Un fenómeno extraño se registró en Medellín en el cuatrienio que terminó. A la vez que aumentaba la percepción de inseguridad, se incrementaba la popularidad del entonces alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga.

En el año 2015, último de Aníbal Gaviria Correa como alcalde de Medellín, se registraron 496 homicidios en la capital antioqueña. Al año siguiente, primero de Gutiérrez Zuluaga como mandatario local, hubo aumento en la cifra: 544, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, Sisc, de Medellín.

Sin embargo, en marzo de 2017 Gutiérrez resultó ser el alcalde más popular del país, según encuesta de Gallup, con el 88% de aprobación a su labor. “Mucha selfie y mucha fotico, pero en temas serios como atacar la violencia no hay planes sociales”, dijo ese mismo mes la exconcejal Luz María Múnera, perteneciente al Polo Democrático. El exalcalde Alonso Salazar Jaramillo señaló que el resultado era obvio si se tiene en cuenta que Gutiérrez Zuluaga nombró “al jefe de las encuestas gerente de Empresas Públicas de Medellín”.

Gutiérrez Zuluaga todo lo comunicaba en redes sociales. Contaba con más de 270.000 seguidores, tanto en Twitter como en Facebook. Tenía su propio programa de televisión y además invertía mucho dinero de la Administración en publicidad. En diciembre de 2018 la FLIP aseguró en un informe titulado: Fico, el alcalde vanidoso, que la Alcaldía gastó $130.000 millones en contratos de publicidad entre 2016 y 2017, lo que fue desmentido por la Administración, señalando que solo fueron 15.000 millones.

En un informe de Verdad Abierta de julio de 2017, que cita al Instituto Popular de Capacitación, IPC, se aseguraba que la política de seguridad de Medellín “es un show mediático”. ¿Había algo más?

El 13 de enero de 2017, Gutiérrez Zuluaga le solicitó al comandante de la Policía Metropolitana de la época, general Óscar Gómez Heredia, que fueran tras tres hombres motorizados que en el Puente de la Madre Laura hurtaron a una mujer que conducía un vehículo blanco, hecho que quedó registrado en un video viralizado en redes.

En menos de 24 horas fueron capturados alias Kevin, alias Chompiritas y se entregó un menor de edad. Se recuperó lo hurtado y se incautaron las tres motos utilizadas en el ilícito. El alcalde, junto al general Gómez Heredia y su secretario de seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, entregaron en medios de comunicación el balance de la “cacería”. Pero los hurtos en la modalidad fleteo no disminuyeron, por el contrario, aumentaron. También, se incrementaron los hurtos a personas, al comercio, residenciales, de motos, carros y celulares. Gutiérrez Zuluaga explicó que los delincuentes estaban tranquilos en algunas zonas de la ciudad, pero ahora que los estaban persiguiendo, se habían “alborotado”. “Yo lo que espero es que estas personas que causan esto, estén donde deben estar y no en las calles”, dijo el entonces alcalde, tratando de justificar lo que ocurría y, de paso, lanzando una indirecta a los jueces de la República. Populismo punitivo en una ciudad con pocas oportunidades para los jóvenes.

Seis meses después, un fiscal aseguró que todo hacía parte de un plan para facilitar un proyecto de sometimiento de cabecillas y líderes de bandas y estructuras reunidas en la denominada Confederación Criminal de la Oficina, de la que hacen parte, entre otras, la Terraza, Corazón, la Torre, el Coco, Pradera, el Salado e Independencia. Estas últimas, protagonistas, según detallaron las autoridades, del aumento de homicidios en el primer semestre del año 2019.

Según el representante del ente acusador, el secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, quien fue capturado el 4 de julio de 2017 por concierto para delinquir, le habría pedido a Julio Perdomo, señalado jefe de la Terraza, que entregara a los ladrones. A través de alias Mariano se consiguió que se entregaran. “Él negociaba clandestinamente con las bandas para entregar resultados en materia de seguridad”, dijo el fiscal del caso del entonces secretario. Villegas Restrepo fue condenado a 33 meses por abuso de autoridad, omisión de denuncia y abuso de función pública. Actualmente se encuentra con libertad condicional por indicación del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Medellín.

Un politólogo, Andrés Felipe Tobón Villada, llegó a reemplazar a Villegas Restrepo en la Secretaría de Seguridad. No había quién más se le midiera al cargo. “Créame que hay mucha gente que le da susto asumir el cargo y, por el momento, y debido a asuntos de seguridad, muchos dicen que no”, dijo Federico Gutiérrez Zuluaga al periódico El Colombiano en agosto de 2017.

Gutiérrez Zuluaga siguió con su estrategia. Todo lo que se dijo en los estrados judiciales frente a la captura de Villegas restrepo, que involucraba a funcionarios de la Alcaldía con estructuras criminales para presuntamente favorecerlas, no pasó a mayores. El alcalde seguía en búsqueda de ladrones y uno que otro delincuente. En la ciudad, entretanto, aumentaban los homicidios, la extorsión, el desplazamiento forzado, el reclutamiento y el hurto.

Los críticos de Federico Gutiérrez Zuluaga le cuestionaban su política de seguridad por populista y de enfoque criminalista, basada en capturas e incautaciones. “Siempre habrá quien reemplace a un cabecilla capturado, siempre habrá más droga, siempre habrá más armas. La estrategia de capturas e incautaciones no mengua la delincuencia, por el contrario la hace más dinámica”, aseguró Luis Fernando Quijano, director de la ONG Corpades.

Los meses de abril (73 homicidios) y mayo (75 ) de 2019 fueron los más violentos de los últimos cinco años en Medellín.

¿Qué pasó con los homicidios en 2016-2019?

Gutiérrez Zuluaga destacó al término de su mandato que en el cuatrienio 2016-2019, Medellín tuvo en promedio la tasa de homicidios más baja: 23.3, si se compara con periodos anteriores, como el de 2012-2015, que fue de 34.4. Tiene razón. Pero Federico recibió la ciudad en 496 homicidios, con una tasa de 20 por cada 100.000 habitantes. Durante su administración se registraron homicidios al alza, así: 544 en 2016, 582 en 2017, 634 en 2018 y para 2019 se presagiaba una cifra mucho mayor a la del año anterior. Los meses de abril (73 homicidios) y mayo (75 casos) fueron los más violentos de los últimos cinco años.

Para el exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri, el enfrentamiento entre bandas por el poder territorial aporta el porcentaje más alto de homicidios en Medellín. Los demás casos se dan por hurtos, violencia intrafamiliar e intolerancia. Esta afirmación la ratifica la Secretaría de Seguridad. Según el Sisc, de los 592 homicidios de 2019, 305 estuvieron asociados a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), asociados a convivencia 69 y vinculados con hurtos 29. 156 quedaron sin categorizar. Los restantes están ligados a violencia intrafamiliar, violencia de género y en desarrollo de la operatividad de las autoridades.

En 2018, los casos asociados a las GDO fueron 359, mientras que 142 no fueron categorizados. En 2017, 337 homicidios se relacionaron con GDO y 74 quedaron sin categorizar.

“En la ciudad había una ‘guerra fría’ entre dos facciones de la denominada Oficina del Valle de Aburrá: la Línea 60 o Alianza Criminal del Norte y la Línea 40 o Confederación Criminal de Medellín. Entre ellas no se enfrentaban, pero patrocinaban confrontaciones de combos en diferentes comunas de la ciudad, de ahí el nombre de ‘guerra fría’. Anteriormente había un ‘acuerdo criminal’, como lo denominó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que nosotros llamamos ‘pacto del fusil’, que era eso, un pacto de no agresión entre las AGC y la Oficina. Esta vez hablamos de un pacto de paz entre bandas de la Oficina que dio fin a la ‘guerra fría’. En mayo de 2019 se dio ese pacto y los homicidios notablemente se redujeron en Medellín”. La institucionalidad ha negado ese pacto de paz del que habla Luis Fernando Quijano, director de Corpades y analista del conflicto urbano.

Quijano agregó que además de la voluntad de paz de los líderes de la Oficina, fue importante en esa reducción el trabajo de la institucionalidad: “Obligaron a la Oficina a que se sentara a dialogar. Desde las cárceles de Colombia, los jefes y subjefes de la Oficina ayudaron a mediar a que cesara la confrontación”.

El analista del conflicto explica así lo que él denomina las dos líneas de la Oficina: “La Línea 60 o Alianza Criminal del Norte agrupa la mayor parte de las bandas del Norte del Valle de Aburrá, con epicentro en el municipio de Bello: comuna 6 (Doce de Octubre), comuna 8 (Villa Hermosa), comuna 10 (Centro de Medellín), comuna 13 (San Javier), comuna 16 (Belén) y comuna 15 (Guayabal). Por su parte, en la Línea Minoritaria, Línea 40 o Confederación Criminal de Medellín, están las bandas la Terraza y los Pesebreros y están en las comuna 7 (Robledo), comuna 13 (San Javier), y comuna 12 (La América)”.

Los homicidios se dispararon en el primer semestre de 2019, al parecer, porque combos aliados a esas “líneas” se enfrentaron por el territorio. El centro de la violencia fueron las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier). Cerca de 60 homicidios se registraron en esas dos comunas por choques entre los combos la Torre, La Agonía, Betania y el Coco. Las capturas recientes de alias Samir (banda El Salado y la Torre) y alias Juancito (banda Betania) también recrudecieron las acciones de los criminales. Buses fueron quemados, conductores asesinados, aumentó la extorsión, la desaparición y el desplazamiento.

Sin embargo, coincidencialmente o no, después del anuncio del pacto de paz, en mayo de 2019, esa violencia empezó a retroceder. El 2019 cerró con 592 homicidios. El número de casos en el primer semestre hacía presagiar, según proyecciones, que el año terminaría con más de 650 homicidios. Pero no fue así. Lamentablemente, la otra violencia (La extorsión, el hurto y el desplazamiento) permaneció. Y hasta aumentó.

Para el general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana, la baja en cifras obedeció a la intensidad de la operatividad, que contó con el apoyo de la Alcaldía de Medellín. Destacó que fueron capturadas 3.000 personas, entre ellas 160 cabecillas de alto valor y 417 coordinadores de zona. Fueron incautadas más de mil armas de fuego y cerca de diez toneladas de estupefacientes.

Lea: La verdad de La Escombrera no está en agenda de la institucionalidad

¿Soluciones?

En un reciente documento, en el que dieron a conocer las 50 ciudades más violentas del mundo en 2018, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, expone que “las políticas que buscan que el Estado eluda su obligación de aplicar la ley penal y el éxito de las contrarias”, son las llamadas a fracasar. Añade que “las negociaciones con criminales pueden hacer bajar por un breve periodo la violencia para luego repuntar”, como ocurrió en El Salvador.

Para el Consejo, no es la aplicación de la ley lo que provoca la violencia, sino precisamente la no aplicación o la falta de eficacia y eficiencia en su aplicación.

Para el próximo cuatrienio, el que comienza, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha propuesto atacar la criminalidad con recompensas. Ha destinado más de $5.000  mil millones para ello y por cada información que permita dar con el paradero de homicidas y sicarios se entregarán hasta $10 millones. Ya empezó a recibir críticas.

Para acabar con los homicidios asociados a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), Fernando Quijano propone que el alcalde Quintero Calle, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, el presidente Iván Duque Márquez, la Policía, la Fiscalía, el Ejército y el Congreso de la República, redacten y aprueben una verdadera ley de sometimiento. “Seguir basando las estrategias de seguridad en capturas, decomiso y control, no va a funcionar. Lo único que estamos construyendo son los relevos del crimen urbano y rural. Por eso desmantelar las bandas, combos, estructuras criminales, GDO y GDCO, es necesario”.

Por su parte, Jorge Mejía, economista y docente universitario, señala que el Estado tiene la obligación de ejercer el control social en los territorios y poner freno a la actividad económica de la criminalidad, porque de no ser así, en los mismos lugares habrá disputas para hacerse con los negocios ilegales y se seguirán presentando homicidios.

2015: cifra más baja de homicidios en Medellín

* En 2019, la tasa estimada de homicidios fue de 23.18 por cada cien mil habitantes. Como se recordará, en 2015 la tasa fue de 20 por cada 100.000 habitantes, con lo que se logró que la capital antioqueña saliera del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, del cual hizo parte por muchos años.

* Según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, entidad que elabora cada año el listado de las 50 ciudades más violentas, un año antes, en 2014, Medellín ocupaba la casilla 49.

* Actualmente, solo dos ciudades colombianas hacen parte del listado: Cali y Palmira. Según el ranking 2018, Palmira, con 310.608 habitantes, ocupa el lugar 27, con 149 homicidios, para una tasa de 47.97 por cada cien mil habitantes. Por su parte, Cali, con 1.209 homicidios en 2018, está en la posición 31, con una tasa de 47.03 por cada cien mil habitantes.

* Con una tasa de 138.26 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2018 la mexicana Tijuana fue la ciudad más violenta del mundo.