Dos curules directas y una que deberá ser competida con municipios del Chocó y otra con localidades de Bolívar, son las oportunidades de escaños adicionales en la Cámara  de Representantes que tendrá Antioquia por el proyecto de Acto Legislativo que crea las Circunscripciones Especiales para la Paz, iniciativa que hace parte de los acuerdos con las Farc.

Este proyecto, el cual fue aprobado en primer debate del Senado el pasado 6 de junio busca, según el documento final de La Habana, “la promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”. Por este motivo, se crearán 16 curules adicionales para la Cámara de Representantes para dichos lugares.

Los municipios de Antioquia entran en competencia en cuatro de estos puestos: la circunscripción 2 y 16, que son exclusivamente entre municipios del departamento; la 6, en la cual Vigía del Fuerte y Murindó deberán competir con localidades chocoanas y la 13, que si bien tendría mayoría de territorios de Bolívar, contará con la participación de Yondó. 

Para poderse postular en estos espacios especiales, según el Acuerdo de paz, “los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Ellos podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones campesinas, de víctimas, mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales de la región, entre otros”. 

En el consenso logrado en La Habana se le dio importancia a la vigilancia sobre el censo electoral, las inscripciones y financiación de las campañas, al igual que la creación de mecanismos adicionales de control y veeduría a los postulados por parte de organizaciones especializadas.

En el Acto Legislativo que se está debatiendo en el Congreso, también se define que “cuando el censo electoral de alguno de los municipios incluidos en estas circunscripciones supere los 50.000 ciudadanos aptos para votar, únicamente se habilitaran los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural del correspondiente municipio y se excluirán los de la cabecera municipal”.

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Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior, manifestó a EL MUNDO que esta iniciativa busca  brindar oportunidades de representación a los territorios afectados por el conflicto armado, los cuales han tenido la particularidad de tener poca representación dentro de las corporaciones.

“Los criterios que tuvimos para elegir las zonas fueron los impactos de la guerra en la comunidad, que no hicieran parte de las grandes ciudades, también tuvimos en cuenta los lugares con déficit de necesidades satisfechas, entre otros aspectos técnicos con las que fueron definidas las circunscripciones”, indicó Gómez, al mismo tiempo que destacó que los grupos poblacionales marginados serán escuchados en estas curules.

Las circunscripciones siguen generando dudas

Pese a que existen unas reglas de funcionamiento definidas para las estos puestos representantivos, sectores políticos y de opinión cuestionaron la utilidad de estos espacios de participación y manifestaron su temor sobre la posible ocupación de políticos tradicionales o grupos afines a las guerrillas, que no representarían a dichas comunidades, debido a que las localidades ofrecen pocas garantías de transparencia y libertad.

La Misión de Observación Electoral (MOE), denunció en medios nacionales que en los territorios hay dificultades, como “el bajo índice de cedulación de los ciudadanos de estas circunscripciones, en el cual  el 46% de los habitantes no poseen el documento de identidad, que es necesario para votar. Además, el 32% tienen dificultad para acceder a los puestos de votación”.

También expresó preocupación porque en el 76% de los municipios cobijados por este proyecto hay presencia de cultivos ilícitos como coca, marihuana y amapola. La entidad agregó que “el panorama de violencia social y política que en las circunscripciones llega a un porcentaje del 37,4% sumando factores de amenaza, atentados, secuestro, desaparición y asesinatos”.

Estos hechos fueron criticados por la senadora Paloma Valencia, quien manifestó en un comunicado que existen varios sofismas con esta iniciativa, el primero “es creer que las víctimas no tienen filiación política, de hecho la mayoría de las víctimas en estos municipios han sido personas con filiaciones políticas definidas que precisamente por eso han sido victimizados, asesinados, secuestrados”. 

Por otro lado, criticó que se creyera que la representación minoritaria resulta mejor que la representación mayoritaria, ya que según ella, se busca que los partidos mayoritarios en las regiones sean excluidos para elegir a personas de movimientos minoritarios para el ejercicio político de la región. A la par, manifestó que es mentira que los partidos no hayan podido hacer nada por los lugares, sino que la violencia impidió hacerlo.

A nivel regional, algunos sectores defienden el proyecto, entre ellos Jaime Fajardo Landaeta. Este defensor de derechos humanos y desmovilizado del EPL manifestó que es un paso importante hacia la construcción de la paz y que la gente no entiende la importancia de este proyecto, debido a que consideran que la paz y la reparación solo se garantiza con la presencia militar del Estado,  la indemnización económica de las víctimas, lo cual es importante. Sin embargo, “se deja a un lado algo fundamental y es que la institucionalidad también debe llegar a los municipios con oportunidades de participación. Tener en cuenta a estas poblaciones para construir país es indispensable para compensar los golpes de la guerra”, reflexionó Fajardo.

“La consolidación de la paz y la democracia en estos lugares es algo muy difícil”, manifestó. También afirmó que a pesar de los peligros de que estas curules puedan ser usadas con otros intereses, no hay que partir desde el pesimismo de que quien llegue, necesariamente va a ser promotor del discurso de las Farc o será cooptado por la política tradicional. “Hay que dar la oportunidad de que los ciudadanos elijan y exijan ser representados en las instituciones”, concluyó.

Contrario a él opinó el representante a la Cámara Federico Hoyos, quien aseguró que estas curules no benefician a las poblaciones de estos territorios en clave de reparación o representación en el Congreso, sino que “fueron pensadas para las Farc”.

“Casualmente, los territorios elegidos para estas curules son zonas que han sido históricamente dominadas por este grupo terrorista. Además, este proyecto sale de los acuerdos de La Habana; allí solo hay beneficios para los guerrilleros. La procedencia de esta propuesta puede dar muchas pistas de los intereses que persigue”, señaló Hoyos, quien al mismo tiempo aseveró que las nuevas curules son innecesarias en Antioquia porque el departamento tiene muy buena representación en el Congreso de la República. 

Por su parte, Jorge Gómez, diputado de la Asamblea de Antioquia, valoró positivamente este proyecto porque es importante que a esas poblaciones y territorios infrarrepresentados puedan tener esa participación. Además, agregó que este acuerdo “hace parte de la terminación de uno de los conflictos más largos y crueles de la historia, por lo que cualquier avance hacia la paz, traducido en oportunidades para los movimientos sociales, de víctimas y representantes comunales, es bienvenido”. 

No obstante, manifestó que “como dicen por ahí, amanecerá y veremos, siempre habrá el riesgo de que estas curules en la Cámara de Representantes sean tomadas por políticos tradicionales y esa situación sería un desperdicio de esta oportunidad para las comunidades golpeadas por la guerra. También existe el riesgo de que sean obtenidas por sectores que se dicen de oposición, pero que siempre han hecho parte del establecimiento”. 

Este corporado concluyó que pese a que existe este riesgo,  no deja de ser una gran oportunidad para que los grupos afrodescendientes y líderes comunitarios, independientemente de su ideología política, estén en las corporaciones, siempre y cuando sean voceros de las necesidades y demandas de las poblaciones de dichas circunscripciones.

Las dudas existentes sobre el proyecto generaron divisiones en la Unidad Nacional, en la cual algunos de los congresistas de Cambio Radical y el Partido Conservador, además del opositor Centro Democrático, decidieron ante dichas reservas, aplazar el debate el pasado 15 de junio y lo reprogramaron para el próximo 20 de junio en el Senado y el 20 de julio en la Cámara de Representantes.