En los orígenes del Comité Universidad Estado Empresa (Cuee), el exrector  de la Universidad de Antioquia, Jaime Restrepo Cuartas, solía decir que cada peso que aportaba el sector empresarial a una universidad pública, inmediatamente se convertía en un nuevo peso público que ingresaba al presupuesto de estas instituciones. En la lógica del Dr. Restrepo el dinero privado nunca podría tener la pretensión de cambiar el carácter público de las universidades que lo recibían.
Es importante traer a la memoria lo anterior para contextualizar la afirmación del rector de la Universidad de los Andes (UniAndes) al referirse a la participación de su institución en el contexto del Programa Ser Pilo Paga (Pspp), en donde es el Gobierno Nacional el que gira recursos del presupuesto nacional a universidades privadas para cubrir la matrícula de estudiantes proveniente del Sisben 1, 2 y 3 con excelentes puntajes en las pruebas saber 11; sin ser UniAndes la receptora del mayor número de estudiantes del Pspp si es la que más dinero ha recibido del erario público alcanzando la cifra de 49 mil millones de pesos. Infortunadamente el Dr. Pablo Navas utilizó la participación de UniAndes en el PSSP y, otras posiciones actuales, como ejercer la asesoría al gobierno nacional en el diseño de la política pública en diferentes áreas y aportar capital humano para la dirección del Estado, para decir que “La Universidad de los Andes es la universidad más pública del país”. (Al respecto invito a leer la columna de Julián de Zubiría: http://www.semana.com/educacion/articulo/universidad-de-los-andes-es-publica-julian-de-zubiria/524019)
Concuerdo con el Dr. Restrepo Cuartas que por más recursos que aporte el sector empresarial a las universidades públicas estas nunca dejaran de ser públicas; lo recíproco es también válido: por más dinero que aporte el Estado a las universidades privadas estas nunca dejaran de perder su condición de instituciones privadas. En este sentido parafraseando al Dr. Restrepo Cuartas, cada peso que el Estado gire a una universidad privada, inmediatamente se convierte en un peso privado que ingresa al presupuesto de estas instituciones.
El Gobierno, asesorado por instituciones privadas, ha encontrado el camino para transferir recursos oficiales al sector privado bajo un “manto de transparencia” soportado en un discurso que busca que sectores desfavorecidos socialmente, que han estado excluidos de las oportunidades, puedan acceder a una educación de calidad. No es gratuito que instituciones privadas hagan alianzas con candidatos a gobernaciones y alcaldías, para luego en el poder negociar la participación burocrática colocando a sus funcionarios en posiciones claves para el diseño de programas y políticas públicas que luego ellos mismos implementan. 
Lo nefasto de esta práctica es que hoy son las universidades privadas las que entran a estas dinámicas simpatizando con grupos políticos y candidatos, luego gobernantes, buscando con esto beneficiarse de la contratación pública. Lo mínimo que se debería pedir a estas instituciones que “prestan” transitoriamente a sus funcionarios para conformar los gabinetes de gobierno, es que se declaren impedidas a la hora de participar en las convocatorias que salen a la luz pública.  
Infortunadamente la Universidad de los Andes está siendo víctima de su visibilidad y reconocimiento académico y científico; cada vez la sociedad le demanda más su concurso, no obstante, es importante que consolide un código de ética, que como coraza la proteja de las consecuencias nocivas que se derivan de ser juez y parte en estos asuntos. El rector Pablo Navas y el Consejo Superior de la Universidad de los Andes no deben perder el horizonte, más allá de la coyuntura política del momento, de constituir a la Institución en referente académico, científico y, sobre todo, ético de Colombia.

(*) Profesor Universidad de Antioquia