Las practicas non-sanctas de la multinacional Odebrecht han puesto en evidencia la ola de corrupción que afecta a América Latina y cómo una firma con su poder económico pudo penetrar las entrañas de gobiernos e instituciones públicas. Marcelo Odebrecht y sus 40 ladrones se gastaron una fortuna comprando a jefes de estado, ministros y hasta dirigentes de campañas políticas con tal de salir premiados en las licitaciones y contratos. La Caja de Pandora, como es sabido, comenzó en Brasil con la operación Lava Jato en su hasta hace poco fulgurante Petrobras, extendiéndose como pólvora a cuanto lugar hubiera la oportunidad de comprar con su presencia contaminada.

La principal amenaza para el sistema democrático es la corrupción generalizada que ha invadido a nuestros países. Una tragedia anunciada en la que la ciudadanía ha permanecido sorda y ciega hasta que el soplón decidió abrir la boca y contar sus andanzas, solo para lograr una reducción de la pena. Las ‘’delaciones premiadas’’ como alguien aceradamente las denominó pueden terminar siendo un arma de doble filo: que por fin veamos gobiernos más transparentes y escasos recursos mejor distribuidos o que resuciten personajes como el difunto venezolano cuyos fines y propósitos ya conocemos de sobra.

Han sido pocas las ocasiones en las que el pueblo sale del marasmo y decide jugar un papel protagónico en la solución a los problemas que los afectan directamente. Esta es una de ellas pues de lo contrario la fe en las instituciones y el proceso democrático van a sucumbir. Las autoridades de control que son las llamadas a indagar y descubrir a los responsables no le pueden fallar a su gente. Los ritmos no tienen la misma velocidad en Colombia, Perú, la República Dominicana, Ecuador o Panamá. En la Venezuela de Maduro y la otra sarta de bandidos, como cosa rara ni se dan por aludidos.