El Gobierno minimizó, hasta olvidarlos, compromisos fundamentales por los cuales la sociedad tuvo confianza en una negociación que no hacía parte de las promesas de Juan Manuel Santos
El doble mandato de Juan Manuel Santos, último en que se votó una reelección presidencial, tiene realizaciones en sectores del Estado que se propuso administrar, y en la que pretendió fuera su impronta transformadora: la paz, que pretende firmada con las Farc y no logró amasar con el Eln.
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Los ministerios de Hacienda y Minas, este último con siete ministros en ocho años, se propusieron administrar el petróleo, impactado por caídas en los precios y la producción; traumas como el escándalo Reficar, y baches como los del terrorismo que impide producir y exportar o la mínima exploración. Entre tanto, la minería fue sometida a incertidumbres jurídicas, económicas y de orden público, y el sector eléctrico, puesto en riesgo en las crisis de Electricaribe e Hidroituango así como severamente golpeado con indecisiones sobre proyectos de generación y la venta de Isagén. Esa controvertida operación fue justificada en la financiación de vías 4G, programa ambicioso por las especificaciones de proyectos que quedaron a medio camino, los que iniciaron, y cubiertos en polémicas por fallas administrativas, como Mar2; por errores de construcción, como el puente Chirajara en la vía al Llano, o por manchas de corrupción, como las obras ejecutadas por Odebrecht, hoy cínica demandante del Estado colombiano.
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A siete años de evaluar la meta del gobierno según la cual Colombia sería el país latinoamericano más educado en 2025, existen indicios de las dificultades para un logro que se sustentaría en la interacción con los maestros, que manifestaron su descontento en sucesivos paros; las expectativas de continuidad en el sistema, que tienen respuesta muy parcial en la puntualidad de Ser pilo paga, y las garantías de calidad en la educación, que no se cumplen automáticamente con la extensión de la jornada académica. En salud, el Gobierno deja las finanzas de las dos más grandes EPS del país, Medimás en el régimen contributivo y Savia Salud en el subsidiado, en cuidados intensivos, dada la falta de voluntad para la reforma que las estabilizaría; tiene como logro en esta materia el del control a los precios de medicamentos, cosechado en dura batalla emprendida por el ministro Alejandro Gaviria.
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Las instituciones colombianas sintieron la mano del gobierno Santos contribuyendo fuertemente a aumentar su inestabilidad y desorden. En la justicia quedaron pendientes reformas para contener su politización, garantizar su rigor y ofrecer garantías en el debido proceso. El Congreso siguió afectado por la omnipresencia del Ejecutivo, en esta ocasión con jugosas raciones de “mermelada”, que en sus últimas intervenciones justificó el doctor Santos. En respuesta a la generosidad del Ejecutivo, senadores y representantes se aprestaron a dar trámite, apenas con mínimos debates de control político y precarios análisis a decisiones que afectarán significativamente nuesteo futuro, entre las cuales vemos con ceeciente preocupación el engañoso estatuto de la oposición.
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La gran obsesión del presidente Santos fue firmar acuerdos de paz con las Farc y con el Eln, así se impusiera alto precio al Estado. El del Eln nació muerto y cayó bajo el fuego de las balas de ese grupo. El de las Farc, que nació como la esperanza de una interlocución entre un Estado triunfador en su batalla contra el terrorismo y un grupo buscando una desmovilización digna, fue afectado por la severa presbicia de negociadores que propiciaron que ese grupo pasara de equiparado; a hacerse igual en la toma de decisiones, hasta llegar a par en las discusiones esenciales del Estado. Fue así como el Gobierno minimizó, hasta olvidarlos, compromisos fundamentales por los cuales la sociedad tuvo confianza en una negociación que no hacía parte de las promesas de Juan Manuel Santos en su primera elección.
En la negociación y primeros momentos del posacuerdo, las promesas de justicia y verdad se minimizaron en las oscuras tramas de instituciones paralelas. Además de la ofensa a una sociedad que esperaba que los culpables asumieran sus responsabilidades, el modelo que hizo a los jefes farianos congresistas sin responder por sus actos y amplía impunidades es mensaje contracultural que refuerza las lecciones de amoralidad e ilegalidad entregadas por el narcotráfico. Diluida la justicia, la centralidad de las víctimas se hizo manipulación de algunas y persecución a la mayoría, y la no repetición es pesadilla para las acosadas por las violencias que no cesaron o que mutaron con la inundación de cultivos ilícitos y el crecimiento de las actividades de narcotráfico, para atender al creciente número de consumidores dentro y fuera de Colombia.
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