Con ocasión del Día universal de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre, las víctimas de las Farc han convocado a una gran movilización para reclamar por sus derechos vulnerados y no reconocidos por sus victimarios y el Estado; para exigir que cese la falaz instrumentalización por el Gobierno, que se proclama su garante mientras las desconoce, así como para denunciar la revictimización a que están siendo sometidas.

La convocatoria coincide con la culminación del período de trámite de leyes vía el procedimiento acelerado (Fast track) acordado para implementar el acuerdo con las Farc. Aunque algunos observadores insisten en calificarlo de exitoso, las normas presentadas, su discusión y resultados, les confirman a las víctimas su justificada sospecha de que ellas no estuvieron, ni van a estar, en el centro del proceso de paz con las Farc. Ignorarlas, casi despreciándolas, sin embargo, no ha eximido al presidente de la República, y los opinadores o medios de comunicación que lo secundan, de instrumentalizarlas buscando obtener sus propósitos en materia de participación política e impunidad, convenientes a los intereses de las Farc.

Si bien la Corte Constitucional comunicó el 14 de noviembre su aval, con algunas reformas, al acto legislativo que crea la Jurisdicción especial para la paz y el Congreso votó el 30 de noviembre la conciliación de la ley estatutaria sobre ese sistema, a la fecha no se conocen, y consecuentemente no se pueden examinar y discutir en detalle, los textos aprobados. Igual situación ocurre con el contenido, tramposo según han denunciado quienes lo conocen, del fallido acto legislativo que creaba las circunscripciones electorales especiales. El ocultamiento que impide el debate democrático anuncia la poca relevancia que Gobierno y Congreso dieron y dan a la voz de las víctimas en la discusión y aprobación de esas normas.

A la decisión de la Mesa Directiva del Senado de la República de certificar la inexistencia de la mayoría calificada que aprobara la creación de 16 curules especiales para zonas afectadas por el conflicto, el doctor Santos ha respondido impulsando una persecución mediática, y en redes sociales, a los senadores que negaron o no votaron el inconveniente proyecto, así como con fuertes presiones a las cortes para que burlen el sagrado principio de la separación de poderes e impongan una norma que los conocedores califican como ineficaz para garantizar los derechos de las víctimas a la participación política. Han denunciado quienes conocen el trámite y contenido de la norma, que las modificaciones incorporadas por Roy Barreras sobre la obligación de certificar su calidad de víctimas para quienes aspiren a esas curules no son garantía de que la representación no quede en manos de las Farc, que ya cuentan con las diez curules gratuitas entregadas en la negociación, frente a ninguna ofrecida a las organizaciones de víctimas.

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La otra gran promesa para las víctimas ha sido la creación de un sistema de justicia transicional fundamentado en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que resarcirían a la sociedad afectada por 50 años de criminalidad. Ante el vacío creado por la falta de textos que reposan en manos de la Corte Constitucional y el Congreso y considerando su calidad de instancia que representa el consenso civilizado por la protección de los derechos humanos, y la justicia cuando han sido vulnerados, acogemos las preocupaciones de la Corte Penal Internacional por el alto riesgo de impunidad en los casos de falsos positivos, la falta de sanción a la cadena de mando y el desplazamiento forzado por las Farc, entre otros crímenes de guerra y lesa humanidad, que ocurrirían por la aplicación de la JEP. Con su vigilancia, la CPI se hace depositaria de las últimas esperanzas de las víctimas porque el pacto en curso no sea de impunidad.

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Hemos divulgado la convocatoria a la marcha y hoy acompañamos a las víctimas porque en su movilización se representa la dignidad de una sociedad a la que los victimarios no le imponen el silencio y porque esta es otra importante oportunidad para apoyarlas en su empeño de romper el aislamiento y el miedo que les impusieron sus victimarios y que el Estado, y quienes con él caminan, les están imponiendo cuando las aíslan, les niegan sus derechos o las estigmatizan porque levantan su voz para reclamar la justicia y las garantías que pertenecen a toda la sociedad, pero principalmente a ellas, las primeras afectadas por el conflicto armado.

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