Tras la huelga de docentes que paralizó a los colegios públicos durante 37 días, el presidente de Fecode y la ministra de educación expusieron los puntos principales del acuerdo al que llegaron, el cual significa el cese de las movilizaciones en las calles y el regreso a clases para ocho millones de estudiantes.

El pliego de peticiones radicado por Fecode fue resuelto en un acuerdo de 22 puntos que incluye nivelación salarial de los profesores, una bonificación progresiva hasta 2020, reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la creación de preescolares públicos y la mejora del sistema de salud del magisterio.

De acuerdo con Yaneth Giha, ministra de esta cartera, el acuerdo logrado “reconoce la labor de los maestros y el papel indispensable de la educación en el desarrollo del país y, a la vez, es responsable con las finanzas públicas”.

Después de este logro, vendrán reuniones entre los sindicatos y las secretaría de educación de todo el país, para definir el cronograma de regreso a las aulas y cómo se repondrán las semanas en las que no hubo clases.

Gonzalo Hoyos, vicepresidente de Adida, Asociación de Institutores de Antiqouia, considera que los avances más grandes que dejó este cese de actividades del gremio son el compromiso de la puesta en marcha de los preescolares estatales y la invitación a Fecode para hacer parte de la reforma al Sistema General de Participaciones.

“Me parece importante lo del preescolar, así se inicie con una cobertura mínima, pero es muy positivo que comience la implementación de un mandato que existía desde hace 20 años para garantizar los tres grados de preescolar en la educación pública”, aseguró Hoyos.

Asimismo, afirmó que considera que lo más probable es que sigan en curso las vacaciones escolares, que comenzaron el pasado 9 de junio.

“Yo creería que las vacaciones no se van a interrumpir sino que la recuperación debe ser a partir del semestre entrante, porque ya puede haber algunos paseando, entonces no creo que vayan a convocar ya que sería un caos. Yo pienso que entrarían en la segunda quincena de julio, como está programado”, dijo.

Lea: Reposición de tiempo no es clara

Opiniones de la protesta

Laura Muñoz, estudiante de décimo grado de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana señaló que durante más de un mes que duró el paro asistieron al colegio pero “nos recortaban los horarios, nos daban las mismas dos o tres materias toda la semana y nos atrasamos en los temas para prepararnos para las Pruebas Saber”.

Consciente de ese atraso, el Icfes aplazó dos semanas la presentación de las Pruebas Saber 11, programadas inicialmente para el 13 de agosto y que ahora se realizarán el 27 del mismo mes.

No obstante, la joven señaló que entiende las razones de los profesores y que estaría dispuesta a estudiar en temporada de vacaciones. “Los estudiantes debemos atenernos a que como el Gobierno no da las cosas tan fáciles, nos toca recompensar el trabajo perdido porque no nos pueden dejar con vacíos”, dijo.

Por su parte, Candy María Fonseca, docente de la Institución Educativa Pedro Luis Villa de Manrique, aseguró que uno de los grandes logros que deja el paro es que “el pliego de petición de Fecode logró visibilizarse en la agenda pública. Nosotros evidenciamos la desfinanciación de la educación pública porque en las regiones no hay cómo pagar todos los costos de la educación”.

En ese sentido, Carlos Rivas, presidente de Fecode, expuso que “el paro era necesario porque el contenido de este pliego de peticiones que logramos con el Gobierno satisface los intereses de la sociedad colombiana” y añadió que no era cierto que el tema más importante para ellos fuera el aumento de salarios, sino mejorar y buscar recursos para el Sistema General de Participaciones.

También: Gobierno expidió decretos de aumento salarial para docentes

Los compromisos

En primer lugar, Fecode y el Gobierno acordaron realizar una reforma estructural del SGP que permita disponer de más recursos para la educación. Este sistema consiste en recursos que la nación transfiere a los departamentos, distritos y municipios para la financiación de la salud, educación y agua potable.

Según la ministra, “esta será una discusión amplia, sin precedentes, que contará también con la participación del Congreso de la República, alcaldes, gobernadores y otros actores del sistema educativo. Lo más importante es que esta reforma le dejará al país las bases para seguir avanzando en materia de calidad educativa”.

En cuanto a los salarios de los docentes, el compromiso fue continuar con la nivelación salarial de los maestros, con los recursos que surjan de la reforma del Sistema General de Participaciones.

Además, como ya se había mencionado, aprobaron una nueva bonificación para los docentes, que será pagada de forma progresiva hasta 2020. El próximo año los docentes recibirán un pago equivalente al 6% de su asignación básica. En 2019, la bonificación será del 11% y a partir del 2020 aumentará al 15%.

Otro punto es la creación de los tres grados de preescolar, en el que el Gobierno se comprometió a garantizar en 2021 que la cobertura del grado transición se ampliará a 80%. En el 2022 se abrirán los primeros grados de jardín y en 2024 los colegios oficiales del país ofrecerán el grado prejardín.

La jornada única en todo el país quedó en firme, y el Gobierno se comprometió con continuar la implementación del modelo de forma sostenible.

Puede interesarle: En Medellín los estudiantes se unieron al plantón de los maestros

Igualmente, acordaron trabajar en el proyecto Escuela como territorio de paz, que era un punto explícito en el pliego de peticiones de Fecode. “El Gobierno y los maestros de Colombia uniremos esfuerzos para convertir las instituciones educativas en espacios para la formación en derechos humanos y convivencia ciudadana, que nos ayude a consolidar la paz en todo el territorio colombiano”, sostuvo Giha.

Por su parte, Gonzalo Hoyos, vicepresidente de Adida, consideró que hay temas que no se resolvieron como el pago de las primas extralegales, pues un concepto del Consejo de Estado dado a conocer el mes pasado señaló que las primas de 60.000 maestros que el Estado paga desde 1968 “carecen de amparo constitucional y legal”.

“Esas primas las han pagado desde hace 50 años y creemos que el Gobierno no debe desmontarlas porque es un derecho adquirido”, finalizó Hoyos.