La implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc ha sido sumamente difícil, como lo demostró el cruel asesinato de seis campesinos en Tumaco (Nariño) la semana pasada en medio de un operativo de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Que el proceso de implementación del acuerdo de paz iba a ser espinoso era algo sabido, pues implementar y construir la paz es más complicado y lento que firmar un acuerdo. Pero el hecho de que estas dificultades no sean motivo de sorpresa, no significa que no haya razones para la preocupación.

Las Farc han dejado de existir para siempre como grupo guerrillero, lo cual es un gran logro y una ventana de oportunidad para la construcción de una Colombia diferente, menos violenta y más justa. Sin embargo, nada garantiza que las cosas salgan bien, pues el Estado parece estar quedándose corto ante el reto de la paz. Esto empezó a hacerse evidente con los retrasos en la adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, cuya organización era, en teoría, la tarea más sencilla e inmediata que recaía sobre el Estado. El paso del tiempo ha confirmado lo anterior.

No voy a caer en el facilismo de atribuir el incumplimiento del Estado a la falta de “voluntad política”, pues este es un concepto difícil de analizar y monitorear en la práctica. Además, hacer eso implicaría dejar de lado el hecho de que este (in)cumplimiento no es una mera cuestión de voluntades, debido a que existen diversos tipos de restricciones que limitan la capacidad de acción del Estado y que deben ser tenidas en cuenta.

La más seria de estas restricciones es, sin duda alguna, la debilidad del Estado colombiano. El sociólogo Michael Mann diferencia entre dos tipos de poder estatal: i) el poder despótico, que hace referencia a la capacidad de las élites gobernantes de tomar decisiones sin tener que negociar con la sociedad civil y otros actores de poder; y ii) el poder infraestructural, que consiste en la capacidad del Estado para implementar efectivamente sus decisiones a lo largo y ancho del territorio. Un Estado puede tener un gran poder despótico, que se materializa en la capacidad que tienen las élites políticas de tomar decisiones de manera autónoma y, simultáneamente, tener un poder infraestructural débil, cuando no cuenta con las capacidades burocráticas e institucionales requeridas para hacer que sus disposiciones sean implementadas en todo el territorio nacional.

Al margen de lo que se piense sobre el carácter despótico o no despótico del Estado colombiano, es claro que éste cuenta con un poder infraestructural débil. De manera esquemática, es posible afirmar que se trata de un Estado fuerte en los principales centros urbanos de Colombia y que, conforme se pasa de lo urbano a lo rural, se va haciendo más débil hasta llegar al punto del abandono institucional en diversas zonas del país. En Colombia existe, como lo ha explicado Fernán González, una “presencia diferenciada del Estado” en el territorio.

En un estudio publicado en 2014, se demostró que más del 60% del territorio nacional, en el que habitan más de seis millones de personas, estaba en una situación de abandono estatal que podía calificarse como un “apartheid institucional” (Mauricio García Villegas y José Rafael Espinosa, “El derecho al Estado”). La primera y más grave consecuencia de lo anterior es la violación de los derechos fundamentales de quienes habitan dichos territorios, pues el Estado es la única institución que puede garantizar la protección y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos.

Es esta debilidad infraestructural la que explica, al menos parcialmente, el incumplimiento, por parte del Estado colombiano, de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz con las Farc. Para garantizar que en los próximos 15 años el proceso de construcción de paz en Colombia tenga un éxito al menos relativo, se necesita de un Estado que sea infraestructuralmente fuerte y, al mismo tiempo, respetuoso de los derechos de los ciudadanos. El problema es que ese Estado deberá construirse de manera simultánea con la implementación de los acuerdos y, tal vez, eso sea pedir demasiado. Amanecerá y veremos.