Por estos días se ha hecho gran alharaca con los listados de candidatos y de excluidos, algunos por prejuicios ideológicos, de candidatos a integrar la Jurisdicción Especial para la paz. La presentación de los anuncios hace pensar que la designación a cumplirse el martes significará el inicio de actividades de las salas y, consecuentemente, el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, que hasta ahora han sido invisibilizadas o desconocidas por las partes negociadoras. Sin embargo, la integración de las salas, con la designación de sus miembros, no es la respuesta a la exigencia de justicia. Y no lo es porque se van a escoger ¿y acaso nombrar? magistrados sin jurisdicción. Ello, porque si bien rige el acto legislativo que la creó y definió, aún no inicia el trámite parlamentario, que se avizora complicado, del proyecto de ley estatutaria que la reglamenta.

Puede interesarle: La JEP divide al país

La CPI, las ONG defensoras de derechos humanos, la Fiscalía General y el ponente designado, representante Hernán Penagos, de la U, han encontrado severas fallas en el proyecto de ley presentado por el Gobierno, luego de obtener aprobación de la Csivi. Esos errores, y vacíos, se constituyen en nuevas amenazas a los derechos de las víctimas.

Es notorio, y muy serio, que a las víctimas apenas se les permita intervenir, y no constituirse en partes, en procesos que las afectan directamente. Lo es tanto como que, además, se establezca que la pena para juzgados que no contribuyan con la verdad será apenas de veinte años, notoriamente inferior a la que se impone a otros delincuentes. Ello, además, de graves deficiencias en el señalamiento de las normas contra el testaferrato o la sanción a la línea de mando, que en el caso de las Farc es clara responsable de los crímenes perpetrados.

Lo invitamos a leer: La CPI también exige paz con justicia para los crímenes de guerra

Las debilidades también demuestran dificultades para cumplir con el compromiso, esencial a la justicia transicional, de no repetición. La fatal de claridad sobre cómo será la intervención de la Fiscalía para sancionar a los culpables de mentir, participar en disidencias o desertar del acuerdo, siguen minando los derechos de las víctimas a favor de victimarios ventajosos.

Sin que se haya confirmado plenamente, tiene máxima gravedad la legalización de la mentira y el lavado de activos que se anuncia a través de medidas posibles sobre la normalización de los activos de las Farc, que son claramente contrarias a la exigencia a esa organización de que sea la principal directa responsable de la reparación de las víctimas.

De su interés: La renegociación con las Farc

El camino de la JEP comienza a ser el de los demás compromisos del acuerdo final con las Farc, con los que se exigieron máximos sacrificios a las víctimas para ganar la desmovilización de una parte de esa organización.