Los países de América Latina deben invertir al menos un 5% de su producto interno bruto (PIB) anual para dar "el salto en competitividad", señaló un análisis difundido este viernes por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El organismo indicó que el aumento de la inversión en infraestructura en América Latina "requerirá un sustancial aporte del sector privado para alcanzar, al menos junto con el sector público, un 5% anual".

Lea al respecto: Colombia anima a empresarios españoles a invertir en infraestructura

La CAF indicó que el promedio de la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB en la región fue de 2,8 %  entre 2008 y 2015, según las cifras de la iniciativa www.infralatam.info de CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Esa iniciativa web ofrece cifras detalladas sobre inversión en sectores como agua y saneamiento, energía, telecomunicaciones y transporte, con el objetivo de medir las inversiones en infraestructura en los países de América Latina y el Caribe, reportar su valor, difundir los resultados y promover el análisis de sus impactos.

Lea también: La infraestructura no se detiene: MinHacienda

"Si bien el promedio de inversión en la región es inferior al 3%, hay una importante variación entre países, destacándose por alcanzar niveles mayores de inversión Bolivia, Honduras, Panamá y Perú, que superan el 4% del PIB para el período analizado (2008-2015)", acotó la información.

Esta base de datos, indicó CAF, "puede constituirse en un instrumento principal para el análisis y el desarrollo de infraestructura de calidad, fiable, sostenible y resiliente, tal como lo señala el Objetivo nueve de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en el año 2015".

Agregó que la inclusión de ese objetivo "marca un paso fundamental" en el posicionamiento de la infraestructura en la búsqueda del desarrollo sostenible "e implica una mayor responsabilidad de las políticas públicas en el avance hacia mayores niveles de inversión de calidad requeridos para mejorar la calidad de vida de las personas en la región".