En enero de 1981 se publicó en The Washington Post  la historia de Alan Madden, un niño de cinco años que murió a golpes. La madre y un amigo de ella fueron llevados a juicio como los sindicados del execrable crimen del menor que fue encontrado sobre el piso de la sala, con el cabello rubio teñido en sangre y las manos magulladas por tratar de desviar los golpes.

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El texto periodístico no se centra en la narración de la escena del crimen, sino más bien en cuestionar a amigos, vecinos, familiares y autoridades que supieron del maltrato pero no hicieron nada: El tío declaró que nunca le preguntaron, el director de la escuela que acudió a autoridades pertinentes cuando el niño llegó con los ojos morados y cómo de ahí en adelante todos “habían hecho su trabajo”, pero que ninguno logró el fin de proteger la vida de Alan.

Medellín no aún no se repone de la partida de Miguel Ángel, el niño de dos años que murió al parecer por las golpizas —y quién sabe cuántos más vejámenes— de su madre biológica y la pareja de la mujer, cuando escucha en los medios de comunicación declaraciones de allegados al niño denunciando el trato al que venía siendo sometido el pequeño. ¿Por qué guardaron silencio hasta ahora?

Medicina Legal en su informe de Forensis de 2016 afirma: “en Colombia, la familia es el contexto más violento” y a uno le da escalofrío sin necesidad de escudriñar en las cifras de lo que pasa de puertas para dentro. Durante el decenio 2007-2016 esa dependencia conoció más de 122.000 casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes “lo que significa aproximadamente 12 mil casos por año, 840 por mes y 28 por día”.

En el 2016, el 78 por ciento de los casos reportados por violencia intrafamiliar ocurrieron en la misma vivienda y el 38 por ciento de las víctimas fueron niños, niñas o adolescentes. Una tragedia que nos sacude de otra tragedia: la normalización y el silencio cómplice del maltrato.

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Por eso la importancia de repetir y reiterar el llamado hecho por la Primera Dama de Medellín, Margarita María Gómez, “como adultos somos los responsables de generar entornos protectores a esos niños y niñas que merecen crecer y vivir con amor y respeto y no en medio de batallas campales, en las que ellos son las principales víctimas de las agresiones físicas y emocionales”.

Hace falta que nos preguntemos por alternativas de construcción colectiva de líneas de castigo más severas, por la movilización alrededor de los menores de edad y protocolos de reacción oportuna para evitar que el silencio y un sistema aún débil en la protección y garantía de derechos, sólo recuerde el nombre de esos niños cuando hasta sus padres los han olvidado, o cuando la tragedia haya consumado hasta su vida.