Las reformas tarifarias de servicios públicos deben ser integrales.

Autor: Carlos Alberto Atehortúa Ríos
13 octubre de 2017 - 12:06 AM

En lugar de hacer revisiones parciales y aisladas del régimen tarifario, se impone una transformación integral

Muchas de las  propuesta de hacer cambios en el régimen de los servicios públicos domiciliarios, tienen consecuencias directas en el régimen tarifario, por esa vía en los esquemas de solidaridad y redistribución de ingresos a que están asociadas  las  tarifas, por eso, antes de poner en vigencia una modificación en las tarifas, los usuarios deben ser adecuadamente informados sobre los efectos que esas modificaciones, y los municipios deben tener en cuenta, que toda modificación tarifaria en los servicios de agua potable y saneamiento básico, afecta el funcionamiento de fondo municipal de solidaridad y redistribución de ingresos.

Aunque por regla general, las modificaciones en los esquemas de prestación de los servicios están motivadas en a razones de interés público o social, en los que prevalece el interés general, de todos modos, esas modificaciones deben ser objeto de análisis por los usuarios y por las entidades territoriales que en últimas se verán afectados por ellas.

Lea también:

Con el nuevo régimen tarifario del aseo, los usuarios deben tener en cuenta que ahora deben asumir dos costos, que antes no tenían, pues con el nuevo esquema deben asumir el pago del denominado CLUS o  Costo de Limpieza Urbana, que  corresponde a la suma del costo mensual de la poda de árboles, el  corte de césped, el lavado de áreas públicas, la limpieza de playas y la instalación de cestas dentro del perímetro urbano, costo que antes asumían los municipios, pero además los usuarios deben asumir el costos asociado a labores de aprovechamiento, que están vinculadas a las labores que realizan los recicladores.

Uno de los núcleos esenciales en la legislación de servicios públicos, hace referencia a la regulación tarifaria, pues es el mecanismo que le permite a las empresas ser sostenibles y que se concrete el principio constitucional de solidaridad, que debe existir entre los usuarios del servicio, por eso, antes de hacer modificaciones a las tarifas, es necesario, que se tenga en cuenta su condición de integralidad, y los efectos que un cambio puede tener sobre todo el esquema.

El asunto es mucho más complejo, si se tiene en cuenta, que, para lograr un equilibrio tarifario, no solo se debe contar con los aportes que hacen los usuarios vía tarifas, sino además con aportes que provienen de la nación a través del sistema general de participación y de los municipios que muchas veces deben asignar recursos propios para el adecuado funcionamiento de los fondos municipales de solidaridad y redistribución de ingresos.

La complejidad del tema se comprende si se tiene en cuenta que las tarifas de servicios públicos domiciliarios se someten a siete principios todos de la mayor importancia, en la vía de garantizar un esquema sostenible, que permita la viabilidad del sector, la protección de los derechos de los usuarios y solidaridad para que las personas con mayor capacidad de pago contribuyan con los usuarios con menos ingresos.

Además:

Los principios tarifarios son: (i) suficiencia, que significa que las empresas vía las tarifas recuperan los costos del servicio y garantizan una utilidad razonable; (ii) eficiencia, que impide que los proveedores trasladen a los usuarios costos ineficiente; (iii) integralidad, que asocia las tarifas a condiciones de calidad del servicio; (iv) solidaridad, que permite que los usuarios de estratos más altos paguen unas mayores tarifas que los de los estratos bajos; (v) publicidad, que es el derecho de los usuarios a conocer sus tarifas antes de que las mismas sean aplicadas; (vi) simplicidad, que se expresa en unas facturas claras y de fácil entendimiento y (vii) neutralidad, que es el derecho a que los usuarios tengan el mismo tratamiento en condiciones de igualdad.

Por lo anterior, en lugar de hacer revisiones parciales y aisladas del régimen tarifario, se impone una transformación integral, en la que participen las autoridades nacionales, los proveedores de servicios, las entidades territoriales y las organizaciones de usuarios, pues al fin todos somos responsables del adecuado funcionamiento del sistema y de la eficiente prestación de los servicios.  

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