin embargo, contraría los principios de ética política y se convierte en obstáculo evidente para el fortalecimiento de la democracia y las capacidades ciudadanas.
Siguiendo el ejemplo del doctor Vargas Lleras con sus mediáticas visitas de balances y entregas de obras, los ministros de Interior y Trabajo aceitan sus aspiraciones usando recursos públicos para giras, como las del doctor Cristo el pasado fin de semana, en las que hacen promoción personal valiéndose de proyectos y recursos del Estado. De talante parecido son las campañas publicitarias que enfatizan en la persona, y no en los programas, ejecutadas por la doctora López Obregón en un momento clave de las decisiones de su partido.
Sumándose a un juego que no les es propio, grandes medios de comunicación han preferido sumarse al juego de mover fichas de candidatos a salir o entrar al alto gobierno, actuación con la que pretenden acertar, o sea que aquellos que nombran sí sean designados. Tal ocupación los aleja de sus responsabilidades como guardianes del bien público.
Mientras los funcionarios analizan sus movidas, en procura de obtener el máximo provecho de recursos y exposición pública, aspirantes independientes al Gobierno se enfrentan a la poca democrática situación de construir campañas obligadas a defenderse del abuso de la maquinaria del Estado por parte de los privilegiados que las detentan.