La fiduciaria La Previsora, entidad que a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) es responsable del manejo de  los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud a los docentes, postergó nuevamente la adjudicación de contratos a las entidades oferentes para operar la prestación de servicios de salud a los miembros del magisterio.

El proceso cumple un año desde que en octubre de 2016 se abriera la licitación pública a la que se presentaron 28 proponentes, pero esta fue declarada desierta en enero de 2017 debido a que, a pesar de cumplir con  requisitos financieros, jurídicos y de experiencia, ninguno de los proponentes cumplió con el requisito técnico en el que se especificaban las capacidades instaladas necesarias en cuanto a red propia y alterna de atención y puntos de distribución de medicamentos necesarios  para hacerse a la adjudicación del contrato. 

En febrero se abrió un nuevo proceso de licitación que fue suspendido en abril debido a un proceso de vigilancia en el que la Procuraduría General de la Nación manifestó haber encontrado inconsistencias y ordenó replantear el proceso licitatorio.

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Mayo y junio fueron meses en los que el tema cobró mayor relevancia pública a causa de las reiteradas exigencias de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que durante 37 días de paro enarboló su exigencia por finiquitar la contratación de un prestador de servicios de salud adecuado para los miembros del magisterio.

La licitación se reactivó en agosto, mes en el que se concretó la presentación de 19 proponentes. Aunque el proceso fue suspendido nuevamente en septiembre por cuenta de una acción de tutela interpuesta por la Unión Cardiovascular de Colombia, se reanudó luego de tres semanas habilitando a 17 firmas para continuar en la licitación.

Todo parecía estar listo para que después de un año se cumpliera con el cronograma que señalaba el 20 de octubre como la fecha para conocer las nuevas entidades encargadas de la operación  de servicios de salud para los miembros del magisterio y sus beneficiarios, pero en un escueto comunicado, la fiduciaria La Previsora informó el mismo viernes que la designación de adjudicatarios  para las cinco regiones en las que está dividida la prestación de servicios de salud para los docentes, quedó aplazada hasta el 25 de octubre. 

La defensa activa del derecho a la salud ha sido una constante en las luchas emprendidas por el movimiento profesoral, de ahí que los miembros del magisterio cuenten actualmente con lo que se denomina como un régimen especial de salud. Yuly Andrea Marín, medica salubrista y coordinadora del Consultorio de Seguridad Social Integral de la Universidad de Antioquia, explicó que el sistema de seguridad social de la actualidad fue creado con la ley 100 de 1993.

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“Cuando se crea la ley 100 se generan unos regímenes que ya venían con ciertas características especiales que son distintos al régimen contributivo y subsidiado, los regímenes especiales son una minoría y entre las principales diferencias frente a quienes pertenecemos a régimen contributivo o subsidiado está en el POS o plan de beneficios y ahí el magisterio tiene un plan de beneficios más amplio que quienes estamos bajo ley 100. Ni ellos ni sus beneficiarios pagan copagos, cuotas moderadoras o cuotas de recuperación”, apuntó la académica.

Para Luis Alberto Martínez, director de la  Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), hay un aspecto de primer orden en las dificultades que ha presentado esta licitación para la adjudicación de los contratos a las empresas que prestarían los servicios de salud a los miembros del magisterio durante el próximo cuatrienio y es la cantidad de recursos que están en juego (5,27 billones de pesos). “Manejar  esos montos resulta muy atractivo para las empresas que gestionan recursos para el sector salud y la puja de tantas empresas hace que resulten muchos traspiés en todo el proceso licitatorio que se ha realizado”.

Martínez agregó que hay problemas estructurales que no se resuelven con la licitación, entre estos coincidió con Marín al destacar al  magisterio como una población minoritaria y muy dispersa tanto en el territorio antioqueño como colombiano, “de ahí que el poder tener una buena red de atención y optimizar los recursos con los que se gestiona la salud es un reto mayor para la implementación de un modelo de atención eficiente.

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Las dificultades del régimen especial 

Jairo Arenas Acevedo, ejecutivo de Fecode, indicó que pertenecer al régimen especial  “es muy bueno en el papel  pero lo que ocurre es que en la prestación se ven falencias como el represamiento del reconocimiento al prestador por parte de la Fiduprevisora  y eso genera un desbalance que se ve reflejado en un prestador que empieza a represar servicios a los pacientes”.

Yuly Andrea Marín indicó que, al pertenecer al régimen especial, se pierde un principio como la libre escogencia de EPS e IPS, dado que en este tipo de regímenes se está ligado a la entidad adjudicataria del contrato y a la red de la que esta disponga.

La problemática como asunto sistémico 

Martínez, Marín y Acevedo coincidieron en señalar que pertenecer a un régimen especial no aísla a los maestros de la realidad sistémica a nivel nacional porque a pesar de ser régimen especial, quien lo opera  necesita contratar con IPS de alto nivel de complejidad y si el asegurador no paga sus obligaciones, sus usuarios difícilmente van a acceder a la atención en la red.  El del magisterio es un régimen con un desarrollo histórico y de beneficios diferentes, pero está inmerso dentro del panorama nacional del sistema de seguridad social en salud y también es afectado por el manejo que se le da a la salud como negocio, apuntó Marín. 

Nora Elena Molina, docente en la Escuela Normal Superior de Jericó, indicó que “dentro del gremio uno escucha muchos casos en los que han sido reiterativos y negligentes con la prestación del servicio; yo no me he visto afectada realmente pero sí vemos situaciones de citas que se demoran mucho o atención muy demorada ante enfermedades de alto riesgo, compañeros pendientes de cirugías muy complicadas y en las que se les demora bastante el servicio oportuno. De todas maneras el sistema de salud a nivel nacional es casi un fracaso y desde la parte estructural y de gobierno hay que hacerle ajustes grandes porque, si pasamos a un nuevo prestador, vamos a tener fallas que se van a mantener, debido a que las fallas en el sistema son grandes y para que se vea un verdadero cambio hay que resignificar el sistema y ver dónde se están quedando los dineros entre tanto intermediario que tiene nuestro sistema de salud”.

Jesús Orlando Álvarez, docente en la Institución Educativa Granizada de Copacabana, coincidió con Molina y se refirió al proceso licitatorio como “un formalismo porque cambiar de entidad no es el hecho, todas tienen sus falencias porque todas tienen el problema de dilatar mucho, especialmente la asignación de citas con especialistas”.

El panorama regional

Para el caso de la prestación de servicios de salud a los miembros de magisterio, Antioquia conforma junto al departamento de Chocó, una región en la que según el más reciente informe de Fiduprevisora, hay un total de 112.625 usuarios entre docentes activos o pensionados con sus respectivos beneficiarios; población que en el caso antioqueño ha estado afiliada durante los últimos 15 años a la Fundación Medico Preventiva (actualmente en puja por la adjudicación de licitación).

Frente a las trabas presentadas a lo largo de la licitación y las necesidades específicas de atención del magisterio en Antioquia, el secretario seccional de salud, Carlos Mario Montoya, señaló que “nosotros lo que necesitamos es que la empresa que se gane esa licitación preste un servicio oportuno y eficiente porque muchas veces en la secretaría hemos terminado haciendo con los usuarios del magisterio lo que tenemos que hacer normalmente con los usuarios de los regímenes subsidiado y contributivo y hemos pasado a intervenir ante la Médico Preventiva para que atiendan a un paciente que no quieren atender o le den una autorización que no le han dado”.

El funcionario agregó que lo deseable en un proceso de este tipo es que después de las dilaciones en el proceso de adjudicación, la entidad que se haga al contrato tenga garantizada su red de prestadores eficiente para que atiendan y den autorizaciones oportunamente “porque hemos tenido una gran dificultad al atender un tema que no debería ser nuestra responsabilidad y con todo paciente del régimen especial que no atienden nosotros entramos a interceder. No tendría que ser así porque es un tema por fuera de los regímenes que nosotros manejamos”, concluyó Montoya.

Antes del cierre de esta edición EL MUNDO se puso en contacto con fiduciaria La Previsora para conocer las razones que motivaron la nueva postergación en la adjudicación de los contratos pero esta no se pronunció al respecto y reiteró que el 25 de octubre se conocerán los adjudicatarios.