El tenue límite entre lo ilegal y lo ilegítimo es una interminable discusión filosófica, ética y semántica. Para el común de las personas, todo acto que traspase los límites de lo establecido en la ley además de ilegal también es ilegítimo así la norma en su definición, interpretación y aplicación no sea la más justa y razonable para todos. Sin embargo, no todo lo legal es legítimo.

Lo complejo de esta disyuntiva es que en la cotidianidad de las sociedades actuales ya se ha tocado fondo y tanto lo ilegal como lo ilegítimo parecen ser condiciones para las relaciones de poder entre los ciudadanos con el Estado, con los demás sectores, con sus comunidades y con su entorno familiar y social.

Obedecer y respetar las leyes es una responsabilidad ciudadana, pero no significa que en el ámbito de lo ético, lo moral, de la individualidad de cada uno que es donde yace el deber ser y lo que razonablemente se considera justo y apropiado, se acepte con la misma resignación.

En sociedades como la colombiana ya se ha convertido tan habitual lo ilegal que cada acto ya no se mira, ni se divulga a la opinión pública, ni se soluciona desde el deber ser que es lo legítimo, sino que se define dependiendo de quien lo comete o peor aún, de quien sea la víctima y si tiene los suficientes recursos y aliados para denunciar.

Una sociedad donde lo legal y lo legítimo ya no alcanzan para hacer respetar los derechos, se ha dejado ganar por la falta de civilidad, por la indecencia, el irrespeto, la ignorancia y la ineptitud.

Así lo evidencian sólo por mencionar algunos casos, las más de 400 tutelas diarias que se presentan por violaciones al derecho de salud, los más de dos mil niños menores de cinco años que han muerto por desnutrición en los últimos años, sin incluir los demás menores víctimas de grupos armados y otros tantos que padecen por violencia intrafamiliar y abuso sexual. Además de los casi 22 billones de pesos que se calcula le cuesta al país la corrupción cada año y el sorprendente promedio de apenas 22 meses de reclusión que pagan sólo una cuarta parte de los corruptos denunciados y condenados.

Ya hay antecedentes en gobiernos latinoamericanos de casos de corrupción considerados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Si se aplicara ese concepto desde lo legal y lo razonablemente justo en este entorno, la lista de involucrados sería infinita.

A un país que transó una paz que aún no se ve, descuidando el otro tumor maligno de la corrupción que ya tenía desde hace tiempo, permitiendo que le hiciera metástasis con tanto brote de ilegalidad e impunidad, poco le queda de legítimo y decente.

No tiene mucho que esperar una sociedad que hace alarde de decencia perdiendo la noción y la práctica del respeto como la base para su sana convivencia, que permite la ilegalidad y en la que muchos ciudadanos cambiaron la poca esperanza que aún tenían por vergüenza.

La legitimidad es resultado de un constante ejercicio de buenas prácticas con transparencia y firmeza que generen confianza y propicien relaciones de convivencia sanas, justas y decentes para todos.