Es notorio el desconocimiento, y desinterés, de la opinión pública sobre las enormes implicaciones en términos de soberanía nacional, y también económicos, del equívoco proceso por el cual la pactada reversión de redes de celular que Claro y Movistar operaron como concesionarias mutó a cesión de esos bienes públicos, decidida por un tribunal de arbitramento. Por cuenta de la falta de explicación del Gobierno Nacional y los medios de comunicación, se trata como “multa” lo que es una compensación. Y se admite que el Ministerio de Hacienda asuma como del erario recursos que tienen destinación específica.

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La serie de decisiones legislativas, judiciales y administrativas adoptadas durante casi una década crearon un estado de cosas que permiten que un bien común, asociado a un recurso limitado y esencial a la soberanía nacional, como el espectro electromagnético, sea entregado a particulares; tal situación no ha sido estudiada debidamente ni regulada por el Legislativo. En virtud de la situación, Claro y Movistar asumieron la “propiedad” de redes que les habían sido concesionadas y por las cuales los usuarios ya habían pagado.

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Existiendo los hechos de enajenación, definida por el tribunal de arbitramento, y compensación, efectiva con el pago de $4,7 billones, también se crea la obligación de cumplir con el mandato de la Ley 1341 de 2009, que en su título IV crea el Fondo de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. A este le fija las obligaciones de ampliar el acceso a tecnología celular, en todos sus aspectos, y a aplicativos para aprovecharla, así como la de desarrollar innovaciones en ese terreno.

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Siendo claro, pues, que la Ley regula qué hacer con los recursos de la compensación, no puede el Minhacienda apropiárselos para ¡capitalizar a Movistar! (con dineros por ella pagados) y llevar lo entregado por Claro al presupuesto nacional, a fin de amortizar el pago de deuda del Gobierno Central. Ambas operaciones constituyen un zarpazo contra bienes que pertenecen a los usuarios de tecnología celular, que pagaron las redes, y muy especialmente a ciudadanos y territorios afectados por la brecha digital, o sea aún no alcanzados por los servicios de telecomunicaciones, toda vez que el Estado ya pagó ese dinero que hoy llega al erario.