Luego de más de 50 años de conflicto armado, un proceso de negociaciones que comenzó desde el 2012 y varios obstáculos como rompimientos del cese el fuego y la victoria del No en el plebiscito, el proceso de implementación de los acuerdos de paz con las Farc ha representado un reto a las capacidades económicas, logísticas y burocráticas del Estado colombiano.

Después de aproximadamente seis meses, que comenzaron desde el día D, es decir el primero de diciembre de 2016, y culminan el 31 de mayo, día D+180, tanto el Gobierno como el grupo armado mostraron muchas intenciones pero pocos resultados tangibles ante esta fecha en la que se debió terminar todo el proceso de dejación de armas y reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, con garantías, proyectos productivos y seguridad jurídica.

Ante el ambiente de molestia en las filas insurgentes, el presidente, algunos congresistas de la Unidad Nacional y miembros de su Gabinete, enviaron mensajes de tranquilidad frente al avance de los proyectos legislativos y han sostenido reuniones para determinar la acción a seguir.

El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, admitió en nombre del Gobierno que el día D+180 no sería suficiente para resolver todas las promesas hechas en los acuerdos de paz y para terminar el desarme de las Farc de forma satisfactoria, debido a problemas logísticos y la cantidad de caletas de armas que faltan por desmontar, en las cuales se enfocarán en estos días.

“Nosotros estaremos en algunas reuniones con los jefes de las Farc en busca de concretar un cronograma claro, con el que podamos avanzar y culminar cuanto antes esta entrega que, sin lugar a dudas, es muy importante para un buen desarrollo del posconflicto”, aseguró Pardo.

“Lo que hay que dejar en claro es que la implementación de los acuerdos de paz está avanzando, es normal que se presenten algunos problemas sobre los cuales ya estamos trabajando y hay que pedirle a la gente que no pierda la confianza en la desmovilización total que se dará por parte de las Farc”, concluyó.

El presidente Juan Manuel Santos, de manera posterior, dio un parte de tranquilidad afirmando que el cumplimiento de los acuerdos es palabra empeñada del Gobierno.

Estos pronunciamientos se dieron luego de que Rodrigo Londoño Echeverri, alias timochenko, escribiera una carta en la que afirmó que “se comprende la enorme preocupación de las Farc con los recientes fallos de la Corte Constitucional. Por un lado, echan al piso el cuerpo de escoltas integrado por ex combatientes y por otro, hace lo mismo con el fast track, abriendo las puertas a la modificación por el Congreso del Acuerdo final. La atribución constitucional del presidente de la República para concertar acuerdos de paz ha sido hecha trizas”.

Los últimos días del plazo de desarme se dan en medio de sucesos que han modificado las circunstancias de la implementación del consenso llegado en La Habana; entre estos, la sentencia de la Corte Constitucional que limitó el fast track, la no terminación de las Zonas Veredales de Transición y Normalización, la declaración de más de 900 caletas con armas confesadas por las Farc luego de que el Ejército decomisó una y los pocos resultados en materia legislativa para los proyectos de la paz.

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“El Gobierno Nacional cumple demasiado lentamente su palabra. Los otros poderes titubean o actúan de modo sospechoso en relación con lo acordado. Hay un documento depositado en Suiza y celebrado en los cinco continentes. Es un compromiso formal entre el Estado colombiano y las Farc, reconocido incluso por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo involucrado en su cumplimiento. Nosotros permanecemos fieles a nuestra palabra”, agregó el líder insurgente.

Los contratiempos de los compromisos

Según expertos consultados por EL MUNDO, hizo falta un cronograma más serio y un mayor compromiso de las partes para haber logrado el éxito de este proceso de desarme y reincorporación.

Frente a los problemas logísticos expresados por el ministro Pardo, Sergio Guarín, coordinador del área de Posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz, indicó que han existido “problemas logísticos objetivos como los retrasos con las zonas veredales, la poca claridad con el tema de los listados de los guerrilleros, la inseguridad jurídica de los miembros de la guerrilla ante la inexistencia de amnistías para ellos; lo cual crea un ambiente de incertidumbre y zozobra que no motiva a los miembros a desmovilizarse”.  

A la par, John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa y experto en conflicto armado, expresó que dicho proceso no gozó de credibilidad porque nunca “se estableció la cantidad y calidad de armas a entregar y no se puede decir un porcentaje de entrega cuando no se sabe cuántas son. Además, en los acuerdos no se hablan de los misiles que las Farc compraron y de esto hay videos. No se habló de las caletas hasta el final, hecho que genera sospechas”.

“No hay una entrega de menores, no hay entrega de reparación a las víctimas, no hay una entrega de rutas del narcotráfico y eso causa poca credibilidad y retrasos dentro de lo que sucede. El programa de sustitución de cultivos es el más problemático: entre el año 2015 y 2016, la tasa de crecimiento de los cultivos ilícitos en un año fue de 260 hectáreas por día y las erradicadas cinco diarias. El plan del Gobierno de erradicar 100 mil hectáreas es imposible de cumplir en un año. La única solución es la dispersión aérea, pero en los acuerdos se consensuó no usar este método, agregó Marulanda.

El abogado y ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín, subrayó que uno de los grandes inconvenientes de este proceso ha sido la desconfianza de la ciudadanía y las incertidumbres dentro de este proceso de reincorporación.

Sobre esto, manifestó que ambas partes “no han aclarado a la opinión pública la evidente contradicción entre la cifra de armas entregada por el Ministerio de Defensa, la cual relevó que hay 14 mil, de las cuales 11 mil son fusiles; y el de la ONU en las Zonas Veredales de Transición y Normalización que es mucho menor. Esperamos que las que están en las caletas, se de la concordancia entre las cifras”.

“Hay otra discordancia entre la cantidad de personas ubicadas en las Zvtn, que no superan las 7.000 y los 13 mil miembros que fueron calculados por un estudio realizado el año pasado por el Ministerio de Defensa; es decir, sería más del doble de las personas que están en las listas. Por eso es importante que se identifique a los milicianos y estructuras de apoyo para comparar números, ya que no hay ambiente de una desmovilización total de las Farc”, analizó el experto.

Para Giovany Areiza, politólogo y docente de la Universidad de Antioquia, “ha sido muy complejo el agrupamiento de los integrantes de la guerrilla, uno de los grandes retos para el Estado será qué grupos están tomando los territorios dejados por las Farc, ya que estas estructuras crean paraestados en dichos lugares. Estas situaciones hacen que sea difícil la identificación efectiva de los grupos y la recuperación del control”.

Uno de los peores ataques a este proceso, a juicio de este analista político, fue la modificación del fast track, “lo cual mina la confianza de los miembros de las Farc, que mal que bien han mostrado su compromiso y han venido cumpliendo en términos de cese al fuego y hostilidades”.

Ariel Ávila, analista político de la Fundación Paz y Reconciliación, destacó que el principal problema es que “las condiciones para dejar las armas no están dadas: las zonas veredales no están terminadas, en muchos sitios no están los contenedores para las armas; y esto debió estar listo desde el primero de diciembre. Por otra parte, las Farc tienen todas la dotación individual de la guerra: fusiles, municiones y cartuchos y armas cortas, lo cual no representa ningún inconveniente para su entrega”.

Lo más difícil para Ávila, es que existen 942 caletas con armas distribuidas por el territorio; por lo menos 500 de explosivos y el resto con fusiles, morteros y otras armas. Sin embargo, destacó que las Farc ya entregaron todas las coordenadas a la ONU.

“Otro obstáculo fue el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el fast track y la seguridad de los miembros de las Farc, lo cual torpedeó el proceso de paz porque creó una inseguridad jurídica y detuvo la entrega de equipamiento individual. Tampoco hay planes listos de reincorporación de los miembros”, comentó el analista y columnista.

¿Qué deben hacer las partes?
Rafael Guarín manifestó que aunque haya un incumplimiento del Gobierno, los retrasos de las Farc crean un mayor escepticismo por parte de la sociedad colombiana, lo cual ahonda los problemas de legitimidad que tiene el Acuerdo de La Habana, ya que ellos se acogieron a la ley y constitución colombiana, no pueden poner de excusa ninguna sentencia. “A mi juicio no deben buscar prorrogas ni asambleas constituyentes, sino que deben cumplir y ser presionadas por la comunidad internacional y el Estado”, agregó.

Marulanda descartó la idea de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por las Farc y el uribismo, y la posibilidad de replantear el cronograma que si “los legisladores consideran que es oportuno y bueno para el logro de la paz, no le veo ningún problema. Eso sí, producto del consenso y votación del Congreso y no una decisión unilateral del Gobierno, lo cual sería un despropósito”.

Ávila aseguró que “técnicamente, el proceso de las zonas veredales necesitan otros tres meses para que se haga bien, pero si le siguen disparando a la implementación de los acuerdos estos torpedos como los de la Corte Constitucional, la cuestión se va a demorar. Si ni siquiera se ha cumplido lo pactado con los lugares donde se iban a agrupar, va a ser imposible sacar esto adelante, se necesita seriedad y cronogramas sólidos”.

“El Gobierno ha sido el que más ha incumplido. Las Farc tuvieron problemas con la entrega de menores que ya se resuelve, al igual que en el tema de sus bienes. Debe construirse un documento que garantice una dinámica de toma y dame, que sea construido por ambas partes y no una decisión unilateral, con el objetivo de superar los inconvenientes que puedan presentarse”, concluyó el académico.

Areiza, por su parte, manifestó optimismo y esperanza, afirmando que es “un problema complejo, pero se ve un futuro muy prometedor. A esto lo que le falta es tiempo; a veces se toma con mucha prisa y con un toque populista, ya que el Gobierno quiere legitimidad y darle credibilidad al proceso de paz, poniéndole plazos a veces muy difíciles de realizar y afectando los resultados de dichas metas”.

Otro de los aspectos que impresionan a este académico es la velocidad en la construcción y consolidación de instituciones que ha tenido el Estado, pero debe trabajarse más en ellas para lograr mejores resultados y la supervivencia de los compromisos de paz en estos acuerdos”, agregó.