En este país, ya nada escandaliza. Todo lo peor puede suceder y el señalamiento ruidoso de cualquier semana pasada ya es viejo, porque la hemorragia de la corrupción no se estanca y abre nuevos espacios de actualidad. Acaba de revelar El Tiempo una denuncia contra unos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, que es asqueante. Resulta que según la Fiscalía, los magistrados Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño y el exmagistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez vendían beneficios a la delincuencia y lideraban una ancha red de podredumbre judicial que abarcaba: abogados, jueces, fiscales, miembros del CTI y de Medicina Legal, así como varios funcionarios del Inpec, incluido el director en la cárcel de Guaduas.

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Los sobornos frisan los $3.000 millones y los delitos se mueven entre concierto para delinquir, prevaricato y cohecho. Repartían a cambio del vil metal, casa por cárcel sin cumplir requisitos de ley, calificaciones de homicidios agravados por tentativas, decisiones de groseras revocatorias e investigaciones evaporadas. Sus fechorías se enmarcan entre los años 2010 y 2015 y la impudicia llegaba a que también recibieran como ñapa estadías en balnearios (con licor incluido) y el pago de mujeres para que no se aburrieran mucho. Como eran tan astutos, exigían el dinero vía terceros para sus porquerías, que tuvieron como beneficiarios a las cabezas de nueve bandas del Llano.

Estas “ayuditas” irregulares ostentaban tarifas de parte de los magistrados: las había de $ 60 millones, de $ 70 millones y también de $ 80 millones. Después de estudiar en la Universidad Santo Tomás, en la Libre y en la de Caldas, estos togados han hecho quedar muy mal a sus centros de estudios superiores por su condición de egresados deshonrosos que recibieron su título para ejercer rectamente el Derecho, pero que resultaron bastante torcidos después de viejos. Percibían salario de la rama judicial dizque para reprimir los actos delincuenciales, pero les abrían la puerta de par en par a las personas aviesas merced a vulgares favorecimientos.

Para la entrega de los dineros, las bandas utilizaron muchas veces a un abogado de apellido Velásquez, quien al ser el portavoz de grupos ilegales era el aventado que buscaba a los magistrados para darles la plata. Precisamente, el magistrado Díaz era el más comelón pues se asegura que recibió casi $1.000 millones él solito. Las autoridades hicieron intrusión en las cuentas bancarias y detectaron un enriquecimiento en los tres, que era inexplicable. La embestida y seguimiento, se llamó Operación Caballista y en ella se descubrió que los implicados formaban una verdadera empresa criminal. Se supone que un magistrado es una persona impoluta, porque es un juez de trayectoria y de alta envergadura, pero éstos resultaron más bandidos que todos.

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Los tres indignos magistrados, les hacen mucho mal a la justicia, que de por sí dadas su lentitud y paquidermia, ya es abominada por todos los costados de Colombia. Cualquier acto de corrupción es censurable, pero cuando proviene de servidores de la justicia se nota más villano porque precisamente esas personas están diseñadas para ser fieles de balanza que toman decisiones que protejan y resarzan a las víctimas y que dobleguen desde el Derecho a los victimarios o sujetos activos. Estos magistrados, ya canosos, merecen la cana, para que les salgan más canas pero de la vergüenza pública. Quien los manda a ser un peligro para la sociedad.     

Comentarios:

Edgar
2017-07-14 07:04:28

Da grima saber que existen esta clase de ratas en la rama judicial. Y eso que no se han destapado todas las alcantarillas.

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