Ahí están. Todo el mundo los ve. Pero pasa el tiempo y el problema parece no tener solución. Una situación muy compleja, tanto que allí convergen los esfuerzos de quienes creen que hay que luchar sin reparos para tratar de salvar vidas y las argumentadas críticas de quienes consideran que los favores de un programa asistencialista son exagerados.

Son sitios “prohibidos” para el transeúnte normal, el de a pie, por la sensación de inseguridad y el pesado entorno que generan. Y están en el Centro. En pleno Centro de Medellín. Sitios como la Avenida de Greiff junto a la Plaza Minorista; los bajos del viaducto del Metro entre La Playa y la calle 58 (Echeverry); Niquitao, en los bajos del puente que une San Juan con la Avenida Oriental. Lugares ocupados por habitantes de calle, desafortunadamente, en un contexto de drogas, prostitución y mendicidad.

Flagelos que día a día se incrementan, pese al amplio, generoso y permanente programa de recuperación y rehabilitación que adelanta la Administración Municipal con esa población, que hoy se estima entre 4.500 y 6.000, pues no hay un censo real.

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“Desde la discusión del Plan de Desarrollo he manifestado que es exagerado hacer una inversión de más de 120.000 millones de pesos en el cuatrenio para el programa de Política Pública con el habitante de calle. Es casi como un barril sin fondo, porque incluso le he manifestado al secretario de Inclusión Social, Luis Bernardo Vélez, que estoy convencida que al cabo de esta Administración el número de habitantes de calle será el mismo o incluso mayor, porque los resultados no son satisfactorios y además Medellín se ha convertido en una ciudad receptora de habitantes de calle, receptora de otros municipios e incluso de otros departamentos, porque es una ciudad muy cómoda, tiene un clima agradable, los paisas son muy queridos, dan limosnas, y aparte de eso se les ofrece un programa asistencialista”, afirmó en su crítica posición la concejal de Medellín Nataly Vélez.

Reparo que la edil sustenta en el hecho de que “no se puede invertir más dinero en esas acciones que en el acompañamiento y la formación de niños, niñas y adolescentes, pues desde la prevención se evita que esos niños de hoy sean los habitantes de calle del mañana. Además del apoyo que necesitan y merecen otras poblaciones vulnerables, como la Unidad de Discapacidad, que pertenece a la misma Secretaría de Inclusión Social, porque son personas que también quieren salir adelante, estudiar y capacitarse. Es inaudito que el programa de habitante de calle tenga 20 veces más recursos que la Unidad de Discapacidad”.

Y advierte la concejal que “casos como el de la Avenida de Greiff son desafortunados, porque son sitios que casi están en poder de los habitantes de calle. Al ciudadano le da temor pasar por ahí, porque hay dificultades de seguridad, incluso con situaciones en las que el habitante de calle atenta contra las personas”.

Culpa de todos

Ese temor lo comparten los comerciantes y los pocos vecinos que quedan en esos sectores. Incluso, hacen referencia a que allí hay poca presencia de la autoridad y a que los operativos son esporádicos y poco contundentes, por lo que los dueños de las plazas de vicio y los mismos habitantes de calle se sienten dueños de esos lugares. Mucho más si en el plan de renovación urbanística del Centro que hoy adelanta la Administración Municipal no hay obras que permitan advertir la recuperación de esas zonas.

“Hoy el Gobierno municipal viene desarrollando el proyecto de Galería Bolívar, que nació como Paseo Bolívar, y que sólo va desde San Juan hasta la Plaza Botero. Es decir, no se toca la zona más deprimida, con mayor problemática social, con presencia masiva de habitantes de calle, de ventas informales, de ilegalidad. Que es la zona de los bajos del viaducto del Metro hasta la calle 58”, apuntó Jorge Mario Puerta, director ejecutivo de Corpocentro (Corporación Cívica Centro de Medellín).

“Por eso nosotros le seguimos pidiendo a la Administración Municipal que las obras de Galería Bolívar, que buscan recuperar esta importante vía de la ciudad, realmente sí lleguen hasta la Estación Prado, para que empiece a verse un cambio en el sector”, dijo Puerta.

Petición que, según el concejal Jesús Aníbal Echeverri, sí ha escuchado la Administración, pues “ese corredor sí se va a mejorar, porque allí se va a desarrollar un proyecto urbanístico que creo se alcanzará a terminar en esta Administración”.

Muy compleja

Eso sí, ni comerciantes, ni vecinos, ni transeúntes y mucho menos autoridades, desconocen que es una problemática más compleja de lo que todo el mundo se imagina.

Desde los derechos humanos, la Administración no tiene los argumentos legales y jurídicos para llegar a recoger a esas personas y trasladarlas contra su voluntad a otros lugares como fincas productivas o casas de reposo, que es lo que todo el mundo reclama, y por eso el esfuerzo se enfoca en un proceso de resocialización en el que participa un grupo interdisciplinario de médicos, enfermeras, sicólogos y trabajadores sociales, entre otros. Valioso para quienes han logrado salir del fondo aceptando esa ayuda, pero aún lejos de ser la solución para toda la problemática social que inunda esos sectores críticos.

“Es que la responsabilidad no puede ser sólo del Estado. Todos, de alguna manera, somos culpables de esa situación, porque contribuimos con la mendicidad dando limosnas a los habitantes de calle, porque le entregamos el reciclaje a esas mismas personas y no a las organizaciones legalmente constituidas, que le dan un buen manejo. Entonces de esa manera lo que hacemos es patrocinar el consumo de drogas”, precisó Puerta.

A su vez, la concejal Vélez observó que “el Plan de Desarrollo incluye la creación de Granjas Agropecuarias, una oportunidad para que el habitante de calle salga de esa mundo oscuro y se vuelve productivo, pero a nadie pueden llevar allí contra su voluntad. Tiene que ser una decisión personal, autónoma”, y esa es quizás la parte más complicada.

También reconoce que “la Administración tiene un programa muy bonito que es Volver a casa, mediante el cual se busca a las familias de esos habitantes de calle para decirles que la responsabilidad de su familiar no es sólo del Estado, también es de ellos, y conjuntamente buscar la manera de recuperarlo y resocializarlo”.

Sin embargo, el problema está ahí, creciendo ante los ojos de todo el mundo, sin aparente solución.

Inversión en seguridad

Aunque reconociendo los esfuerzos de la Administración Municipal por recuperar el Centro para el transeúnte, con obras que han generado un cambio en distintos sectores, el concejal Jesús Aníbal Echeverri acepta que “hay otros sitios que hoy exigen la intervención en infraestructura, intervención social, y obviamente en el sistema de seguridad”.

Por eso anunció que hay dos disposiciones muy importantes que, antes de terminar este año, van a impactar de gran manera el Centro de Medellín.

La primera, “un plan de cámaras. El Concejo Municipal aprobó alrededor de 88.000 millones de pesos para la instalación de 1.200 cámaras nuevas en toda la ciudad, en sitios estratégicos, 300 de ellas en el Centro. Cámaras de alta tecnología, cada una a un costo entre 30 y 35 millones de pesos”.

Y la segunda, la entrada en operación de un grupo de agentes habilitados para el manejo de espacio público. “En acuerdo con la Policía y la Secretaría de Gobierno Municipal, se va a capacitar a 200 policías, quienes apoyados en el nuevo Código de Policía, van a tener la responsabilidad de la vigilancia y el control de esos lugares”, pues es una expuesta labor que hoy viene realizando personal de Espacio Público, que en la calle muchas veces no es reconocida como autoridad.