La Fiscalía denunció este martes a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff ante el Tribunal Supremo brasileño por un delito de asociación ilícita en un caso relacionado con la trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras.

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, también decidió incluir en la demanda a la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y Rousseff.

La denuncia se desprende de una investigación que indaga si el Partido de los Trabajadores formó una organización criminal para desviar dinero de Petrobras.

También fueron denunciados los exministros Antonio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva y Paulo Bernardo -marido de Hoffmann-, así como al extesorero de la formación petista Joao Vaccari Neto.

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Según el fiscal, todos son sospechosos de "promover, constituir, financiar o integrar, personalmente o por terceras personas, organización criminal", cuya pena en Brasil es de tres a ocho años de prisión más una multa económica.

De acuerdo con la denuncia, entre 2002 y 2016, los acusados "integraron y estructuraron una organización criminal, con actuación durante el periodo en que Lula y Dilma Rousseff sucesivamente fueron titulares de la Presidencia de la República, para cometer una miríada de delitos, en especial contra la administración pública".

Janot sostiene en la denuncia que el PT es "parte de una organización criminal única", que congrega a varios partidos, incluido el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), que lidera el presidente Michel Temer.

El magistrado Luiz Edson Fachin, encargado del caso Petrobras en el Supremo, notificará a los acusados para que presenten una respuesta y llevará el caso a la segunda sala del máximo órgano judicial de Brasil, que decidirá si imputa o no a los políticos.

La denuncia fue remitida al Supremo debido a la condición de foro privilegiado que ostenta la senadora Hoffmann.

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En julio pasado, el expresidente Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por supuestamente haberse beneficiado de la red corrupta que desvió millonarios fondos de la petrolera.

La condena derivó de uno de los seis procesos abiertos con la Justicia que afronta Lula, la mayoría relacionados con el caso Petrobras.

Dilma Rousseff, que ya había sido salpicada por el asunto, fue presidenta de Brasil entre 2011 y 2016, cuando fue destituida por el Congreso por irregularidades en el manejo de los presupuestos.

El escándalo en Petrobras, destapado hace más de tres años, ha enviado a prisión a importantes políticos y empresarios, además de señalar a Lula, Rousseff, al presidente Michel Temer y varios de sus ministros.