Entretenidos con las imágenes de guerrilleros que transitan a las zonas de desmovilización y ocupados en descripciones de los campamentos, los medios de comunicación han descuidado su responsabilidad de informar sobre hechos trascendentales derivados de los acuerdos del Gobierno y las Farc, como la creación del sistema de Justicia Especial para la Paz, que será debatida por el Senado luego de su aprobación en Cámara, por 85 de 166 votos posibles. Las elusiones de medios y Congreso intentan ser paliadas por autoridades y expertos que han alertado por los riesgos del modelo ajeno a la institucionalidad democrática. Estas son guías a la opinión pública, que, ojalá más temprano que tarde, tendrá que asumir la defensa de las instituciones democráticas, los derechos humanos y las libertades cívicas.

Cuando aún ejercían las presidencias de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, los magistrados Margarita Cabello Blanco y Danilo Rojas Bolívar, enarbolaron banderas de la Constitución reclamando porque el proyecto en tránsito crea la jurisdicción especial ajena al sistema judicial, en la que sus integrantes no tendrán que responder disciplinariamente ante los órganos competentes. Ello, además de la aprobación de un extraño procedimiento de revisión de tutelas que involucra a la sala objeto del reclamo especial. Quienes lamentan la irracionalidad institucional del organismo critican, como lo hicieron los representantes Clara Rojas, liberal, y Samuel Hoyos, del Centro Democrático, que se instituya una jurisdicción especial pero no se hayan definido aún los procedimientos y garantías plenas a las víctimas y a la sociedad. El procurador Fernando Carrillo, cuya proximidad con el Gobierno es indiscutida, llamó la atención porque se ha decidido que esa entidad, la veedora y garante de la vigencia de los Derechos Humanos, no tendrá la posibilidad de vigilar e intervenir en procesos en los que debiera ser obligatoria su participación en tanto el órgano más experto del país en las materias sometidas a esa jurisdicción.

Con incansable insistencia, voceros gubernamentales, aliados de los acuerdos y hasta los jefes guerrilleros han proclamado que el acuerdo se suscribió para poner a las víctimas en el centro. Y que la Justicia Especial para la Paz tiene la finalidad de garantizarles verdad, justicia, reparación y no repetición. El alto riesgo de que esas promesas sean incumplidas por una justicia incompleta, con marcos laxos y sin dientes para combatir reincidencias, ha sido denunciado por representantes como Clara Rojas, organismos defensores de Derechos Humanos y el fiscal general.

Aunque se destaca la novedad de que el proyecto en curso incorpore, a tono con los códigos internacionales, el concepto de “Responsabilidad de mando” (que vincula a los superiores jerárquicos que pudieron omitir sus deberes o dieron órdenes equívocas con la responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos), la redacción confusa de los artículos sobre mandos militares motivó alertas de la fiscal de la Corte Penal Internacional y de Human Rights Watch, que recordaron que hechos de impunidad en el país serían controlados por la CPI. Y Rodrigo Uprimny, analista de Dejusticia, recogió críticas de analistas que reclaman porque “este proyecto sólo prevé explícitamente la responsabilidad del mando frente a agentes estatales, lo cual ha permitido que algunos argumenten que ésta no se aplicaría a la guerrilla”.

La justicia transicional tiene como propósitos las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sobre la de verdad, observadores como el columnista Juan Lozano, critican estructuras dirigidas a “cazar brujas” más que a rendir cuentas por las responsabilidades en el conflicto armado. Los vacíos en reparación son señalados por la representante Rojas, que lamenta el artículo transitorio 15 porque crea “el beneficio para los integrantes de grupos armado de no ser obligados a realizar la indemnización a las víctimas del conflicto”. Y los riesgos de incumplimiento en no repetición fueron destacados por el fiscal general, que alertó al Congreso porque el proyecto aprobado “no precisa si en caso de revisión de la pena por parte de la JEP, en el evento de una reincidencia, habría lugar a tratamiento penitenciario ordinario y cómo se llevaría a cabo el juzgamiento”.