La propuesta de reforma política apenas esbozada por el Gobierno Nacional desconoce abiertamente el trabajo que expertos, universidades, organizaciones sociales y partidos políticos hemos venimos haciendo desde hace muchos años.

Es cierto que el proceso electoral en Colombia está regido por una legislación incompleta, anacrónica y que sufre de amplios problemas técnicos derivados de reformas parciales y coyunturales. Sin embargo, eso no puede llamarnos a la premura; por el contrario, necesitamos una reforma de fondo, que ataque los problemas ya identificados y que contribuya de manera significativa a un cambio político, alentando la participación popular y evitando caer en graves amenazas a la estabilidad de nuestro país.

Por eso, es necesario, por ejemplo, abordar la importancia de llevar a cabo consultas internas para definir listas a corporaciones públicas en remplazo del voto preferente. Las consultas son el mecanismo por excelencia de la participación democrática para tomar decisiones y elegir candidatos propios en los partidos. Así, no solo debe implantarse este mecanismo, sino que sus resultados deben hacerse de obligatorio cumplimiento so pena de que los partidos o movimientos deban reintegrar todos los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, para llevar a cabo este proceso.

Por su parte, en relación con la financiación de las campañas electorales, son necesarias varias modificaciones dirigidas por ejemplo a que el sistema financiero cuente con garantías aportadas por el Estado, que faciliten la aprobación de créditos y el desembolso de préstamos, para la financiación legal de partidos y campañas. Es urgente fortalecer los mecanismos crediticios necesarios para satisfacer las necesidades de liquidez de los candidatos y que las instituciones financieras abran líneas especiales de crédito para los partidos, movimientos, agrupaciones políticas o campañas que lo requieran.

Esta, será una herramienta clave para evitar, detectar y sancionar la entrada de financiación prohibida a las campañas electorales; es decir, para acabar de una vez por todas, con la aceptación de dineros provenientes de actividades ilícitas o de personas naturales con procesos judiciales vigentes por delitos relacionados con la financiación o pertenencia a grupos armados ilegales; al narcotráfico o a la explotación ilícita de yacimientos mineros, entre otros. Esta reforma, puede ser una oportunidad única para cambiar viejas prácticas y resolver problemas que están sobre diagnosticados. Ojalá que el afán de visibilidad política, no obstruya la necesidad de lograr un adecuado diseño de nuestro sistema electoral.