El populismo autoritario que amenaza las democracias latinoamericanas no ceja en su combate contra las constituciones y la institucionalidad que representan, poniendo en riesgo la estabilidad de las reglas de juego que encarnan la seguridad jurídica, o sea la seriedad del marco legal, y el principio de igualdad para todos los participantes en los procesos electorales.

Apenas había concluido la jornada electoral en Honduras, cuando el candidato de la Alianza Oposición, Salvador Nasralla, y sus aliados en campaña, entre quienes se cuentan sectores apoyadospor la tiranía de Venezuela, se encargaron de desprestigiar el proceso de conteo de votos, creando condiciones para declarar, como ayer lo hicieron, el desconocimiento de los resultados divulgados por el Tribunal Supremo Electoral, que le dio al presidente Juan Orlando Hernández el 42,98% de los votos, y al candidato opositor el 41,39%. El injustificado desconocimiento de la voluntad ciudadana reconocida en un proceso vigilado por observadores internacionales asalta la confianza en las instituciones y su solidez.

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En la misma línea de la manipulación de resultados electorales para obtener sus propósitos se está ubicando el presidente de Bolivia, Evo Morales, tras la elección, este domingo, para renovar los 96 cargos de magistrados de los tribunales

Supremo de Justicia, Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Ante la ausencia de candidatos a magistraturas que representaran a partidos distintos al oficial, la oposición determinó anular los votos, una iniciativa que tuvo acogida entre la mayoría de votantes y el anuncio de desconocimiento del nuevo tirano de América. Previa a la elección de nuevos magistrados, el Tribunal Constitucional de Bolivia acogió una demanda de inconstitucionalidad del Movimiento al Socialismo, partido de Morales, reviviendo la reelección indefinida del presidente, con el pretexto de que “los derechos políticos” del incumbente están por encima de la Constitución. La anulación de sus votos por los opositores en la elección del domingo es el acto de rebeldía contra la manipulación de Morales y sus aliados en la Corte y el poder legislativo.

Asentado en el fraude que le dio la victoria presidencial a Nicolás Maduro y en la constituyente unanimista que hizo elegir, contando con espurio aval del consejo electoral y los órganos de justicia, el chavismo le juega a crear una ficción económica lanzando una moneda virtual que ofrece respaldar en los recursos naturales del país. Como es apenas lógico, esa moneda no encontró respaldo en los mercados internacionales, desconfianza de la que el tirano vuelve a abusar para sus manipulaciones propagandistas entre el menguado grupo de afectos a su régimen.

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En la segunda mitad del siglo XX, la democracia colombiana tuvo el orgullo de resistir tentaciones populistas y dictatoriales que cundieron como manchas contra los derechos civiles y las libertades políticas en los países de Centro y Sur América. Sombras recientes hacen temer por la solidez de las reglas de juego que hacen confiables las instituciones y sus líderes. El desconocimiento de la voluntad de la ciudadanía fue determinado por el Gobierno, avalado por la Corte Constitucional y el Congreso. Sobre esa decisión, acaba de concluir un proceso que rompió la justicia, la participación política y la designación de los recursos públicos, cuyas consecuencias aún no son predecibles. En remate de esta ruptura con la sólida tradición de respeto a la democracia, el Gobierno ha dispuesto su maquinaria propagandística como preámbulo a su determinación de alterar el concepto de mayoría absoluta a fin de imponer las 16 curules que se elegirán en zonas dominadas por la presencia de las Farc.