La justicia está chueca. Por un lado los populistas creen que la regeneración del ser humano es aumentado penas o creando nuevas tipologías de delitos que obligan el cumplimiento de la sanción intramural, cuando, las leyes existen, pero la justicia es ineficaz porque  no posee un músculo investigador lo suficientemente robusto que apalanque el desarrollo rápido de los casos presentados, eso por un lado, por otro, están los abogados mañosos dilatadores de los procesos, que, a través de artimañas llevan el caso hasta la prescripción.

A su vez, a la justicia, en especial la Fiscalía, la convirtieron en el “media parade show”, advirtiendo de imputaciones de cargos y futuras capturas a través de los medios de comunicación.

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Pero a lo descrito anteriormente “Locombia” ya está acostumbrado. Lo acaecido con el traslado de Jesús Santrich a la Fundación Caminos de Libertad, abre una puerta peligrosa de difícil cierre. Y es la posible cascada de requerimientos de cientos de condenados o como en el caso de Seusis Pausivas Hernández Solarte, en privación preventiva de la libertad, que, como niño malcriado le dio por hacer la pataleta de huelga de hambre, decidan seguir esta vía de presión, y la comunidad empiece hacer coacción para solicitar el traslado hacia una fundación cualquiera.

¿Podrá el gobierno de turno negarse a esa petición? 

Recordemos lo que reza el Preámbulo de nuestra Constitución.

El Pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad (resaltado mío), el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga la siguiente…

A partir de ese declaratoria, la Carta Magna convirtió el ius Gentium en garantista, y muy poco  “deberista”, es decir, el marco normativo debe garantizar los derechos de los ciudadanos nacionales o extranjeros en el territorio colombiano, pero, poco quedó de los deberes de los ciudadanos hacia el Estado y de corresponsalía para con sus congéneres.

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Así, con base en lo descrito en el Preámbulo, la igualdad, no tiene calificativos, se es o no se es igualitario frente al tratamiento de una situación determinada, no es posible decir esa decisión es un poco menos igualitaria o más igualitaria, es como el caso del embarazo, se está o no se está, pero no se está casi embarazada.

Sí hipotéticamente se viene en cascada las peticiones humanitarias de traslado, y el estado las niega, en un país más santanderista que Santander, veremos ante los tribunales del país la cascada de demandas contra el ministro de justicia de turno, el director del INPEC y hasta el propio presidente de turno. Y como diría el Chapulín Colorado “¿quién podrá defendernos?”

Se abrió una puerta de difícil cerramiento.