Tan graves intimidaciones no han encontrado en el Gobierno un interlocutor que las entienda y se disponga a cuidar la democracia y defender sus decisiones.
Aunque por el Gobierno Nacional y los medios de comunicación hay minimización, cuando no silenciamiento, de los hechos que así lo demuestran, las elecciones del domingo 27 de mayo se están convirtiendo en la jornada electoral más amenazada de las últimas décadas en el país. Contra la tranquilidad de candidatos, campañas y sufragantes; la transparencia del voto, y la seguridad del Estado, han arremetido los históricos enemigos de la democracia y nuevos actores que demuestran fiereza en sus declaraciones.
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Para esta jornada, los agentes tradicionales de la coacción al sufragante siguen actuando con descaro y escasas cortapisas. Agentes corruptos acechan las elecciones con sus viejas prácticas de compra de votos, confusión de los electores -que ya se hace hasta con nuevas tecnologías- e intento de interferencia en el conteo y escrutinio de los votos. Del mismo modo, y así lo demuestran ataques recientes y amenazas muy serias contra los candidatos y los activistas, los grupos criminales, como Eln y bacrim, pretenden influenciar los resultados mediante prácticas de constreñimiento al elector que las autoridades no están conteniendo o investigando con el rigor que amerita tan grave interferencia.
A estas amenazas tradicionales que han sido profusamente denunciadas y escasamente combatidas, se suman graves sombras que el Gobierno no está reconociendo y confrontando.
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En los territorios retomados por los grupos residuales de las Farc o por organizaciones fortalecidas durante la negociación con las Farc, entre ellas el Epl, la sombra de la violencia está impidiendo a activistas amenazados mantener su actividad proselitista, justo en los momentos en que ella es crucial. En algunas más existen presiones generalizadas contra los votantes, siendo la más grave la amenaza de paro armado entre el viernes 26 y el lunes 28 en Catatumbo. Tan grave como las amenazas es la ausencia del Gobierno en el acompañamiento y protección a las regiones amenazadas y las decisiones sobre traslado o reorganización de puestos electorales.
Las mayores, y más descuidadas amenazas, sin embargo, están llegando de personas que anunciaron acogimiento a la democracia y respeto a su institucionalidad. El fariano timochenko las ha proferido anunciando el riesgo de un nuevo conflicto armado si el pueblo decide en estas elecciones votar a un candidato que reclama ajustar el acuerdo final a las exigencias de respeto a las víctimas, las instituciones y la democracia. Con esta amenaza, el jefe de la exguerrilla anuncia que su organización hará pender una espada de Damocles sobre la democracia para que se siga allanando a su querer.
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Más grave, incluso por inesperada por parte de una persona que ha accedido a casi todos los cargos de representación popular que la democracia ofrece, es la compleja, y por tanto bien armada, amenaza del candidato Gustavo Petro, contra el sistema electoral y las instituciones. Después de su denuncia, sin pruebas, sobre errores en el software de la Registraduría, ha expuesto una estrategia amenazante para la jornada electoral, pues anuncia que sus seguidores en los puestos de votación actuarán como jurados que recogen los datos y los transmiten a la registraduría paralela que pretenden montar para divulgar el resultado electoral que él quiere ofrecer. No contento con el paralelismo insultante contra las instituciones electorales, la misión de observadores electorales de la OEA y el ejercicio de la reputada Misión de Observación Electoral, el candidato declara que violará el Código Electoral, y sus serias restricciones a las manifestaciones y movilizaciones públicas durante el tiempo de silencio, para convocar movilizaciones, si no obtiene el resultado que desea en la jornada del domingo; tales reuniones suelen derivar en asonadas por las que tendría que responder el inspirador.
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A pesar de ser tan graves las sombras que se ciernen sobre la jornada electoral del domingo, el Gobierno se ha limitado, hasta el cierre de esta edición, a proferir normas electorales para tiempos de tranquilidad, mostrándose renuente a aceptar que la paz y seguridad que esperaba ofrecer en esta jornada se quedaron en sus expectativas, no en la realidad que viven los ciudadanos.