A través de sus voceros, o de polemistas que no ocultan simpatías con sus tesis y hasta sus prácticas, las Farc y el Eln han notificado a la comunidad internacional y la sociedad colombiana que suspendieron la liberación de menores de edad víctimas de reclutamiento, la primera, y que ambas insistirán en falacias para excusar crímenes que son violaciones a los derechos de los niños y adolescentes. No obstante ser tan graves, tales declaraciones no han merecido respuesta de Unicef o el Icbf, responsables de los derechos de la infancia, ni glosas por defensores de los derechos humanos y la libertad.

En efecto, para justificar este otro incumplimiento de sus obligaciones en el marco del Acuerdo final de paz, y para eludir responsabilidades con el país, y con la justicia, las Farc y el Eln se han unido, recibiendo apoyo de panegiristas, para excusar, más que ofrecer inaceptables explicaciones, el reclutamiento de menores de edad, por la debilidad de las familias para atender las necesidades de sus miembros y por la ausencia, o incapacidad, del Estado como protector de los asociados, particularmente los más necesitados de amparo.

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¿Quién aceptaría hoy en el mundo el absurdo de que los proxenetas ofrecen a niños y niñas abusados, las oportunidades que sus familias les niegan? Cuando abusan sexualmente, o toleran que algunos lo hagan, de los menores de edad, las Farc y el Eln, han sido proxenetas.

¿Habría quien considerara excusable o justificable que narcotraficantes comprometieran a niños, niñas o adolescentes, a participar de cualquier actividad asociada al narcotráfico o el microtráfico? No se entiende, entonces, que las Farc y el Eln esperen tolerancia, y hasta aplauso, por haber involucrado a niños y adolescentes en la cadena del narcotráfico.

¿Qué autoridad administrativa o judicial se abstendría de actuar contra grupos que involucran menores de edad en delitos como extorsión, secuestro o asesinato? Ninguna se atrevería a desafiar a la sociedad tolerando esas tropelías. La justicia y los defensores de derechos humanos han demostrado cómo las Farc y el Eln han obligado a los menores reclutados a cometer esos crímenes, luego de haberlos indoctrinado y negado acceso a la alfabetización.

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La tolerancia con los crímenes cometidos contra niños seducidos, inducidos u obligados a filar en las organizaciones criminales es un imposible ético y legal, a pesar de las presiones para que se ofrezca como otra concesión del país a las organizaciones que dejarían todas sus armas para entrar a la política.