El fortalecimiento de la formación superior en derecho administrativo y en derecho económico, a través de diferentes especializaciones y maestrías, debería ser el escenario adecuado, para que a partir de estudios sociales y económicos, se planteen iniciativas sobre lo que debe ser el presente y el futuro del sector de los servicios públicos.

La crisis notoria que se registra en la prestación de los servicios de salud, las iniciativas de incrementar la edad de las pensiones y las protestas que se presentan en algunos sectores del país en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios a acueducto, alcantarillado, energía y aun en los no domiciliarios como las telecomunicaciones, deben servir de motivo suficiente para iniciar una reflexión colectiva en torno a la revisión que debe hacerse a leyes como la Ley 100 de 1993 y 142 de 1994.

Llevamos más de veinte años de aplicación de un modelo, que surgió como respuesta a la crisis que se experimentaba en el sector de los servicios públicos en los años noventa, y ya es hora de que se examinen las dificultades actuales del mismo, y se avance en transformaciones de fondo, que solucionen situaciones que todos los días se hacen más críticas, que sin duda reproduciendo las condiciones actuales de prestación de los servicios, no van a solucionarse.

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Si bien las transformaciones realizadas en los años noventa, eran necesarias y correspondían a las condiciones del país, ha llegado la hora de hacer evaluaciones a fondo y verificar, si el modelo adoptado es suficiente para cumplir con los objetivos esperados o si por el contrario se requiere una transformación sustancial del modelo, con el fin de poder lograr el objetivo de servicios universales, de buena calidad y a una tarifa razonable que estén en capacidad de pagar todos los usuarios.

En particular debe examinarse si el sistema de controles, que se ha generado con la transformación institucional ha sido el adecuado, y si fuera del control judicial que se ejerce a través de las acciones de tutela, existe en Colombia mecanismos idóneos de protección de los derechos de los usuarios, de la preservación del patrimonio público y del medio ambiente, que garanticen que el cumplimiento de los planes sectoriales permiten vislumbrar que lograremos completa satisfacción por la eficiente prestación de los servicios en pocos años.

También debe entrar en el orden del día el examen sobre el cumplimiento del papel redistributivo del bienestar que debe lograrse a partir de la prestación de servicios públicos y si se cumplen los niveles de eficiencia y proscripción de la corrupción que debía lograrse como efecto de terminar con los monopolios públicos y permitir que la prestación de los servicios, se realice con la concurrencia de los particulares.

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Cuando se reflexiona sobre las condiciones en que se prestan los servicios públicos, incluida la salud, en algunos departamentos en particular de la Costa Atlántica, y aún en otras de las regiones del país, nos debe surgir la pregunta, de sí entidades como las superintendencias, las auditorías externas de gestión y resultados, las contralorías tanto nacional como las territoriales y la procuraduría han ejercido sus funciones en forma adecuada; muy probablemente la respuesta será que no, por lo que las fallas reflejadas en el control deben constituir uno de los puntos de partida de los análisis que proponemos que se realice.

Cumpliendo su función social, la Universidad debería liderar la formulación de propuestas sobre el presente y futuro del sector de los servicios públicos en la que se incluyan temas como, la evaluación de la participación privada en el sector, las condiciones en que debe participar el Estado en escenarios de competencia, la adecuada aplicación de políticas tendientes a la universalización de los servicios, y los niveles de eficiencia del actual esquema de controles y protección de los usuarios

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