Martinelli ha estado detenido durante más de dos meses en una prisión federal del centro de Miami, aledaña a las cortes federales, tras fallar una petición inicial de sus abogados de trasladarlo a otra en un área más rural, al sur de la ciudad.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli acudirá este miércoles en Miami a la audiencia "final" del juicio de extradición por cuatro delitos relacionados con escuchas ilegales y malversación de fondos durante su gobierno (2009-2014).
Martinelli, de 65 años, comparecerá por cuarta vez ante el juez federal Edwin Torres desde que fue detenido el pasado 12 de junio en el sur de Florida, donde reside desde 2015.
Las audiencias previas se centraron principalmente en determinar si es extraditable el delito de "interceptación ilegal de comunicaciones", que no está incluido en el Tratado de Extradición entre ambos países, que data de 1904, pero que hace parte de la "Convención de Budapest", de crímenes cibernéticos, suscrita en 2004.
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El fiscal Adams Fels señaló que "los delitos sobre vigilancia son extraditables" y criticó que la defensa de Martinelli, encabezada por el abogado Marcos D. Jiménez, carece de "fundamento legal" para probar lo contrario.
Entre tanto, Jiménez mantiene que la solicitud de Panamá es "fundamentalmente defectuosa" porque "busca la extradición del presidente Martinelli por crímenes retroactivos, no extraditables".
Según Jiménez, el tratado de 1904 descartó la retroactividad para extraditar a alguien y la posterior actualización es un tratado suplementario que "no puede ser aplicada retroactivamente".
Ambas partes también difieren sobre una "causa probable" en el cargo de peculado (malversación de fondos), discusión que ha enfatizado, entre otras, si se utilizaron dineros públicos en la compra de dos sistemas de vigilancia (MLM y NSO) que habrían sido usados por una red de escuchas ilegales.
Para la defensa, los cargos son "pura ficción", mientras que la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Gobierno de Panamá, señala que Martinelli fue el "jefe" directo de las escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.
Entre tanto, el expresidente panameño ha tenido que esperar el juicio de extradición en prisión tras la negativa del juez Torres, y también del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de aprobar su libertad bajo fianza aludiendo al riesgo de fuga.
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El juez, que prometió agilizar el juicio, deberá presentar al cabo de este una certificación de entrega al Departamento de Estado de Estados Unidos, que decidirá la extradición basado en dicho documento.
Martinelli llegó en 2015 a Miami tras haber permanecido en paradero desconocido durante varios meses después de salir de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que el Supremo panameño abrió la primera de las causas penales en su contra.
El expresidente tiene planteada desde ese año una solicitud de asilo, aún no respondida, en la que alega que es un perseguido político de quien fue su vicepresidente, Juan Carlos Varela, hoy presidente de Panamá.
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