Como parte de la 10ª Semana por la Memoria, fue presentado este martes el informe La guerra inscrita en el cuerpo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que se narra la cruda realidad de 15.076 mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado del país.

Este informe se hizo en cumplimiento de la Ley 1719 de 2014 (que endurece las penas en cuanto a los delitos en contra de la integridad sexual), que puso en manos del Centro Nacional de Memoria Histórica la responsabilidad de recopilar las cifras en el país de estos delitos, por lo que tras tres años de trabajo se mostraron los resultados.

Con presencia de investigadoras del informe, la Secretaría de la Mujer de Medellín y víctimas de este flagelo, la ciudad conoció de primera mano la complejidad de este informe que recopila las historias propias de mujeres que se atrevieron a contar cómo fueron victimizadas por grupos armados al margen de la ley o la fuerza pública y revictimizadas por un sistema de salud y justicia que aún no reconoce la complejidad de este delito.

Tal fue el caso de Hilda María Osorio, víctima de violencia sexual en Medellín, quien al dar su discurso ante el auditorio de la Casa del Encuentro del Museo de Antioquia, fue contundente en afirmar que “el país tiene una gran deuda con las mujeres”.

“Mi proceso fue en un momento de quebranto muy duro, donde busqué ayuda en muchas partes y nadie me la brindaba. Cuando fui a hacer mi denuncia me sentí revictimizada, tuve tres intentos de suicidio muy bruscos, no entendía cómo seguía con este asco. A mí me secuestraron, me torturaron y me violaron ocho hombres encapuchados, ellos optaron por escupirme y me daban porrazos en la cabeza, me dejaron como muerta. Entonces entré en un silencio que me estaba enloqueciendo”, relató a EL MUNDO Hilda María Osorio.

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Pasado el tiempo y con ayuda de una psicóloga de víctimas, Hilda comenzó un diplomado donde conoció otras mujeres, contó lo que le había sucedido y pudo nutrirse de otras víctimas que, como ella, habían sufrido el flagelo de la violencia sexual. “Entonces ahí fue que vi que yo no fui a la única mujer a la que violaron en el mundo”, subrayó.

Su historia, al igual que la de otras 226, mujeres está incluida en el informe, por lo que fue seleccionada para que hiciera la presentación del mismo y, en un acto simbólico (con otras mujeres), entregara un ejemplar a cada asistente.

Por ello resaltó la importancia de que exista este informe. “Así todo el país va a entender, viendo estos informes, que sí hay violencias, que ahora se está haciendo visible lo que era invisible. Es más fácil decirle a un inspector que se acercaron dos hombres y les dieron 30 balazos a decir que mataron diez mujeres violadas, empaladas, ultrajadas y humilladas. El libro dice todo lo que está pasando, entonces ya no va a quedar más en la impunidad”, recalcó Osorio.

Por su parte, Rocío Martínez Montoya, coordinadora, relatora e investigadora principal de La guerra inscrita en el cuerpo, afirmó que este fue un trabajo articulado del Centro Nacional de Memoria Histórica, con apoyo de OnuMujeres, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y con la colaboración de distintas organizaciones de mujeres.

La finalidad y el impacto fueron explicados por esta investigadora:

227 casos son relatados, pero su inclusión no fue fortuita; por el contrario, consistió en un ejercicio voluntario y consensuado. “Llegamos a poblaciones donde se ha hecho menos trabajo o había una necesidad particular. Con las mujeres que brindaron sus historias hay varias razones: ellas quisieron hacerlo, lo hicieron como una acción política, en construcción de memoria. Son mujeres que han tenido acompañamiento con organizaciones o espacios de atención psicosocial; hicimos la documentación de las mujeres que quisieron hacerlo”, detalló la investigadora.

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En el evento estuvieron presentes mujeres del Urabá, Oriente antioqueño y Medellín. Además de mujeres indígenas de Chigorodó, quienes también padecieron el fantasma de la guerra en sus cuerpos. Sirley Viviana Domicó, del resguardo indígena, se presentó al público en su lengua propia y posteriormente en inglés, pidiendo al Estado programas para las víctimas.

Por su parte, Osorio apoyó esta moción y agregó que en la actualidad no hay proyectos productivos ni salud psicológica estable para las víctimas.

Justicia

El informe recoge las cifras de la mesa de seguimiento al acto 009, en el que aproximadamente 600 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado fueron priorizados por los entes gubernamentales. Se comprobó que en el 90% de los casos hay impunidad, “lo que nos permite ver que si de los casos priorizados es el 90%, entonces de los otros el panorama es mucho peor”, explicó Martínez Montoya.

Impunidad es la palabra que precisamente define el caso de Hilda, pues el suyo no ha tenido justicia y no se han cumplido las garantías de verdad, reparación y no repetición. “Siento todavía todos mis derechos vulnerados, el Estado no se ha interesado en qué me pasa a mí. Para el 2008 el Gobierno me juró que no había repetición y para el 2011 se repite, fue demasiado cruel. Me dejaron marcas no tanto en el cuerpo, sino en el alma”, señaló.