El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó este viernes ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2018 ‘Ajuste exitoso, repunte en marcha’, el último que ejecutará el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, por $235,6 billones, el cual crece un 1,0% respecto al presupuesto vigente para 2017.
Según el Jefe de la cartera de Hacienda, este presupuesto cumple la meta de reducir el déficit fiscal de 3,6% en 2017 a 3,1% en 2018, de acuerdo al Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) -carta de navegación en el manejo de las finanzas públicas-.
“Este presupuesto para 2018 presenta una disminución en términos reales, teniendo en cuenta que, este incremento del 1% respecto al Presupuesto vigente para 2017, es inferior a la inflación esperada para final de dicho año de 3,5%. Es decir, hay una reducción en términos reales”, dijo el funcionario.
El titular de la cartera de Hacienda, explicó que para Colombia es indispensable cumplir con las metas fiscales y consolidar su calificación crediticia BBB, por lo que se continuará con la política de austeridad tanto en gastos de funcionamiento como de inversión.
“Este PGN presenta una reducción de gastos clara. Sin deuda como porcentaje del PIB nominal, pasa de representar el 19,8% en 2017 al 18,8% en 2018, una reducción de un punto del PIB. El presupuesto de inversión con recursos de la Nación, que es el relevante para las cuentas fiscales, cae cerca de $5,5 billones. Esta es una cifra acorde con la capacidad financiera y de ejecución de la Nación, que resulta de aplicar la Ley de Garantías, sobre todo por los efectos que ésta tendrá en el primer semestre de 2018 sobre la contratación pública”, pidió el Ministro de Hacienda.

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Destacó además: “El gasto público deberá potenciarse con la participación del sector privado en la provisión de bienes y servicios públicos que, como en años anteriores, será el responsable de jalonar la actividad económica del país. El Gobierno acompañará su progreso, con la creación de un ambiente propicio para que pueda desenvolverse exitosamente, como debe ser en una economía de mercado”.
A pesar de las dificultades fiscales, hemos hecho un gran esfuerzo para apoyar la implementación del Acuerdo de paz. En el presupuesto para 2018 incluimos $2,4 billones para atender gastos relacionados con el postconflicto, que se agregan a los $1,8 billones que están en el presupuesto de la actual vigencia.
El Jefe de la cartera de Hacienda manifestó que, del Presupuesto General de la Nación para 2018 de los $235,6 billones, $38,6 billones (16,4%) corresponden a gastos de personal y gastos generales, $108,5 billones (46%) a transferencias de ley, $2,2 billones (0,9%) a operación comercial, $51,9 billones (22,5%) al pago del servicio de la deuda y $34,3 billones (14,6%) a inversión.
De acuerdo al Ministro de Hacienda, el cambio en la estructura de ingresos fiscales del país ha hecho necesario repensar el nivel y la composición del gasto público para que permita cumplir los compromisos pendientes con los colombianos en materia de paz, equidad y educación, que deberán traducirse en mayor productividad, más empleo, menos pobreza y menores desigualdades sociales.
“Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se priorizó en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2018 la asignación de los recursos, de manera que la ejecución del gasto tenga impactos positivos sobre la economía y en los ingresos de los colombianos, en especial de aquellos compatriotas en condiciones de mayor vulnerabilidad”, dijo el funcionario.

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Las partidas presupuestales con mayor incidencia son:
Para inversión en:
- Salud, educación, agua potable y propósito general a través del SGP: $36,7 billones.
- Aseguramiento en salud: $14,1 billones.
- Víctimas, población vulnerable y grupos étnicos: $1,9 billones.

Otras transferencias para:
- Pensiones: $41,1 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la Nación.
- Otras transferencias para educación (Universidades, Fomag): $5,4 billones.
Cuotas a entidades y organismos: $2,1 billones.
Además, el ministro Cárdenas, enfatizó que este proyecto de PGN se ha formulado en el marco de la estrategia de Austeridad Inteligente, cumpliendo a cabalidad con los principios presupuestales y demás normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, con lo que se prioriza la inversión social.
En materia de gastos de personal, si bien no habrá recortes ni despidos, se congelará la nómina, esto quiere decir que no se proveerán las vacantes que hoy existen ni se contratará personal nuevo en las entidades. Para efecto de los concursos únicamente se podrán proveer cargos nombrados anteriormente en provisionalidad. Ningún concurso podrá proveer vacantes que aumenten el costo de nómina. Cumpliremos estrictamente lo dispuesto en la Ley 617 de 2000. Que establece que el rubro total de gastos de personal no puede crecer por encima de la inflación.
El Gobierno cumplirá los acuerdos establecidos con los sindicatos y asociaciones de empleados públicos y de las sentencias de la Corte Constitucional en materia de incrementos salariales. La estimación del costo de personal para 2018 se efectúa con el supuesto de un aumento salarial equivalente al 5,1%, que es el supuesto de la inflación para 2017 más 1% adicional a la inflación.

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“Buscaremos reducir las transferencias, cuando sea legalmente factible. En cualquier caso, cumpliremos a cabalidad con todas aquellas otras que son norma constitucional o mandato legal como las relacionadas con el Sistema General de Participaciones Territoriales, pensiones y recursos para las universidades públicas, entre otras”.
Durante 2018 se mantendrán los criterios establecidos en el artículo 104 (Plan de Austeridad del Gasto) de la actual ley de presupuesto, Ley 1815 de 2016, que tratan sobre las actividades relacionadas con la compra de bienes y servicios, y servicios personales indirectos. No obstante, se garantizará el pago por servicios públicos y otras erogaciones indispensables para la operación de las entidades públicas y la  prestación de los servicios a los usuarios.
Estas decisiones se reforzarán con el cumplimiento estricto de la Ley 996 de 2005, o Ley de Garantías Electorales que desde el próximo 11 de noviembre introduce restricciones especiales sobre la celebración de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos y sobre la celebración de contratos en la modalidad de contratación directa.
“Estamos comprometidos con una política salarial austera y un control estricto de las nóminas de personal, monitoreo sobre el monto y composición de la inversión pública, y una permanente supervisión del gasto público, evitando incurrir en aquellos gastos que no sean indispensables. Seguiremos guiándonos por el principio de hacer más con menos”, señaló el funcionario.

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"Con esto mantendremos la orientación que nos ha guiado a lo largo del actual decenio: Privilegiar el gasto que se traduzca en mayor productividad y competitividad, así como el que más contribuya a satisfacer las necesidades de la población con mayor vulnerabilidad y más urgida de la atención del Estado", agregó.
Finalmente, el ministro Cárdenas indicó que el PGN 2018 busca que Colombia logre las metas del Plan de Gobierno consiguiendo un país más incluyente, más equitativo, más sostenible y alejados de conflictos que puedan comprometer un futuro en paz, al mismo tiempo que destacar el comportamiento de su economía a partir de las políticas adoptadas durante la administración del presidente Juan Manuel Santos.
“Con este presupuesto le estamos diciendo al país y a todas las autoridades económicas internacionales, que Colombia está haciendo un ajuste ordenado de su economía luego del choque generado por la reducción de los precios del petróleo, haciendo la reducción gradual del gasto, permitiendo que la economía muestre registros positivos en 2017, que sean mayores en 2018”, concluyó.