La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó este miércoles que el país está preparado para enfrentar la demanda interpuesta por la multinacional española Gas Natural Fenosa ante un ente de Naciones Unidas por la liquidación de su filial Electricaribe, lo que se hizo debido a su mal servicio e inviabilidad financiera.

"Nos hemos venido preparando para esta demanda desde hace ocho meses. Contamos con el acompañamiento de abogados de un grupo internacional que ha manejado controversias internacionales", manifestó Lacouture.

“El Gobierno está garantizando la prestación de un servicio esencial y necesario para los colombianos y como tal está actuando en derecho. Venimos preparándonos desde hace ocho meses para este proceso, hemos adelantado un trabajo para tener una defensa contundente”, explicó.

Después de analizar varias propuestas, el Gobierno eligió a la firma estadounidense Sidley Austin, que tiene representación en varios países, y ha tenido a su cargo diferentes controversias internacionales, para llevar este proceso ante los organismos internacionales. La ministra reiteró que Colombia es un país garante de la inversión extranjera y respetuoso de las normas que en esta materia están vigentes.

“Colombia ha trabajado para mejorar el clima de inversión y la confianza inversionista. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) avaló el Comité de Normas Regulatorias, con lo que da el visto a Colombia como un país que cumple con los procedimientos, que tiene reglas claras, que respeta las normas y que adelanta todo el acompañamiento a los inversionistas nacionales e internacionales. Hay otros organismos que destacan el trabajo de Colombia en atracción de inversión extranjera”, dijo la Ministra.

Igualmente, destacó que desde el 2010 cerca de 800 empresas han invertido en Colombia, dentro de las cuales se encuentra la misma Gas Natural Fenosa, que a través de su filial de gas invierte más de $70.000 millones y que anuncia una reinversión para los próximos años de $115.000 millones.

“Todo esto demuestra que los inversionistas siguen confiando en el país. La inversión sigue creciendo en más de 111% en los últimos seis años”, señaló la Ministra de Comercio, Industria y Turimo.

La ministra se refirió a la demanda que interpuso Gas Natural ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia
más de US$1.000 millones por la liquidación de Electricaribe anunciada el pasado 14 de marzo.
 
La ministra reiteró que la intervención y posterior liquidación de Electricaribe, ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debido a las fallas en la prestación del servicio en su área de operación, que abarca siete departamentos de la costa atlántica, no es una "expropiación" como argumenta la empresa española. "Esta medida de intervención no es una expropiación o nacionalización de la empresa", subrayó.

En la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural Fenosa argumenta "ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años" en
Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe por parte del Gobierno "constituye una expropiación sin indemnización".

El Gobierno nacional intervino a Electricaribe, cuyo 85% es controlado por Gas Natural Fenosa, a mediados de noviembre y, tras cuatro meses de negociaciones infructuosas, el
pasado 14 de marzo anunció la liquidación de la sociedad.

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La filial colombiana asegura que parte de los problemas que tiene se deben a la alta tasa de impago de sus usuarios y al robo de electricidad de sus redes. Sin embargo, otras voces del sector eléctrico han señalado la falta de inversión para la mejora de la prestación de servicio como una de las causas que llevó a Electricaribe a su situación actual. La empresa atiende a 2,5 millones de clientes en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. 

Gas Natural Fenosa busca revertir decisión sobre Electricaribe en varios frentes

Además de la acusación contra el Gobierno colombiano ante el tribunal de Naciones Unidas, Gas Natural Fenosa o bien otros empresarios españoles se estarían moviendo en varios frentes presionando al país para que revierta su decisión sobre Electricaribe. Es así como la semana pasada un bufete español llevó ante la Ocde su "preocupación" por la liquidación de la empresa de electricidad.

La firma Cremades & Calvo Soteldo abogados, aunque no se precisa según la información dada por EFE si representa a la trasnacional de energía en esta acción, tiene al menos a uno de sus socios entre los miembros del consejo de administración de Gas Natural Fenosa.

El documento de Cremades & Calvo Soteldo, titulado "Informe internacional sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica", fue presentado a la directora del departamento de Inversiones de la Ocde, Ana Novik, así como al embajador de España ante el organismo, José Ignacio Wert. El bufete de abogados español, considera lo ocurrido "un serio retroceso" para las inversiones en el país.

Aunque dicho despacho, dice haber elaborado el informe por encargo de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), vale la pena mencionar que Cremades & Calvo Soteldo -según su propia página web- actúan como encargados de la secretaría general de la asociación. En la elaboración del documento contaron con la colaboración de la World Federation of Investors (WFI) y de la European Federation of Investors Better Finance.

La delegación de Cremades & Calvo-Sotelo -compuesta por su vicepresidente, José Francisco Estévez; el socio Eduardo Sebastián de Erice y el asesor sénior internacional, Gabriel Fernández Rojas- abordó con sus interlocutores en París la "fragilidad del modelo de supervisión" vigente en Colombia. 

"Este informe pone de manifiesto la debilidad del sistema de supervisión de organismos independientes" en Colombia, señaló Estévez en declaraciones a Efe.

En esa misma línea, el comunicado alerta del riesgo de que Colombia siga un modelo "superado en Argentina, México, Perú y otros muchos países del área, y conservado en Venezuela o Bolivia". De tal forma ya Colombia no es acusada por un privado (Gas Natural Fenosa) en una acción individual, sino que su sistema regulatorio es puesto en entredicho de manera global, por lo que se supone deberían ser asociaciones civiles independientes.

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El análisis se presentó simultáneamente ante la Ocde, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, y sería examinado esta semana por las asociaciones internacionales de defensa de los accionistas minoritarios en Gante (Bélgica).