Más de 280 organizaciones sociales enviaron una carta esta semana, en la que manifestaron al Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Zeid Ra’ad Al Hussein, que “Todd Howland permanezca en nuestro país porque los excelentes resultados de su gestión son garantía para el país; el cual requiere una conducción altamente cualificada por los desafíos que vive la transición” al posconflicto.

El Alto Consejero de la ONU en Derechos Humanos se ha caracterizado por ir a los lugares más marginados y lejanos a promover los derechos fundamentales y por hacer críticas y reflexiones alrededor de los puntos centrados en reparación de las víctimas y justicia.

Una de estas organizaciones, el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) afirmó a través de su coordinador, Camilo Villa, que “es una información de la diplomacia que no puede ocultarse, todo el mundo lo sabe. Él (Todd Howland) ha tenido intervenciones a favor de las víctimas muy álgidas en el proceso. Por eso estamos a favor de que se quede y que esas posiciones que ha tenido permanezcan. Prendimos las alarmas porque sentimos que es una persona que ha puesto su esfuerzo en el proceso de paz y ahora en la implementación se volvió un aporte muy importante por sus visiones progresistas”.

Todd Howland criticó al gobierno por la muerte de cuatro personas durante las protestas del paro agrario, a manos de la fuerza pública. También ha denunciado los excesos de los actores del Estado en sus informes y, recientemente, señaló el asesinato de 127 líderes sociales y, en contra de la versión del Gobierno, argumentó que estos hechos se han vuelto sistemáticos. Adicionalmente, en el debate la Justicia Especial para la paz, aseveró ante un medio nacional que “se han puesto a consideración intereses distintos a los Derechos Humanos”.

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Sobre el caso Howland, la Cancillería y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia declararon que no tenían ninguna comunicación al respecto, por lo cual no harán ningún pronunciamiento hasta que haya algo que corrobore o desmienta esta tesis.

A pesar de que recientemente el gobierno no se ha pronunciado en contra de este miembro de la ONU, durante el 2013 el presidente Juan Manuel Santos afirmó a un medio de comunicación nacional que estaba considerando “si realmente vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir que no necesitamos más oficinas de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país”.

Howland no ha sido el único representante de esta dependencia que ha tenido roces con el Estado. Durante su breve paso, Almudena Mazarrasa denunció el crecimiento de los paramilitares, la legitimación de las Convivir y el impacto del narcotráfico en el accionar de los grupos armados. Esas declaraciones la llevaron a tener la enemistad de los líderes del gobierno Samper, lo cual costó presiones y su salida para ser reemplazada por Anders Kompass, quien tampoco ahorró críticas sobre el estado de los derechos humanos en Colombia.

En los gobiernos de Álvaro Uribe, la tensión con Michael Frülling se centró en la ley de Justicia y Paz, ya que para él no favorecían la desmovilización y reintegración de grupos insurgentes ni se garantizaba la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Para Javier Hernández Valencia las principales preocupaciones fueron los casos de falsos positivos revelados desde el 2008 y la reiterada situación de vulneración de derechos de los sindicalistas y organizaciones sociales.

Durante el gobierno de Santos, la ONU, a través de Christian Salazar Volkmann, manifestó en 2011 su preocupación por la violencia sexual hacia la mujer y las niñas a manos de los grupos ilegales. Además, recalcó en sus informes el imperativo moral de proteger a los menores, que eran frecuentemente asesinados o víctimas de violencia sexual.

José Alberto Toro, magister en derecho internacional, afirmó que “el punto de tensión siempre fue que independiente de quien haya realizado la violación, el Estado siempre tiene una carga de promover, proteger y defender los derechos. En distintos instantes, sobre todo en la fase final del Gobierno Pastrana, los dos cuatrienios de Uribe y el principio de la administración de Santos, se dieron situaciones de tensión donde actuaron agentes del Estado y el ataque de los paramilitares y guerrillas”.  Además, agrega que esas tensiones son fluctuantes y que necesariamente se van a dar independientemente de quien sea el representante de esa entidad.

Además, descarta que así cambien a Howland, el gobierno actual no dejará esta oficina de Derechos Humanos porque necesita el apoyo de la ONU para la implementación de los acuerdos con las Farc y el Eln.