Desde la llegada del chavismo al poder, un alto funcionario en ejercicio no se había plantado contra el Gobierno. La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, ha criticado varias de las medidas tomadas por el presidente de ese país, Nicolás Maduro, para  terminiar la crisis sociopolítica y las protestas que ya dejan 72 muertos hasta el cierre de esta edición.

El aparente romance del Ministerio Público con el oficialismo se rompió hace dos meses, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima autoridad judicial venezolana, emitió una sentencia en la que asumía las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Ortega afirmó que esa sentencia, derogada dos días después, significó una “ruptura del orden constitucional del país” y que “se desconoció el modelo de Estado formulado en la Constitución de 1999”. 

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De inmediato, el presidente Maduro respondió que “la única ruptura del orden constitucional fue el encabezado por la derecha fascista en el 2002”, refiriéndose al fallido golpe de Estado del 11 de abril de ese año que se intentó hacer al entonces presidente y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Un mes después, cuando Maduro anunció que convocaba a “todos los sectores de la sociedad” a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Magna, uno de los grandes legados de Chávez, Ortega dio un paso al costado. Afirmó que la Constituyente solo empeoraría la tensión social y presentó un recurso de nulidad ante el TSJ para cancelar la convocatoria.

Asimismo, criticó las acciones de las autoridades venezolanas por la fuerte represión a los manifestantes durante las manifestaciones y afirmó que el derecho a la protesta legítima se debe respetar.

La declaraciones de la fiscal no ha caído bien en los círculos chavistas, que han lanzado toda una campaña de desprestigio contra ella.    

Un historial bolivariano

Desde su juventud, defendió las causas sociales y de la izquierda. Mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Carabobo, militó en el grupo Ruptura, una fachada legal creada en los setentea por el Partido Revolucionario Venezolano, fundado por el Douglas Bravo, un exguerrillero del vecino país. 

Comenzó su labor en el Estado trabajando como consultora jurídica en el canal de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Su ingreso al Ministerio Público fue en el 2002. Llegó como fiscal investigadora, llevando casos como el de los militares que dispararon en el intento de golpe de Estado de ese año.

Sin embargo, su llegada a la dirección del Ministerio Público fue en el 2007, reemplazando a Isaías Rodríguez, su mentor jurídico y un pez gordo del chavismo que actualmente es embajador de Venezuela en Italia.

A pesar de que nunca militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni ejerció cargos de elección popular a nombre de algún partido chavista, Ortega, con sus decisiones, ha defendido las causas del oficialismo. Estuvo alineada con el presidente Chávez y no cuestionó ninguna de las políticas que implementó.

Ronal Rodríguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que su llegada se dio después de la primera derrota de Chávez.

“El chavismo, que venía fortalecido y consolidado después de la victoria de la revocatoria del 2004 y las elecciones presidenciales del 2006,  perdió el referendo del 2007, que pretendía cambiar 69 artículos de la Constitución, en lo que se considera la primera derrota electoral de Chávez”, explicó el docente. A eso se le suma la primera crisis económica de la era Chávez en el 2008.
Después de su imposición como fiscal, “se convirtió en un instrumento de persecución política. Durante su gestión en la Fiscalía, se iniciaron más procesos de persecución política que en las anteriores”, agregó Rodríguez.

En su tiempo como fiscal investigadora, tuvo casos los relacionados con el golpe de Estado del 2002  y también contra algunos opositores como María Corina Machado, cuando ella dirigía la organización Súmate, la cual promovió el revocatorio contra Chávez.

Desde su despacho, no se investigó a ningún funcionario del Gobierno, siendo el caso más emblemático e importante el proceso de investigación y acusación contra el líder del partido opositor Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, y el de miles de manifestantes acusados de instigar a la violencia desde el 2014.

El analista político del Think Tank venezolano Análisis y Estrategia, Ricardo Ríos, recordó que, en términos políticos, la fiscal fue reelecta y ratificada por la Asamblea Nacional para ejercer el cargo, apoyada por el diputado Diosdado Cabello, que pidió perdón la semana pasada por apoyarla.

“Ella, en su juventud, fue una militante de izquierda. Ahora, es consecuente con sus ideales, alzando su voz en defensa de la Constitución de 1999. Con las sentencias 155 y 156 del TSJ, que le quitaba las facultades al poder legislativo, su posición fue importante para la posterior decisión de hecharla para atrás”, agregó Ríos.

Sigue siendo chavista

A pesar de alejarse de las decisiones del presidente Maduro,analistas consultados por EL MUNDO coincidieron en que ella no ha abandonado su ideología. “Sigue siendo chavista, muy difícilmente deje de serlo. Puede que esté está tratando de mantenerse al margen del Gobierno, pero su historial de toda la vida es de izquierda”, explicó Luz Mely Reyes, periodista cofundadora del medio de comunicación digital venezolano Efecto Cocuyo.

Para la comunicadora, ella siguió el mismo accionar y línea de trabajo que estaba haciendo su predecesor.

“Ella no ha cambiado su forma de pensar. Lo que hizo fue asumir una posición frente al Gobierno. ¿Por qué? Hay varias teorías. Se dice que en el viaje a  Ginebra que hizo el año antepasado se le insistió en la omisión de la Fiscalía en la defensa de los derechos humanos de su país”, afirmó Reyes.

Agregó que  es una mujer que cree en la Constitución y en las posturas ideológicas de Chávez y ha querido seguir el mismo camino. 

Sin embargo, “Maduro no ha seguido el legado de Chávez y quiere matar uno sus legados con la Constituyente. Por eso, personajes como Ortega, que siempre defendieron contra viento y marea a Chávez, no siguen ni apoyan las decisiones tomadas por el actual presidente. Además, su formación como jurista hace que esté en contra de que los militares y la Policía sometan a juicio a los civiles”, afirmó Reyes.

En lo mismo coincide Ríos, al afirmar que no se puede hablar de un cambio de postura, porque, según el funcionario, ella defiende la ideología bolivariana en términos y en función de la Constitución .

“Ella está siendo consecuente jurídica y políticamente. Sigue el legado de Chávez en términos constitucionales y como lo indica la Carta Magna. Por el contrario, Maduro sí está rompiendo con su legado. Nicolás y sus seguidores tienen una dificultad discursiva, porque ahora tienen que cambiar el principal legado de Chávez. Entonces hay una contradicción que le está pasando factura al Gobierno”, afirmó el analista político. 

Juan Francisco Alonso, periodista especializado en la fuente judicial, agregó que en sus pronunciamientos contra la Constituyente ha recordado que la Constitución de 1999 es legado de Chávez y que es “inmejorable”. 

La arremetida oficialista

Sectores oficialistas la han acusado de “traidora” y de “loca” y han exigido que se someta a un examen psiquiátrico para determinar si está en condiciones para continuar en el cargo.
La semana pasada, el TSJ admitió la solicitud hecha por el diputado oficialista Pedro Carreño para determinar si hay méritos para llevar a juicio a Ortega por “atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa” y de actuar ignorando la Constitución, lo que podría implicar el cese temporal en sus funciones.

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Ortega calificó la intención del Supremo de “grotesca”. Agregó que en Venezuela este tipo de acciones no tendrían cabida si se respetara la Constitución y señaló, en este sentido, que en el país “se ha desmantelado el estado de derecho” y que “más bien en un estado de terror”.

Asimismo, el vicepresidente del Ejecutivo, Tareck El Aissami, la calificó de “indigna”. Diosdado Cabello le pidió que retomara su rumbo, teniendo en cuenta que él fue el que la propuso ante la Asamblea Nacional en el 2014.

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Para Rodríguez, cuando un funcionario se desvincula del Gobierno, suele presentarse una arremetida que busca despretigiarlo desde lo personal y lo profesional.
“Cuando Raul Isaías Baduel decidió no apoyar la Constituyente y desvincularse del Gobierno, lo denigraron desde todo punto de vista. En el aspecto personal, los medios estatales publicaron fotos comprometedoras de su vida intima. Era una persecución desesperada por parte del chavismo por acabarlo como figura política y como persona por considerarlo traidor”, sostuvo Rodríguez.

Por eso, acusar a Ortega de locura es parte de la estrategia de desprestigio. Ortega, como le pasó a  Baduel, tendrá que enfrentar la fuerte arremetida del Ejecutivo, que usará sus influencia en la rama Judicial para sacarla de carrera.

Rodríguez agregó que el desprestigio “es una estrategia común en Venezuela y no solo del chavismo. Al propio Chávez, en su momento, la oposición lo acusó de desequilibrio mental”.

Por ahora, además de la tensión social que se vive diariamente en las calles de las princiles capitales de Venezuela y que los líderes de la oposición y el oficialismo no se ponen de acuerdo para conciliar y la situación parece no mejorar, se suma la confrontación de la Fiscalía General y el Supremo.

La oposición, agrupadas en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha defendido su labor desde que empezó a ser crítica del Gobierno. 

El presidente de la Cámara y portavoz de la MUD, el opositor Julio Borges, dijo el Gobierno “se ha puesto al margen de la Constitución y, en consecuencia, su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie de acuerdo al artículo 350 de la Constitución”. 

Hasta ahora, la Asamble Nacional Constituyente de Maduro está prevista para realizarse el próximo mes.