Para el Gobernador de Antioquia, desde el pasado 1 de julio comenzó a correr una “cláusula penal de apremio” cuyo valor habría superado ya los $16.000 millones. Este miércoles la Sociedad Hidroeléctrica Ituango presentó formalmente ante EPM la reclamación.
Según el gobernador Luis Pérez, en el séptimo hito de la construcción se generó un primer incumplimiento por parte de EPM.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le puso números concretos en millones de pesos a sus diferencias con Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el gestión de la contingencia en Hidroituango y anunció este miércoles que la entidad adeuda ya a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango un valor estimado en más de 16.000 millones de pesos por el incumplimiento de uno de los hitos de la construcción.
La suma, que obedece a una “cláusula penal de apremio” que según Pérez Gutiérrez fue suscrita por la Sociedad y por EPM, se incrementaría cada día en aproximadamente 180 millones de pesos hasta tanto no se cumpla con el hito constructivo, que en este caso es el llenado de la presa, previsto para el pasado 1 de julio.
A las declaraciones del mandatario le siguió la presentación formal ante EPM, por parte de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, de una reclamación "en la que pretende el cobro de la cláusula penal de apremio por el incumplimiento, presuntamente imputable a EPM, del hito #7 del proyecto hidroeléctrico".
En este escenario, a juicio del gobernador de Antioquia, un segundo incumplimiento está a punto de materializarse y, por ende, generar una nueva cláusula penal, pues el 28 de noviembre el proyecto hidroeléctrico debía empezar a generar energía, algo que evidentemente no va a ocurrir.
Pérez Gutiérrez habló este jueves para explicar los detalles de la reunión de Junta Directiva de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, que tuvo lugar la noche del martes, en la cual –dijo- se estudió la evolución de la empresa: “Seguimos todos confiando en que va a haber un proceso de recuperación a pesar de que el informe que hemos recibido es que va a tomar tiempo”, manifestó.
Sin embargo, el plato fuerte de la reunión fue el análisis de las “obligaciones legales” que EPM tendría en su calidad de contratista constructor, frente a las cuales el gobernador Luis Pérez fue enfático en señalar que la Administración de la Sociedad “tiene que hacerle los requerimientos necesarios para que se cumpla esa obra pública”.
“La Junta primero estudió los ocho errores constructivos que el Gobernador le presentó a la Asamblea Departamental, la Junta los acogió y va a iniciar la búsqueda de otros criterios, bien sea propios o bien sea nuevos contratos técnicos”, expresó Pérez Gutiérrez a la vez que anunció que se estudió “la aplicación del contrato y las pólizas que tiene”.
“Este es un tema complejo. Allí hay una cosa que se llama hitos, el proyecto está definido en diez hitos, hasta ahora los seis primeros hitos se han cumplido”, explicó, pero indicó que el hito siete, que es el llenado del embalse y el terminado de la presa, que debió ocurrir el primero de julio de 2018, “hasta hoy, cuatro meses después, no se ha dado”.
Ahondó el mandatario en que “la póliza que EPM le entregó a Hidroituango y el contrato dicen que por cada día de retraso de un hito se deben pagar 150 salarios mínimos mensuales, o sea que hasta hoy llevamos unos 120 días aproximadamente de retraso, por lo tanto la Junta le pidió al gerente que hiciera lo que se llama una cláusula penal de apremio, que en esta primera etapa vale aproximadamente unos 16.000 millones de pesos y a partir de este día, por cada día, se sigue cobrando 180 millones diarios como cláusula penal de apremio hasta que se cumpla con esa obra”.
En un comunicado expedido la noche del martes por EPM, la entidad dejó claro que “EPM siempre ha manifestado que su voluntad es de total respeto por todos los compromisos adquiridos en el contrato Boomt, incluyendo aquellos tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de la garantía denominada “Título EPM”, que pactó EPM con Hidroituango S.A. E.S.P., la cual se aclara no es una ‘póliza’”.
Además, añade que cualquier monto que se pretenda reclamar con base en dicha garantía “siempre deberá estar de conformidad con lo acordado en el contrato Boomt, especialmente lo referido a la remuneración que corresponde al contratante”.
Según el comunicado, no se ha demostrado “un incumplimiento al contrato Boomt por causa atribuible a EPM”, razón por la cual no se puede medir un impacto financiero, contable y jurídico”.
Sin embargo, en la noche del miércoles, EPM anunció que, efectivamente, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango había presentado formalmente una reclamación con la que busca hacer efectiva la cláusula penal de apremio por el incumplimiento del hito número 7, “el cierre de las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse”, que a juicio de la Sociedad es imputable a la empresa.
“Frente a esta reclamación, EPM iniciará el estudio correspondiente basado en los términos del contrato Boomt”, dijo y reiteró que “su voluntad es de total respeto por todos los compromisos adquiridos en este contrato”.
A lo afirmado por EPM en su comunicado, el gobernador Pérez respondió sarcásticamente señalando que “hay un documento donde el primero de julio debería iniciar el llenado del embalse y estar terminada la presa, yo voy a ver si está lista la presa y si se hizo el llenado técnico del embalse”, a lo que añadió que “no hay razón para decir que no se ha incumplido”.
“La presa no está terminada, el embalse no se ha empezado a llenar técnicamente”, reiteró y relató que al momento del desvío del río Cauca “hubo un incumplimiento de cerca de 40 días”, que significarían cerca de 5.000 millones de pesos en la cláusula penal de apremio, que los administradores en su momento no cobraron, por lo que “seguramente la Contraloría de Antioquia van a empezar a repercutir en ellos porque es una obligación aplicar el contrato y aplicar las pólizas”.
A lo anterior, el mandatario seccional añadió que el 28 de noviembre hay otro hito que se tiene que cumplir y es que ese día se debe empezar a generar energía.
“Si ese hito no se cumple, como parece ser que no se va a cumplir, vienen dos incumplimientos”, por un lado la cláusula penal de apremio de $120 millones diarios los primeros 90 días, $180 millones diarios hasta los 180 días y después de eso alrededor de $200 millones diarios, y la remuneración que debería recibir Hidroituango por la venta de energía.
“Eso también lo estamos calculando para hacer efectiva la póliza el próximo 28 de noviembre”, enfatizó y puntualizó que “leí con detenimiento la póliza que EPM le entregó a Hidroituango y dice que las cláusulas de apremio y los pagos por remuneración, EPM se compromete a hacerlos de inmediato y que renuncia a cualquier reclamación judicial”.
1. Fallas en la construcción de dos túneles de desviación (izquierdo y derecho)
Según el informe de la gobernación, el consorcio chileno Tifs no cumplió con el tiempo de entrega y retrasó gravemente el proyecto en más de 213 días. Esto habría sido la causa de la estrategia de aceleración fracasada.
Añade el informe que sobre este trabajo la interventoría hizo varias observaciones, casi todas enfocadas en que el contratista no ejerce control sobre la programación y ejecución de las actividades y además no dispone de los recursos en equipo, personal y carece de instalaciones industriales suficientes para atender los sitios de trabajo.
“En vista de que el contratista no terminó la obra a tiempo, EPM encargó al contratista de las obras principales la terminación de estos túneles.
2. Construcción túnel de aceleración o galería auxiliar de desviación (GAD)
La decisión de construir un tercer túnel o Túnel de Aceleración fue una decisión autónoma y responsable solo de EPM como contratista de la Hidroeléctrica. La Junta Técnica Asesora advirtió que no se construyera.
Según un informe de la dirección técnica, “la Sociedad Hidroituango no puede aprobar que se cargue al proyecto los costos y gastos que demande la construcción del tercer túnel para el manejo de la descarga de fondo, no solo por los costos como tal, sino por los riesgos técnicos, ambientales y programáticos implícitos que conlleva una nueva desviación del río Cauca”.
3. El tercer túnel se construyó sin licencia ambiental
El tercer Túnel de Aceleración que fracasó se inició en agosto de 2015. La modificación a la licencia ambiental de construcción se solicitó en julio 5 de 2016 y la autorización ambiental se otorgó mediante resolución 1139 del 30 de septiembre de 2016.
4. Error en el revestimiento del tercer túnel de desviación
Las investigaciones que hizo la Universidad Nacional de Colombia bajo el régimen de Calamidad Pública en septiembre de 2018 aseveran que el revestimiento del tercer Túnel de Desviación (GAD) no resiste las velocidades del flujo del Cauca.
5. Error al cerrar los dos primeros túneles
Si los dos túneles se hubiesen cerrado acorde con el cronograma, la crisis no existiría, asegura la Gobernación.
De acuerdo con el Plan de Obras Finales de los asesores, para taponar o cerrar los dos túneles se requerían dos condiciones: Que la altura de la presa hubiese llegado a 390.2 metros y que la descarga Intermedia estuviera lista.
El informe de la Gobernación indica que los dos Túneles se cerraron sin alcanzar el avance en la presa y sin terminar la descarga intermedia.
6. Error al destaponar los dos túneles
EPM declaró que para superar la crisis destaponaría los dos túneles cerrados usando explosivos, pero los Túneles nunca se destaponaron y EPM decidió inundar la casa de máquinas.
La Gobernación se basa en un informe de la Universidad Nacional para señalar que el destaponamiento sí se intentó, al menos en el túnel de desviación izquierdo, pero fracasó porque, entre otras razones, no había personal con experiencia en la voladura de concreto con refuerzo.
7. Impacto negativo de los explosivos en la estabilidad de la montaña
Según el mismo informe de la Universidad Nacional, las voladuras que se intentaron para destaponar el túnel izquierdo fueron de mala calidad, por lo que la energía de las voladuras afectó la montaña. “Cuando se iniciaron las voladuras, aumentaron los derrumbes o movimientos de masa de la montaña. Cuando se pararon las voladuras se fue estabilizando la montaña”.
“A los Ingenieros del Ejército de EEUU no se les mencionó ni se les entregó la variable de uso de explosivos para destaponar los túneles para su análisis”, asegura la Gobernación.
8. Destaponamiento de túnel que inundó a Puerto Valdivia
Las voladuras para abrir el tapón del túnel izquierdo se hicieron entre el 3 y el 11 de mayo. En la tarde del 12 de mayo se destaponó súbitamente el túnel derecho emitiendo un caudal mayor a 6.000 m3/s e inundando a Puerto Valdivia. El informe señala que “No tenía el constructor el control de los tapones de los túneles que fueron seguramente modificados por la gran cantidad de explosivos usados en las voladuras”.
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