86 menores han sido entregados por las Farc y trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) durante el periodo de implementación de los acuerdos de paz, según el comunicado publicado por esta entidad el pasado 12 de mayo, en el que informó que en la última entrega, diez menores de edad salieron de una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Zvtn) ubicada en el sur del país.

Desde entonces no se han dado anuncios de nuevas liberaciones o modificaciones en los protocolos, luego de la crisis que se dio en enero, debido a que el Gobierno denunció que este proceso estaba muy lento por parte de la guerrilla y en la cual se generaron discusiones entre las partes.

En la etapa que más hubo retrasos en las entregas, el jefe de negociaciones del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, manifestó que las Farc “no pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores. La guerrilla tiene que entender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidad”, al mismo tiempo que instó a este grupo manifestando que “no hay excusa para no hacerlo… Me parece que ha habido anuncios parciales y yo creo que ese es un tema que a estas alturas del proceso de paz debemos cancelar como discusión pública”.
De la misma forma, Mauricio Lizcano, en nombre del Congreso, crítico las presuntas demoras calificándolas como un “incumplimiento” de las Farc y sentenció que “si el legislativo ve que no cumplen, podríamos tomar medidas como no implementar los acuerdos a la velocidad que se necesita”, obviando el cronograma definido en el Acuerdo.

“Los corporados hemos sido muy generosos en apoyar el proceso de paz, en implementarlo y en ayudar a que fluya, pero las Farc tienen que cumplir, entregando a los menores”, agregó.
Por su parte, las Farc criticaron estas declaraciones, manifestando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa. Uno de sus líderes, Seusis Pausivas Hernández (jesús santrich), afirmó a un medio radial que las Farc han ido cumpliendo la entrega de los menores y siguiendo el protocolo con todas las ONG participantes del proceso y posteriormente, ellos han sido entregados a  sus comunidades. No obstante, aseguró que no han reclutado niños, sino que ellos llegan por iniciativa propia, dada la situación de violencia por el temor del paramilitarismo y el terrorismo de Estado.

Luego de la polémica, las Farc se comprometieron a que desde marzo entregarían semanalmente  un grupo de menores reclutados, según lo aseguró la alta consejera para los derechos humanos, Paula Gaviria. Sin embargo, desde la inestabilidad jurídica producida por la sentencia de la Corte Constitucional sobre el fast track, este proceso se detuvo, debido a que las Farc llamó a todos sus miembros concentrados en las Zvtn a entrar en una asamblea permanente para reflexionar sobre las consecuencias de dicha decisión.

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Uno de los obstáculos de la operación de entrega es que, tanto en los acuerdos de paz, como en el protocolo de entrega de menores, no se definieron plazos ni un día límite para la desvinculación de todos los niños, niñas y adolescentes.

No obstante, llegó el Día D+180 del proceso de desarme y reincorporación de las Farc, al cual se le sumaron dos meses más debido a las dificultades logísticas y atrasos, pero todavía no hay una lista de los menores de edad que se van a desvincular de la guerrilla y también sigue dándose un ritmo “a cuentagotas” en la entrega de menores a los organismos de restitución de derechos.

En el texto final de la mesa de La Habana, se afirmó que se debe “garantizar la restitución de los derechos de los menores de 18 años con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. A ellos se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto, así como los derivados de su proceso de reincorporación y se priorizará su reagrupación familiar cuando ello sea posible, así como su ubicación definitiva en sus comunidades de origen o en otras de similares características, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño”.

Las cicatrices del conflicto en los derechos del niño 

Hoy, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión, el panorama no es alentador. Los intereses del menor, definidos como supremos por la Constitución, han resultado gravemente afectados por el conflicto, el cual ha hecho que Colombia no sea un buen lugar para ser niño, como lo afirmó un informe recientemente publicado por Save The Children.

Según María Paula Martínez, directora de esta organización en el país, ”a los niños y las niñas que son objetivo de grupos violentos, que padecen enfermedades y mueren a causa de ellas, y que enfrentan una discriminación extrema, se les priva de todo lo que los convierte en niños y niñas. Es inaceptable que, en 2017, millones de niños y niñas aún no puedan ejercer el derecho a estar protegidos, a aprender, a crecer y a jugar”.

Otro de los aspectos que hace complejo el proceso de entrega de menores reclutados, desde lo logístico, según Sébastien Fustier, jefe de subdelegación Antioquia del Cicr, es que “en Colombia existe una legislación muy sensible frente a cualquier asunto que tenga relación con menores, esta protege al joven en muchos sentidos, lo cual dificulta los procesos que se lleven a cabo con ellos en este contexto. Nosotros sugerimos que este tema estuviera en el centro de las medidas inmediatas y aportamos toda la logística para recibirlos en los territorios.

El Cicr manifestó en el comunicado que el protocolo indica que debe verificarse la condición de salud de los adolescentes para su traslado y luego son llevados a un lugar transitorio de acogida, donde son recibidos por personal de Unicef y OIM. Todo esto, respetando los parámetros para la protección de la intimidad de los menores de edad.

Una de las medidas de reparación es la indemnización a los niños afectados por alguna de las circunstancias del conflicto armado interno. Según la Unidad para las Víctimas, se han entregado más de 60.000 encargos fiduciarios a esta población, por valor aproximado de 140.000 millones de pesos. De estos, más de 6.500 se notificaron en Antioquia.

Ximena Norato, directora de la Agencia de Comunicaciones Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la Investigación (Pandi), manifestó que este ritmo lento de la entrega de estas personas, vulnera aún más sus derechos.

“El primer derecho que se le vulnera al niño es al de no ser reclutado porque ninguno de ellos debe ser usado para el conflicto armado. Pero junto a este principio, se violan varios en cadena como el a la educación, a estar con su familia, a jugar, a la libre expresión, a su protección personal, a la no violencia. Desde que el derecho a la vida esté en peligro, todos los demás se ponen en un gran riesgo”, manifestó Norato. 

En este mismo sentido se expresó Cristina Plazas, directora del Instituto de Bienestar Familiar (Icbf), cuando fue cuestionada sobre estos hechos, indicando que “todo menor de edad que esté en un grupo armado es víctima de la violación de derechos fundamentales como la libertad, crecer en un ambiente sano y estar en su medio familiar”.

Es un proceso positivo: Pandi

Ximena Norato, directora de Pandi, valoró positivamente el programa de restablecimiento de derechos del Icbf, el cual actúa en la reintegración de los menores de 18 años, cuando “a cada niño se le verifica su estado: en qué grado se quedó, cuál es su familia, cómo está su salud, su desarrollo sexual y reproductivo. También es importante que le busquen una buena reunificación familiar, ponerlo al día con la parte escolar, cuidarle la salud, darle espacios de recreación y deporte; generar una integralidad de todos sus derechos vulnerados”.

La funcionaria de esta agencia subrayó que estas personas deben ser integradas de manera amorosa y acogedora; que al mismo tiempo que el Estado les brinde educación y salud, la sociedad les garantice que no sean rechazados o estigmatizados por haber estado en la guerra.

“Si tienes una sociedad que te rechaza, es muy difícil que quieras permanecer en ella o no ser expulsado. Lo que le cabe al Estado es que este restablecimiento de derechos se realice con alta calidad, que garantice una educación de calidad, que forme habilidades para la vida. Todos somos actores de que estos niños tengan un proyecto de vida y que salgan adelante”, concluyó Norato.