A tal grado de desespero ha llegado el gobierno de Santos en su afán de regalarles 16 curules a las Farc, que ha tenido el descaro de acudir a la trampa más burda y vulgar que pudo imaginar, pisoteando todas las normas legales: hacer que una juez cualquiera aprobara una tutela interpuesta para reclamar el supuesto derecho de las ‘víctimas’ a estar en el Legislativo.
Por donde se mire, el asunto da pena. Para empezar, Robinson López, el accionante de la tutela, es un contratista del Ministerio del Interior, cuyo titular, Guillermo Rivera Flórez —un mediocre representante a la Cámara que en 2014 se quemó en el intento de saltar al Senado—, ha sido el más interesado en sacar avante esta concesión. Además, ambos son oriundos del departamento del Putumayo, lo que sin duda no es una casualidad.
De hecho, la juez que admitió la tutela fue auxiliar de la magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle, conocida por sus posiciones favorables al gobierno de Santos. Y, adicionalmente, el magistrado ponente de la Acción de Cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde aún está vivo ese recurso, es magistrado suplente de la JEP. ¡Vaya sorpresas!
Como es obvio, poner tutelas no es un delito, pero que un juez pretenda provocar una reforma constitucional mediante esa tutela y hasta incurra en errores mayúsculos como ordenar que el acto legislativo sea enviado al presidente de la República para su promulgación cuando estas reformas son potestativas del Congreso y no requieren sanción presidencial, constituye un flagrante prevaricato, una arbitrariedad, un desafuero que no está facultado para formular.

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Es bien sabido que la acción de tutela ha tomado mucho vuelo y se le han permitido alcances insólitos. Que eso de los derechos fundamentales ha ido demasiado lejos y que, como a los jueces nadie los ronda, muchos han decidido conceder solicitudes descabelladas, pero quebrantar la separación de poderes, invadiendo las prerrogativas de las otras ramas, es un severo atentado al Estado de Derecho.
Ya era suficientemente grave que Santos hubiera alineado el Legislativo con chorros de dinero como para que ahora se elimine la separación de poderes amedrentando a su presidente con cargos de desacato u omisión. Aquí es la juez quien está quebrantando la ley y debería ir a la cárcel, o es que ¿en serio vamos a admitir el absurdo de perpetrar una reforma constitucional a través de un juez vía tutela?
Recordemos la gran cantidad de decisiones abusivas y despóticas que se han tomado en Venezuela desde que Chávez llegó al poder hace 18 años, por parte de jueces, fiscales, procuradores y toda clase de funcionarios que no estaban facultados pero que terminaron dándole el visto bueno a cada una de las medidas dictatoriales del socialismo del siglo XXI que han llevado a ese país a la ruina económica, social y moral.

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La paz no lo vale todo y mucho menos una paz imperfecta en la que se privilegió el crecimiento desmesurado de los narcocultivos, el cambio de brazaletes que incrementó notoriamente la capacidad del Eln, la no desmovilización de las milicias y el aparente surgimiento de unas supuestas disidencias o grupos residuales que más parecen un plan B de las Farc por si las cosas no les salen como quieren.
Lamentablemente, el gobierno aún tiene mucho poder y lo va a seguir usando hasta el último día sin importar cuánto tenga que mentir, engañar o chantajear. En Perú, Pedro Pablo Kuczynski está al borde de la destitución por un contrato que su empresa tuvo con Odebrecht, una nimiedad en comparación con todo el daño que le ha hecho el señor Santos a las instituciones. Sin embargo, el nobel de Paz se pavonea por todo el país como si nada, convencido de que puede manejarlo como una finca y hacer todo lo que se le antoje.