Al relleno sanitario La Pradera, ubicado en el municipio de Donmatías, llegan cerca de 3.200 toneladas diarias de basura provenientes de Medellín y otros 21 municipios, que hacen de este lugar el sitio de disposición final de sus desechos sólidos. Sin embargo, de esas 3.200 toneladas, cerca del 40% son reciclables. 
 
Según el Manual para el manejo integral de los residuos en el Valle de Aburrá, los residuos reciclables son “aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima”. Es decir: ese 40% podría ser aprovechado por la industria, pero debido a los malos hábitos y al desconocimiento de la ciudadanía, no se cumple con dicha meta.

Para el doctor en Hidrología y profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Óscar Meza Sánchez, el problema obedece a una suma de responsabilidades: primero, las entidades aún no tienen suficiente claridad para educar a los ciudadanos, y estos “aún no tienen consciencia del impacto ambiental que tiene el acto de reciclar”. 

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Frente a esto, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Medellín (PGIRS) 2016 - 2027, subraya que las problemáticas que enfrenta la ciudad en torno al manejo integral de sus residuos son “el reflejo de la falta de disciplina y de cultura ambiental de sus habitantes”. Esta indisciplina se manifiesta, según el documento, en acciones como no reciclar, la presentación de la basura en horarios y lugares no permitidos, y el abandono de enseres y residuos peligrosos en sitios inadecuados. 

Catalina Hernández, ingeniera ambiental y profesional de gestión operativa de Empresas Varias de Medellín (Emvarias), afirma que el problema obedece a la falta de cultura ciudadana y, a su vez, a la falta de información: “la gente todavía no conoce el impacto tan fuerte que produce al no disponer adecuadamente los residuos”, enfatiza. 

Para disminuir el impacto, Emvarias cuenta con tres Puntos Naranja fijos en Laureles, Floresta y Ciudad del Río, donde la gente puede acercarse con los residuos posconsumo, como las llantas, los bombillos, el aceite de cocina, las pilas y los medicamentos. “Por parte de las autoridades hay interés por solucionar la situación, pero la gente sigue sin articularse, absteniéndose de actuar de manera responsable con sus residuos”, puntualiza Hernández. 

¿Son suficientes las iniciativas gubernamentales? 

A través de la Ley 99 de 1993, el Gobierno Nacional creó el Ministerio de Medio Ambiente y determinó sus funciones. Entre ellas está la regulación, en conjunto con el Ministerio de Educación, de los planes docentes y el pensum que se aborda, en todos los niveles de educación, para el cuidado medioambiental. A su vez, estos dos ministerios se encargan de asesorar a las entidades territoriales en torno a estos procesos educativos. 

En Medellín, este proceso lo lideran las secretarías de Medio Ambiente y Educación, a través del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), una estrategia de enseñanza que busca que los estudiantes de las instituciones reconozcan las situaciones ambientales de su comunidad y actúen sobre ellas. Igualmente, el Área Metropolitana, como entidad ambiental encargada, también debe sensibilizar a la población y procurar el cuidado de los recursos con los que cuenta la ciudad. 

Las autoridades, a través del PGIRS de Medellín, proponen unificar los esfuerzos en materia de educación ambiental, pues la “discontinuidad e informalidad de los procesos educativos” hacen que las malas prácticas ciudadanas se perpetúen.

La Alcaldía pretende hacerlo atendiendo varios frentes: a través de acciones educativas y su difusión en los medios de comunicación, fortaleciendo el PRAE mediante la capacitación de los docentes, y la creación de concursos en las instituciones para incentivar el reciclaje. 

No obstante, para Fabio Vélez Macías, ingeniero sanitario y docente de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, a estos esfuerzos les sigue faltando articulación entre las entidades, pues esto hace que “la educación sea muy somera y que llegue a muy pocas personas”. 

Pero en este proceso de articulación también es importante el papel de la industria que, de acuerdo a la Política Nacional de Producción más Limpia de 1997, se compromete a utilizar estrategias ambientales preventivas durante todo el proceso de producción (desde la creación hasta la disposición final o posconsumo), buscando reducir el impacto ambiental. 

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Frente a esto, el profesor Óscar Meza Sánchez señala que a las empresas les hace falta educar más a los usuarios en torno al qué hacer después de la vida útil de un producto, pues “el cambio no debe darse solo desde el usuario doméstico, sino también desde los productores”. 

En el momento, el cambio se da a paso lento. El director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, reconoce que todavía falta mucho en materia de educación ambiental, pues considera necesario “integrar a todos los actores del territorio que tienen que ver con la educación ambiental formal y no formal”, para formar a los futuros profesionales con una mirada hacia el futuro. 

Así, el trabajo articulado y la paciencia a la hora de romper esquemas culturales son esenciales. Así lo indica Juan David Ramírez Soto, subdirector de Gestión ambiental de Corantioquia: “estos procesos son de largo plazo, pues requieren de la voluntad de los ciudadanos para entender que hacen parte de un ecosistema urbano”.