Si la protección y el respeto de los Derechos Humanos son una clara muestra del progreso sostenible de un pueblo o una comunidad, “porque en ausencia de la dignidad humana no se puede impulsar el desarrollo”, como dice Human Rights en el mensaje de conmemoración de los 70 años de progreso de la Declaración Universal de esos Derechos, Medellín pierde el año.

Lo dicen unas preocupantes cifras que revelan la realidad que hoy vive la capital antioqueña en cuanto a las más graves afectaciones de los Derechos Humanos: aumento del número de homicidios, hasta el 3 de diciembre se presentaron 39 casos más que en el mismo periodo de 2017, aunque la cifra real hoy es de 577 muertes violentas; 33,02% aumentaron también los casos de violencia intrafamiliar con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA); 15% se incrementó hasta hoy la cifra de desapariciones, también aumentó a 3.555 el número de personas víctima de desplazamiento forzado intraurbano, mientras que los episodios con lesiones personales se incrementaron en 8,3%. Y a eso hay que agregarle que claramente también aumentaron todas las modalidades de hurto.

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Homicidios

“Preocupa a esta agencia del Ministerio Público que la gran mayoría de los homicidios, aproximadamente un 60% del total de los casos, ocurran por enfrentamientos entre grupos delincuenciales organizados que disputan entre ellos el control de las rentas ilegales en las diferentes comunas de la ciudad”, sostuvo el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, al hacer la radiografía con que la ciudad termina el año en materia de Derechos Humanos.

“Este año las cifras muestran que vamos a terminar con una tasa muy cercana a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, tres años consecutivos con incremento de estos casos en Medellín, lo que muestra que ahí la ciudad va perdiendo definitivamente en la principal afectación a los Derechos Humanos, que es la vida. Y por eso digo una vez más que la política de seguridad de la actual Administración Municipal en cabeza de Federico Gutiérrez es un total fracaso”, señaló Luis Fernando Suárez, ex vicealcalde de seguridad de Medellín.

NNA

Otra creciente deuda es con los NNA. En 2018 se registraron 882 casos más que en 2017 de violencia intrafamiliar contra este grupo poblacional, lo que demuestra que no se ha logrado construir comunidades protectoras de la Niñez.

Y, como ya se ha probado, los principales agresores siguen siendo los padres o cuidadores, cónyuge o ex cónyuge de los padres o cuidadores, hermanos mayores. Hechos que principalmente se generan por factores económicos, agresores de familias violentas, ausencias de valores, consumo de alcohol y drogas.

“Se requiere total atención para este grupo poblacional, para evitar que sigan siendo los infantes, las principales víctimas de explotación sexual y comercial, trabajo infantil y violencia intrafamiliar. Los NNA y su bienestar, deben contar con todo nuestro apoyo en los diferentes escenarios”, aseveró Durán Uribe.

Desplazamiento intraurbano

Otro factor de gran inquietud es el aumento del desplazamiento forzado intraurbano, la mayoría de las veces como consecuencia de la conflictividad que hay en las distintas comunas, confrontaciones armadas entre las estructuras criminales, lo que según Suárez “evidencia que no hay control territorial de la Alcaldía de Medellín ni de las fuerzas de Policía”.

Y apunta que la Alcaldía da unas explicaciones que a su juicio “son insuficientes,  situación que se ve agravada porque no hay una Unidad Municipal de Atención a Víctimas fortalecida. La actual Administración la desmanteló y cambiaron la modalidad de intervención y casos tan graves como el que nos tocó a nosotros en 2013 con el desplazamiento masivo que hubo en la parte alta de La Loma, en Cristóbal, no se repetían hasta esta Administración”.

Lamentó el ex vicealcalde que “esos desplazamientos forzados son permanentes, lo que conlleva a que las personas afectadas pierdan sus viviendas, se desarraiguen, y obviamente se ven afectados en sus Derechos Humanos. Pero también, dijo, “queda la pregunta de cómo se afectan los niños que tenían educación pública” en su barrio o en su sector.

Violencia intrafamiliar

En cuanto al panorama de violencia de género, el informe dice que el 74% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, un porcentaje que representa a 5.857 mujeres violentadas de los 7.988 casos reportados, y eso, sin duda alguna, “se presenta como un reto para toda la ciudadanía y nos obliga a nosotros  como entidad defensora de los Derechos de las Mujeres, a solicitar más efectividad en las acciones emprendidas para prevenir este flagelo y a generar mayor responsabilidad y tolerancia en todos los medellinenses con respecto a este tipo de violencia, convirtiéndonos todos en entornos protectores y brindando escenarios de seguridad para las mujeres que habitan en nuestro municipio”, dijo el personero en el informe que entregó en el marco de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

Y en opinión del personero, muchos de los males que hoy afectan nuestra sociedad son producto de la “descomposición familiar, situaciones que hacen que muchas personas prefieran irse de su casa, porque no son entornos protectores, porque son lugares donde se está generando violencia contra NNA, contra la mujer y también contra el adulto mayor”, por lo que insistió en que “hay que recuperar principios y valores de la familia”.

Habitantes de calle

Alarmante también es el tema que tiene que ver con la presencia masiva de habitantes de calle en la ciudad. Para empezar, es una cifra que hoy no está confirmada, pues el último y único censo de esta población se realizó en 2009 entre la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Bienestar Social, que arrojó un resultado de 3.381 habitantes de calle en Medellín. Hoy se calcula que esa cifra es mucho mayor.

“Esta Administración interrumpió y acabó el proceso de recuperación y de intervención que se hacía a través del Hospital Mental de Antioquia, en un proyecto bastante exitoso. Los sacó a la calle y obviamente hoy estas personas que son habitantes de la ciudad, la mayoría de ellos consumidores de sustancias psicoactivas, también se ven afectadas por una política errática de seguridad”, aseguró el ex vicealcalde de seguridad.

Pero, además, se quejó también de que “aumenta el hurto a personas y en todas sus modalidades, de vehículos, de motocicletas, a establecimientos comerciales. Y dicen que bajan las denuncias por extorsión, pero todos sabemos que ahí hay un gran subregistro, porque muchos casos realmente no se denuncian por miedo o desconfianza en la institucionalidad”.

El 2019 será un reto

En 2019, la Administración de Federico Gutiérrez enfrentará un gran reto: mejorar las cifras negativas de sus tres primeros años en materia de Derechos Humanos. Y para ello, según coincidieron Luis Fernando Suárez y Maira Duque, del colectivo No Copio, tendrá que apostar por más inversión social.

Para Suarez, “el abordaje de seguridad tiene que ser integral. La política de seguridad de la Alcaldía se ha centrado en ser muy punitiva, muy represiva, he dicho inclusive que es puro populismo punitivo, y que las graves y complejas problemáticas de seguridad no se resuelven sólo dándole órdenes a la Policía y a la Fiscalía para que capturen”.

Y en ese sentido señaló que “la Administración Municipal ha reducido el presupuesto en inversión social y eso le está pasando cuenta de cobro al alcalde”, porque si las intervenciones son necesarias, “en ese abordaje integral también es necesario que haya inversión social”.

“Es que el solo incremento del desplazamiento forzado (3.555 personas) es una grande evidencia de que el tema no está funcionando”, anotó.

Más desde una mirada ciudadana, tras lamentar el aumento de todos esos casos de afectaciones a los Derechos Humanos, Maira Duque cree que “la Administración debe apostarle más a la convivencia. Nosotros decimos que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad sino la convivencia, y sentimos que la apuesta de la Alcaldía por la convivencia no es clara ni sostenida”, pues considera que las acciones no deben ser tan efímeras, sino impulsar “procesos que involucren y articulen las mismas organizaciones barriales” para buscar un equilibrio que permita una mejor convivencia.