Con la historia de un niño de 17 meses, asesinado al parecer por su abuelo, comenzó la edición dominical de EL MUNDO un completo informe sobre la seguridad en Medellín. Con ese caso las muertes violentas en el primer semestre llegaron 304. El día de la publicación del informe se conocieron también las declaraciones del comandante de la policía metropolitana según las cuales “Aquí a la gente de bien no la asesinan, a los que están matando son aquellos que tiene problemas judiciales” (Sic). Opinión que revictimiza a cientos de personas, incluido el niño.

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Horas después de la declaración con la que el general Óscar Gómez Heredia pretendió restarle importancia al aumento de homicidios en su jurisdicción policial, en el barrio La Paralela, un muchacho de 15 años murió, según los vecinos porque un agente de la policía le disparó por haber tratado de impedir un maltrato animal en el que estaba involucrado un familiar del uniformado. Nada que ver con las disputas territoriales del crimen organizado que según el general motivan las muertes que parecía aprobar con sus comentarios.

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Podríamos abundar en ejemplos pero corremos el riesgo de poner el foco donde no es. A los ciudadanos, como a las autoridades, nos debe preocupar cada uno de los asesinatos. No importa si la víctima es una abuela al cuidado de un nieto en disputa por una separación, si es un joven que ha caído en las redes del microtráfico, un docente al que le pretenden robar una moto o una mujer que se equivocó en la elección de pareja. Toda vida es sagrada y por eso cada homicidio es una tragedia, incluso si el difunto era un fletero o un asesino. Una manera de medir a la sociedad es en el respeto por la vida y una forma de protegerla es con programas sociales que alejen a los jóvenes de la violencia y de la delincuencia. Programas menos mediáticos que las declaraciones altisonantes o los llamados a la valentía individual, pero mucho más eficaces en el tiempo.

Tres días después el general se disculpó por sus comentarios, aunque dejó entrever que había sido mal interpretado. Lo cierto es que la estigmatización que sigue presente en nuestro lenguaje y en nuestra cotidianidad nos ha ocasionado mucho dolor aunque no siempre se ha hecho evidente y a veces no parece relevante. Incluso desde alguna ONG se pretendió, como es costumbre también, que el problema de las declaraciones del general no fuera lo que dijo sino que los medios lo hubieron publicado con un presunto afán amarillista. De ningún modo. Hablamos del policía de más alto rango en la ciudad y quien tiene el mandato de protegernos a todos, como lo reconoció en sus disculpas, no solo a quienes él considere “gente de bien”. A todos, dijo, deben las autoridades protegerles la vida y la honra.

Para que no queden dudas, el comandante policial desconoció en sus primeras declaraciones los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín en los que se soporta el mencionado informe de EL MUNDO. Datos que muestran que en el primer semestre de este año 16 casos de homicidio están relacionados con el hurto, 43 con asuntos de mal manejo de convivencia, 11 con violencia de género, 5 con violencia intrafamiliar, 3 con procedimientos policiales (es decir de sus hombres), 2 casos fueron declarados culposos (es decir sin intención), en 83 procedimientos no hay una categorización clara y en 141 casos hay indicios certeros que permiten hablar de disputas de bandas delincuenciales; o sea menos de la mitad de los casos registrados entre enero y julio. Crece la tasa de homicidios y también la estigmatización que es una forma de violencia y alimenta otras.

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Los datos del sistema y de la alianza Medellín Cómo Vamos demuestran un deterioro de la seguridad que incluye, además del aumento de los homicidios, el incremento en los hurtos, en la extorsión, en el secuestro que se presumía problema de otros tiempos, y en asuntos de intolerancia que llevan a riñas y enfrentamientos. Un panorama que preocupa a las autoridades locales que pusieron su énfasis en esa materia y que generan una presión permanente sobre los comandantes de la fuerza pública y los demás organismos de seguridad. Presión que no puede justificar miradas maniqueas ni alentar la justicia privada, que ha demostrado ser un remedio peor que la enfermedad.