El transcurrir del posacuerdo sigue mostrando quiénes son los verdaderos beneficiarios de la negociación del Gobierno y las Farc.
Transcurridos ocho meses de la firma del acuerdo final, las Farc no han terminado de informar la ubicación y ayudar a la extracción del contenido de sus caletas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. En este momento ya reconocen haber incumplido, y aseguran que lo seguirán haciendo, con la liberación de los menores de edad víctimas de reclutamiento forzoso, que son todos los que siguen con ellos. El Gobierno, por su parte, apenas llevó al Congreso un inquietante proyecto de reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, mientras que avanza lentamente el proceso de selección de sus integrantes y de los miembros de la Comisión de la Verdad.
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La lentitud, y el olvido que la protege, no rige para las Farc. Como si le hubieran cumplido al país, sus miembros le han puesto acelerador a su pretensión de participar en la política colombiana con una organización para la que reclaman todas las garantías del Estado para la actividad proselitista, más las gabelas que les otorgó el acuerdo siendo la más estimada por ellos, la de la impunidad. Para su propósito apelan a la estrategia de meter agujita, o sea anunciar decisiones políticas que la adormecida colectividad aprueba, para sacar aguijón, o sea obtener olvido para sus crímenes contra toda la sociedad.
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La primera aguja usada para esta campaña es haber nombrado su partido político con una sigla en la que habilidosamente incluyeron el término Reconciliación, la que le quieren imponer a las víctimas a cambio de levantarles las duras acusaciones con que las acosan cuando reclaman sus derechos. Al dejar la sigla, estratégicamente, saben que tendrán algunas críticas de sectores que están alerta por sus artimañas. Pero también reconocen que van a estar compensados con el progresivo olvido de muchos a los crímenes cometidos usando ese nombre, por la recordación general e, incluso, porque la sola mención de la sigla Farc-ep hace temblar de miedo a quienes habitan en territorios agredidos por ese grupo.
Cuando encontraron que la conservación de su sigla no había escandalizado, las Farc se atrevieron a un paso aún más humillante para la sociedad colombiana, que fue el de ?lanzar la bola? (como el argot periodístico llama a tirar un rumor) de algunos de los aspirantes a ser llevados a las listas del senado. Los dos que anuncian que las encabezarían son peligrosos miembros del Secretariado General a quienes la Corte Suprema de Justicia impuso condenas de muchas décadas como responsables de crímenes de lesa humanidad. Por la vía de sus candidaturas y el pacto con el gobierno del doctor Santos, los aspirantes obtendrán su premio mayor, que es la impunidad y el olvido para los crímenes perpetrados contra el pueblo colombiano. Aunque lo sabe (¿o porque lo sabe?) el Gobierno calla ante la presentación de aspiraciones que humillan a las víctimas, o sea al país. Y porque no entienden, los medios de comunicación replican las candidaturas y omiten recordar la impunidad que con ellas se reclama.
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El transcurrir del posacuerdo sigue confirmando los lugares dados a cada quien en la negociación. El protagonismo indiscutido ofrecido a las Farc. Y el progresivo relegamiento de las víctimas al olvido, si callan y omiten exigir a sus victimarios que les restituyan sus derechos, o a la revictimización, si consideran que son los victimarios, no la sociedad, quienes deben ofrecerles verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que incluyen la renuncia a humillarlas.