El pasado jueves del corriente mes de junio EPM anunció la terminación del vertedero de Hidroituango, lo que permite poder evacuar sin afectar la presa una creciente hasta de 6.000 M3 por segundo, equivalente a la creciente máxima con periodo de retorno de 500 años. Esto significa que la presa está a salvo de ser sobrepasada y destruida  por futuras  crecientes del río Cauca, el mayor riesgo para las comunidades e infraestructura asentadas aguas abajo del proyecto, lo que sumado a la llegada de la temporada seca en el occidente colombiano va a posibilitar poner en marcha medidas de mitigación para estabilizar los potenciales deslizamientos, que se han detectado en las laderas aledañas a la zona de presa y otros localizados en las vecindades del futuro embalse. Adicionalmente, se espera que cuanto antes se inicie la construcción de un pozo para el vaciado controlado del embalse, requerido para evaluar los daños a la presa, a la casa de máquinas y demás estructuras subterráneas ocurridos durante la emergencia, y que además se requiera para la operación segura de la futura central.
Ahora corresponde asumir los costos económicos e institucionales causados por la tragedia, y sobre todo iniciar una evaluación autocrítica de la ingeniería asociada a la construcción de las grandes obras de ingeniería, afectada por lamentables accidentes y sobrecostos bien conocidos por la opinión pública (colapso de edificios y puentes, diseños inadecuados de algunos grandes proyectos viales, Reficar y ahora Hidroituango). 

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Empecemos por los costos económicos de la tragedia de Hidroituango donde están en riesgo más de 9 billones de pesos invertidos hasta el momento, de un total de 11,5 millones que se tenían presupuestados hasta la terminación de la obra. A esto se suman los impactos al sector eléctrico y a la economía nacional, que se van a ver afectados por la no entrada oportuna de los 2.400 megavatios, que deberían integrarse al sistema interconectado nacional a partir de finales del corriente año.
Volvamos a la historia del megaproyecto. La estructuración del contrato de construcción y operación de Hidroituango se hizo bajo el modelo conocido como Boomt (financiar, construir, operar, mantener, comercializar la energía producida y finalmente restituir el proyecto a sus dueños).  El contrato Boomt fue adjudicado en el año 2010 por la Sociedad Hidroituango, dueña del proyecto, a EPM y esta, a su vez, adjudicó la construcción al Consorcio CCC Ituango. 
Hasta aquí todo parecía anticipar que en ocho años tendríamos lista la más ambiciosa obra de infraestructura jamás antes concebida en el país. Pero desde los mismos  inicios de la construcción de los trabajos diversas situaciones llevaron al proyecto a acusar retrasos cercanos a los 20 meses, lo que significaba la posibilidad que la Comisión de Energía y Gas (Creg) hiciera efectiva la garantía de cumplimiento, que obligaba a EPM a poner en operación comercial en noviembre del presente año las primeras 4 unidades de generación, así como la pérdida de ingresos en contratos de venta de energía en la bolsa de energía, todo lo cual, ascendería, según la Revista Dinero No. 543, a un total de 341,38 millones de dólares, así como otros pagos y pérdidas de ingresos futuros que totalizaban 627 mil millones de pesos, que también tendría que asumir EPM. Por otro lado, algunos analistas consideran que en el contrato Boomt, EPM también asume todos los riesgos asociados al proyecto.
El primer damnificado de todos estos costos y pérdida de ingresos esperados de la operación de Hidroituango será el Municipio de Medellín, que el año pasado recibió transferencias de EPM por un billón de pesos. A esto se agrega la incertidumbre sobre la titularización de las utilidades futuras que tiene comprometidas el Departamento de Antioquia (Vía el IDEA), como socio mayoritario de Hidroituango.
Debido al atraso registrado, EPM diseñó y puso en operación un plan de aceleración del programa de construcción, para recuperar el tiempo perdido y poder así poder lograr empezar a generar energía en este próximo mes de noviembre, como era el compromiso de EPM con la Creg.  En nuestro concepto estos afanes llevaron a subestimar los riesgos, en especial los de origen geológico, y allí empezó la tragedia con el taponamiento de la galería auxiliar de desviación (GAD) por un deslizamiento de la ladera aledaña al portal de entrada, obra que fue construida a último momento para reemplazar los túneles de desviación originales. El taponamiento de la GAD produjo el indeseado embalsamiento de las aguas represadas; al romperse el taponamiento la galería colapsó, a lo cual se agregó el rompimiento del tapón de concreto dispuesto como sello en unos de los túneles de desviación, accidentes ambos que originaron la situación bien conocida por la opinión, que gracias al esfuerzo heroico de ingenieros, técnicos y obreros se ha logrado ya superar, cuando se pudo realzar la presa hasta cinco metros por encima del vertedero, ganándole así la carrera al ascenso de las aguas represadas, que amenazaban con destruir la presa y generar una tragedia de consecuencias impensables.  

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Con el apoyo de los gremios de la ingeniería y de la Asociación de Egresados de la Facultad Nacional de Minas-Ademinas, así como de la comunidad académica,  estamos empeñados en iniciar, cuanto antes, una evaluación autocrítica de la crisis de la ingeniería nacional, con el ánimo no de señalar culpables puntuales ni mucho menos responsabilidades, que para eso están la fiscalía y los organismos de control, sino para tener un diagnóstico de las causas objetivas del relajamiento ético en el ejercicio de nuestra profesión y su posible relación con la modalidad de contratación pública imperante en el país, sí de como de la falta de control y seguimiento institucional que requiere todo el proyecto de infraestructura, desde la fase de diseño hasta la materialización de la obra ingenieril.