Aunque el potencial de inversión extranjera directa que el sector minero colombiano esperaba para 2017 alcanzaba los 1.500 millones de dólares, el primer semestre cerró con un flujo de capitales efectivo de apenas 285 millones de dólares, cifra que proyectada a la anualidad no alcanzaría ni el 50% de lo esperado. Si bien el sector se consuela señalando que dicha inversión es superior este año a las cifras del año anterior, lo que se hace evidente es que la crisis de ese renglón económico era realmente crítica y que su recuperación no tendrá un camino despejado mientras persista la inseguridad jurídica que amenaza a los inversionistas y que se materializa en consultas populares contra la industria.

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Según las cifras presentadas esta semana por la Asociación Colombiana de Minería, en el primer semestre del año se tenían registradas 39 consultas populares o acuerdos municipales contra la minería, cifra que ascendió a 96 para el mes de septiembre, una situación que para las multinacionales resulta tan atípica que no hace más que espantarlas a pesar de que, según el Ministerio de Minas y Energía, en 120 municipios se han hecho acuerdos de desarrollo para que se adelanten proyectos de  exploración que, en esencia, buscan quitarle el estigma que pesa sobre esta actividad, alimentado en su totalidad por las nefastas consecuencias de la minería ilegal.

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Para hacer frente a las consultas y a los acuerdos municipales, cuyo sustento son los vacíos jurídicos creados por los constantes fallos de la Corte Constitucional, el Gobierno tendría que impulsar proyectos de ley en el Congreso que, pese a que han sido anunciados reiteradamente en reuniones con el gremio, aún no se han materializado. Las consecuencias de tal inacción se agravan cuando, de manera paralela, protestas como las ocurridas en el Nordeste de Antioquia golpean la producción legal del oro que, como hemos señalado reiteradamente en estas columnas, es un potencial de desarrollo que Colombia no sólo puede sino que debe aprovechar para jalonar su muy golpeada economía.

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El quiebre de la tendencia negativa y el crecimiento tímido de las exportaciones de la mayoría de los minerales, especialmente de carbón, ferroníquel, esmeraldas y cobre, son argumentos a favor del sector para que insista ante el Gobierno sobre la necesidad de llenar los vacíos jurídicos y, además, una muestra contundente del enorme potencial de una industria de la que Colombia no tiene por qué avergonzarse.