Las absurdas exigencias del Eln

Autor: Editor
11 enero de 2017 - 01:00 AM

Estos infantes abren un registro trágico que amenaza acrecentar el del año pasado, cargado de inconsistencias y adobado con elusiones de responsabilidad que ofenden.

Las entrevistas radiales con personas cercanas al proceso, los documentos de activistas presionando el inicio de los diálogos públicos y las comunicaciones del Eln en sus redes sociales amplían la incertidumbre y llevan al mínimo cualquier esperanza de buen suceso en la reunión de negociadores del Gobierno Nacional y ese grupo, prevista para el jueves en Quito. Según la Presidencia de la República, el encuentro buscaría “encontrar fórmulas de entendimiento que conduzcan a la apertura de la mesa pública de conversaciones”; según agentes cercanos al Eln, este grupo pretendería allanar la adopción, con inquietantes impactos, de los protocolos de Ginebra como marco de negociación.

Caminante de la política, a pesar del mandato de Jesús de “dar a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar”, el arzobispo de Cali es protagonista informado de esas sinuosas conversaciones. Tal calidad exige atender sus explicaciones a Caracol Radio (ver en: https://goo.gl/evj4S7) sobre el distanciamiento de las partes, luego de que el pasado 30 de marzo hubieran hecho grandes fiestas con el acuerdo sobre la agenda de negociación y el inicio de la fase pública de diálogos. Las declaraciones demuestran que más que en la defensa del Gobierno a la vida y libertad de los colombianos secuestrados y amenazados por esa organización o en la de ese grupo a guerrilleros presos, las diferencias de las partes se originan en lo que monseñor Monsalve acepta como “convicción del Eln de su derecho a la rebelión”. La admisión de tal tesis hace temer que el prelado sufra de ingenuidad comparable a la que aquejó a los jerarcas que impusieron el infructuoso diálogo de la Mesa de Unidad Democrática con el chavismo, que puso a Venezuela al borde de la guerra civil o de una firme intervención de la comunidad internacional. Volviendo al Eln, es necesario reconocer que la proclama repetida por el arzobispo no es un simple giro retórico, sino que es la base a partir de la cual ese grupo desconoce la legitimidad de nuestra Constitución y Estado de Derecho y, consecuentemente, exige que la negociación se adelante “sobre el Derecho internacional humanitario” entre partes iguales. Admitir tal exigencia no sólo abriría las puertas a su vieja aspiración de ser reconocidos como fuerza beligerante y, en consecuencia, merecedora de prerrogativas que hoy les están negadas, sino que también rebajaría a su mismo nivel a la contraparte negociadora, como parte beligerante; no como el Estado que representa y es el delegatario del poder soberano del pueblo colombiano. De manera inmediata, el propósito de que se acepte esta visión es crear confusiones que el jerarca propone que se superen mediante una “comisión para un acuerdo humanitario”, cuyo efecto inmediato no sería la liberación de secuestrados y garantías de favorabilidad a los presos, sino la dilación que ampara el terrorismo amenazante de ese grupo.

Monseñor Monsalve no es el único colombiano que le exige al doctor Santos no considerar el costo para negociar con el Eln. En carta pública, activistas de medios de comunicación, ONG y universidades, igualan a las partes para exigirles “ceder en su arrogancia y priorizar, ante todo, la urgencia nacional de la paz”. Inspirados en la desmesura con que se están imponiendo los acuerdos con las Farc, los autores dan a la paz un carácter tan “fundamental” que se permiten usarla como pretexto para reclamar del presidente que tome el mandato del pueblo soberano para buscar la paz, como pretexto para exceder los límites de sus facultades constitucionales.

Dado el expreso desconocimiento del Eln a los fundamentos del Estado de Derecho la pregunta que tendría que responder al presidente no es la de quiénes son los negociadores; cuáles las condiciones que se les permite a aliados internacionales como Nicolás Maduro o Rafael Correa, o cuáles los instrumentos que le permitirían resolver las dificultades de la negociación. No, esas son preocupaciones secundarias a la realmente trascendental sobre la calidad en que el doctor Santos, o sus delegados, concurrirá a una negociación que en análisis del 2 de abril (ver en https://goo.gl/CcHdJ4) auguramos larga y difícil en virtud de que el Gobierno había aceptado una maximalista propuesta de agenda con amplia participación ciudadana en vez de buscar la incorporación, si se quiere en condiciones iguales, de esa organización al proceso avanzado con las Farc. La imposición de un modelo como el único posible para buscar la paz del país empieza a pasar factura en la abusiva exigencia del “acuerdo especial” y la incertidumbre por el futuro de una negociación que en ocho meses sólo ha producido secuestros, terrorismo y muerte.

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