El 22/10/16 fue asesinado en Medellín Luis Alberto Cartagena, un joven promesa de la ciencia que unos días antes de esa fecha había presentado uno de sus desarrollos más prometedores: un dron que permitía medir la calidad del aire. En su momento, se ofrecieron 10 millones de pesos para quien diera información que permitiera su captura. A unos 264 días del homicidio, no hay capturados por este hecho. El 17/6/17 murió Carolina Murillo Mendoza producto del impacto de una bala cuando estaba en una calle cercana a su residencia en la comuna 8 de Medellín. La menor de 15 años era una niña talento, dedicada a las artes escénicas. Han pasado unos 30 días y aún no se conoce el responsable de disparar el arma que le dio muerte.

El 13/1/17 quedaron registrados en video tres motociclistas que rodean y roban las pertenencias de los ocupantes de un vehículo. En esa oportunidad, como el 23/4/17 cuando la película de los fleteros se repitió pero esta vez en el barrio El Poblado, el alcalde Federico Gutiérrez prometió liderar la búsqueda de los responsables y logró la captura a los indiciados en cuestión de horas, por tardar, semanas.

Me aterra el valor otorgado a la vida respecto al despojo de bienes materiales en Medellín. Cuando roban una cartera en El Poblado, Gutiérrez lidera la persecución y “ordena un mega-operativo”; cuando, por ejemplo, muere una menor por bala perdida, la actual administración "solicita celeridad". Si bien el afán del día a día atropella la labor investigativa de las autoridades, el reclamo de justicia hecho por sus seres queridos no puede quedar en el ostracismo, opacado por una persecución de pillos de baja monta.

Todo parece indicar que, utilizando la indignación como herramienta, han llevado a la opinión pública a mirar el tema de los fleteros como el más grave en materia de seguridad, mientras el costo del homicidio y del crimen es menospreciado. Con esas muertes no sólo se fueron dos vidas, se fueron cientos de sueños y oportunidades.

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Aunque Medellín ya no esté entre las 100 ciudades más violentas del mundo, tiene una tasa de homicidios cercana a los 19,5 por cada 100 mil habitantes, unos 5 puntos menos que el promedio de América Latina y el Caribe. Un estudio publicado por el BID (Jaitman, L. 2017) reseña que el crimen en esta región puede valer unos US$300 por persona, que están cuantificados en los costos de los cambios de comportamiento, la reasignación de recursos públicos, la reducción de inversión privada y el homicidio, en más alta proporción, del grupo poblacional con mayor productividad laboral.

En Medellín, después de haber conocido el peor rostro de la violencia, no se puede retroceder en defensa de la vida. Ningún bolso, celular o popularidad gubernamental, son comparables con el valor de la vida, ¿imaginan cuántos desarrollos más para una mejor calidad de vida podría haber hecho Luis Alberto? o ¿Cuántos escenarios conquistado Carolina?

Si bien está claro que el perder estás vidas, de forma tan dolorosa, es muy costoso para el capital social de Medellín; terminará siendo más costoso para la ciudad en su conjunto el regresar a épocas de oscuridad, de desconfianza en la institucionalidad local por cuenta del poder político otorgado a la mafia a cambio de favores como la entrega de pillos que tranquilicen a la opinión pública, como lo manifestó la Fiscalía en la imputación de cargos contra el exsecretario Gustavo Villegas. De ser cierto la acusación, sería una concesión tan costosa, que podría empeñar el futuro de Medellín.

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