Por ser responsable de detenciones ilegales y no proteger a cinco defensoras de derechos humanos y líderes comunitarias, de quienes una resultó asesinada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a indemnizar a María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, así como a sus grupos familiares, por un monto que alcanza los US$552.000.

El caso tiene que ver con la situación de riesgo y violencia sufrida a partir del 2002 por las líderes, a partir de la operación Orión y el recrudecimiento de las acciones paramilitares en la Comuna 13 de Medellín.

Yarce, Mosquera y Naranjo fueron detenidas en 2002 por haber sido señaladas como colaboradoras de las Farc, sin que se acreditara la causal, y fueron liberadas 9 días después.

La Corte determinó que la detención fue “ilegal y arbitraria y que, en las circunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas”.

A pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, “el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Yarce”, a quien asesinaron en el 2004, agregaron los jueces interamericanos.

“Los Estados deben adoptar medidas de protección para las defensoras y defensores de derechos humanos que sean acordes a sus funciones y que sean objeto de una evaluación de riesgo, así como que puedan ser modificadas según la variación de la intensidad de este. La Corte consideró que Colombia no cumplió con su deber de garantizar el derecho a la vida y prevenir actos de violencia contra la mujer”, afirmó el fallo.

Las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzados a desplazarse de su lugar de residencia para resguardar sus vidas ante el hostigamiento y amenazas de la guerrilla.

Sobre este punto los jueces señalaron que “el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro” de estas personas, por lo que hubo violaciones a los derechos de circulación, de residencia e integridad personal.

El Estado también violó el derecho a la protección de la familia, al de la propiedad privada por pérdida de bienes materiales por el desplazamiento, y al de la libertad de asociación, pues las mujeres no pudieron continuar sus labores de defensoras de derechos humanos, según la sentencia.

La decisión del tribunal fue bien aceptada por el Comité de Derechos Humanos de la Comuna 13, que la calificó como “gratificante”.

En una entrevista radial, el director del comité, James Zuluaga, instó a los gobernantes de entonces, a pedir perdón por los desmanes de Orión: “A Luis Pérez, quien era el alcalde de Medellín; a Álvaro Uribe, el presidente de la República; y al actual mandatario, Juan Manuel Santos, quien era el ministro de Defensa, les pedimos que vengan y pidan disculpas públicas por lo que hicieron. Acabaron con los habitantes y líderes de esta zona”.