Los hijos de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner, acudieron hoy a declarar ante la justicia, acusados de varios delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces.

La primera en llegar a los juzgados federales de Buenos Aires fue Florencia, de 26 años, que estaba citada a las 9.00 hora local (12.00 GMT). Según confirmaron a Efe fuentes judiciales, la joven presentó un escrito ante el juez del caso, Claudio Bonadio, y no respondió a las preguntas del magistrado, tras lo cual abandonó el lugar unos 20 minutos después sin realizar tampoco declaraciones a la prensa.

Máximo, por su parte, que actualmente es diputado por el kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), llegó más tarde, ya que su comparecencia estaba prevista a las 10.00 locales (13.00 GMT).

Numerosos militantes del kirchnerismo, entre ellos la presidenta de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se congregaron en la puerta de la sede judicial para apoyar a los imputados con banderas y consignas.

A principios de febrero, Bonadio citó a declarar, entre otros, a Fernández, a sus hijos y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez -que ya comparecieron hace unos días- por presunto lavado de dinero y cohecho.

Cristina Fernández (2007-2015), que deberá acudir mañana a declarar, está convencida de que ella y su familia son víctimas de una persecución política, mediática y judicial, por lo que el pasado viernes presentó un escrito con el que pretendía eximir de prisión a su hija, después de que, según dijo en Facebook, le hubieran "informado" de que el juez quería ordenar su detención.

Poco después, el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, consideró que no se daban condiciones para la detención de Florencia, al no haber peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa y  posteriormente se supo que el juez concedió la exención de prisión a la joven.

Tampoco se espera que su hermano quede detenido por el momento, dada su condición de parlamentario. La causa surgió en abril de 2016, tras la denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos por falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.

Stolbizer cree que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su primogénito, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de los empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.