Si bien es cierto que el gobierno de Santos estaba urgido de una cortina de humo para tapar los entresijos del escándalo de Odebrecht, no están del todo equivocados quienes creen que algo se trae entre manos con esa reforma política promovida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y de la que el Presidente nos quiere hacer creer que no es cosa suya y que no comparte la mayoría de las propuestas. A este tahúr marrullero lo conocemos de sobra: si niega dicha reforma es porque está muy interesado en que se apruebe.

Una de las propuestas de Cristo es aumentar el periodo presidencial de cuatro a cinco años, lo que incluiría el periodo de gobernadores y alcaldes, y, por ende, el de Congreso, asambleas y concejos. Eso, en sí mismo, es de absoluta inutilidad. Cuatro años son suficientes para desarrollar una buena gestión, y cinco son demasiados para una administración nefasta. Y aunque se supone que se aplicaría a partir de 2018, no pocos creemos que lo que se pretende es extender el periodo de Santos para tener más tiempo para desarrollar los acuerdos con las Farc, sobre todo tratándose de un gobierno que cuenta con un apoyo pírrico al que le será muy difícil heredar el mando.

Ahora bien, a la clase política le gustaría estar un año más en el poder porque a mayor tiempo mayor usufructo, lo que les significaría a Santos y a las Farc la fidelidad de mucha gente. Los gobiernos comunistas suelen remover las viejas oligarquías e instaurar sus propias castas —su ‘boliburguesía’—, alimentadas con las riquezas del Estado para mantener la cohesión del nuevo régimen. Ahí es donde juegan los Roybarreras, los Benedettis, los Lizcanitos, las Gamarritas y demás.

Otro asunto que en sí mismo es banal, es el de la abolición de la vicepresidencia. No puede negarse que la designatura funcionaba bien y que los ‘vices’ han sido incómodos al presumir que los votos con que son elegidos son tan suyos como del Primer Mandatario, pero volver a lo de antes no soluciona nada ni constituye una transformación sustantiva. Luego, ¿será verdad que lo que le preocupa a este gobierno es que Álvaro Uribe ascienda de nuevo al poder como vicepresidente? A muchos los debe atormentar como una pesadilla; una fórmula con Uribe barrería en primera vuelta.

Pasando a otro tema, el voto obligatorio podría traer beneficios al dificultar la compra de votos por parte de políticos corruptos, pero en este caso la intención es otra. Esto estaría asociado a la propuesta de reducir la edad de votación a 16 años, con lo que las Farc, en un contexto de voto obligatorio, contarían con un enorme potencial electoral dado que se trata de una franja de población fácilmente manipulable por la izquierda debido a su inclinación natural por las utopías. El que un universitario le enrostre sus fechorías a un terrorista como ‘Pacho Chino’, es la excepción, no la regla.

De fondo, se maduran cosas de mayor calado como la creación de la rama del ‘Poder Electoral’, a semejanza de Venezuela, y la instauración del voto electrónico, que facilitaría enormemente el fraude en los comicios.  Y, como si fuera poco, quieren blindar el pacto con las Farc prohibiendo cualquier modificación durante 12 años, una cláusula pétrea que semeja el Frente Nacional, pero firmado esta vez entre dos élites corruptas. En reformas a la política y el sistema electoral se puede camuflar un peligroso caballo de Troya cargado de toda clase de argucias para favorecer electoralmente a las Farc, unas de manera abierta y otras de forma sigilosa.

Bien dice Andrés Pastrana que “el acuerdo de La Habana es un acuerdo corrupto, pactado por un gobierno corrupto, con una guerrilla corrupta. Nada bueno para el país podrá salir de esta combinación funesta, rechazada por el pueblo colombiano”.