En el proceso electoral en curso, la ciudadanía ha sido llamada a tomar varias decisiones sucesivas, algunas de ellas con riesgo de ser contradictorias: en octubre fue convocada la primera jornada de consultas populares para la selección de candidatos, proceso en el que sólo participó el liberalismo; el domingo fueron elegidos congresistas y los candidatos en dos consultas interpartidistas.  En mayo se escogerán los dos candidatos que disputarán la Presidencia, y en junio, el presidente de la República. Los resultados en los dos primeros momentos plantean reflexiones necesarias sobre las jornadas, el estado de la democracia y los costos de algunas gratuidades.

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Por deformidad legal, los partidos políticos tienen oportunidad de escoger el momento en que convocan consultas populares para la selección de sus candidatos, siempre que una colectividad no convoque dos consultas populares en el mismo año. Por cuenta de esta situación, la selección de candidatos presidenciales para las elecciones de mayo de 2018 se ha realizado en dos jornadas electorales distintas. El modelo favorece las inteferencias de no militantes, o al menos simpatizantes, en consultas populares de otros partidos. Además, propicia, como parece haberlo hecho el candidato Gustavo Petro, y alguna menor medida Iván Duque, que aspirantes emergentes puedan obtener amplia publicidad inmerecida y, por cuenta de la figura de la reposición, generosa financiación estatal. Convertidas en factor de desequilibrio del proceso electoral, más que en mecanismo de democratización interna de los partidos políticos, las consultas populares merecen revaluación.

La composición del Congreso muestra a un país dividido.

En las elecciones de Senado y Cámara creció el voto de opinión llegando a elegir a un grupo importante de congresistas que representan distintos matices del espectro ideológico, entre quienes son notables el expresidente Uribe y su equipo; Antanas Mockus, y la lista de “los decentes”. El crecimiento del voto de opinión ha despertado las ambiciones y prácticas, legítimas unas, corruptas otras, de las maquinarias políticas, que acrecentaron su actividad y presencia, facilitando una retoma de posiciones en su lid por conservar el poder.

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Del mismo modo, estos comicios confirmaron la polarización, que es el legado político más notorio del acuerdo de paz con las Farc, pues la mayoría de votantes acompañaron las opciones de derecha y centro-derecha, principalmente, mientras que grupos importantes de electores acompañaron las opciones de izquierda y centro-izquierda.

Acompañado por grandes fiestas del Gobierno Nacional y sus aliados en el acuerdo de paz, el partido de la Farc llegó por primera vez a una elección de Congreso. Su votación al Senado, de acuerdo con la Registraduría, llegó apenas a 52.532 votos, un guarismo precario si se le compara con los 992.613 votos que alcanzó el M19 en su primera salida a elecciones en la votación por asamblea constituyente, explicable por el apoyo de militantes y simpatizantes, así como por la bienvenida de muchos colombianos a su incorporación a la vida civil, tras pasar por un proceso de negociación de cara al país y la amnistía concedida por el Congreso. La votación  de las Farc ha sido lograda en las grandes capitales, a donde llegaron los desmovilizados y estaban las milicias y sus familias, así como en zonas donde pervive el conflicto, trasmutado en Eln, “disidencias”, bacrim, así como los cultivos ilícitos.

Tal  composición alcanza una suma que no se acerca ni al umbral ni a la cifra repartidora, y aun así ese partido tiene garantizadas 10 curules en el Congreso por esta y la próxima candidatura, sin que sus nominados hayan pasado por la Justicia Especial para La Paz ni recibido amnistía, y a pesar de estar condenados en la justicia ordinaria por crímenes de guerra y graves violaciones al DIH y los derechos humanos. El hecho demuestra la dimensión de la gratuidad de la concesión ofrecida por el Gobierno.